El Gobierno de Javier Milei avanzará con la privatización de Transener, la principal transportista de energía eléctrica en alta tensión del país, una decisión que fue rechazada de manera categórica por ex empleados de la compañía, quienes advirtieron que se trata de un “activo estratégico” para la Argentina.
Desde el oficialismo calculan que la firma tendría un valor cercano a los 200 millones de dólares, recursos que podrían destinarse a fortalecer las cuentas del Tesoro nacional en momentos en los que el país tiene escasos recursos para el pago de su deuda.
La compañía se conformó a partir de activos pertenecientes a SEGBA, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor, firmas estatales consideradas estratégicas que, según denunciaron ex trabajadores, “fueron desguazadas y privatizadas durante la década de 1990 mediante las leyes de privatización del menemismo 23.696 y 24.065”, tal como señala un comunicado difundido por ellos.
Según remarcaron Jorge Galati y Fernando Cardozo, ex empleados de SEGBA, ese proceso implicó la cesión de áreas clave a capitales privados, “generando un daño económico y social profundo que persiste hasta hoy”.
Asimismo, los ex operarios advirtieron que el Estado argentino “mantiene una deuda histórica con los trabajadores de estas empresas privatizadas por el incumplimiento del Programa de Propiedad Participada (PPP), que debía garantizar una participación accionaria en favor de los empleados”.
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En ese sentido, cuestionaron que “en lugar de avanzar en la reparación de esta deuda, el actual gobierno pretende desprenderse de los últimos activos estratégicos que pertenecen al patrimonio nacional”.
Los ex trabajadores también remarcaron que Transener es “una empresa altamente rentable, generadora de ingresos para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y para el Estado Nacional”, y sostuvieron que la decisión de vender sus acciones, comunicada en vísperas de Navidad, “no se justifica desde el punto de vista financiero ni patrimonial”.
Además, alertaron que “desprenderse de estas acciones significa renunciar al control sobre una infraestructura crítica para el desarrollo del país y por consiguiente la pérdida de soberanía nacional sobre decisiones estratégicas”.
Finalmente, el Colectivo de ex trabajadores y trabajadoras de SEGBA concluyó su pronunciamiento con un llamado a “proteger el Patrimonio Nacional” y a “no repetir la estafa de los '90”.
El Gobierno avanza en la privatización de Transener
El gobierno de Javier Milei lanzó un concurso público nacional e internacional para vender la parte que le pertenece a Energía Argentina S.A. (Enarsa) de la empresa Transener, la principal transportista eléctrica del país. Es el primer paso del complejo proceso de privatización de los activos de Enarsa, empresa que tiene distintos roles en el sector energético y posee acciones en otras compañías.
La medida se concretó a través de la Resolución 2090 del Ministerio de Economía publicada en la edición suplementaria del miércoles 24 de diciembre del Boletín Oficial. La resolución está bajo el paraguas del Decreto 286 de este año que, a su vez, está amparado por la Ley Bases.
En rigor, la resolución 2090 del Palacio de Hacienda implica que Enarsa se desprenderá del 50% de las acciones que tiene en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Citelec Sociedad Anónima (Citelec), la firma que controla a la transportista eléctrica Transener.
Según la resolución, la fecha final para la presentación de oferta del concurso y la apertura de sobre posterior será el 23 de marzo. La privatización se concretará durante los primeros seis meses de 2026.
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