“Ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para comprar otros bienes. No sé si se dieron cuenta pero así se destruye la teoría de la explotación. Solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios”.
Fue todo risas en el Latam Economic Forum, luego de escuchar las palabras de Javier Milei; empresarios exultantes alineados ideológicamente con el titular de La Libertad Avanza quienes también desean volver a una época medieval sin la prevalencia de todo el plexo normativo que protege (o intenta hacerlo) los derechos laborales vigentes. Pero la explotación laboral existe, materializada en forma de trabajo no registrado, en casos extremos de esclavitud o trata de personas con fines laborales.
A Milei lo desmienten sus funcionarios de mayor confianza, como es el caso de Sandra Petovello o el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. La explotación laboral existe, aunque Milei pretenda encubrirla con la connivencia empresarial, ya sea a partir del desfinanciamiento de áreas claves del Estado Nacional o programas específicos, como lo hizo con el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, derogado a través del Decreto 1048/2024.
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Por la boca muere Milei
La administración Milei eliminó el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, a través del Decreto 1048/2024, con un argumento banal: “Este sistema que se implementó a partir del mes de febrero de 2022 se volvió sumamente oneroso debido a los costos de mantenimiento, asesoramiento e impuestos bancarios”, respondió el Ministerio de Justicia ante una consulta formulada en el último informe de Jefatura de Gabinete presentado en el Congreso de la Nación.
Entre 2022 y 2024, este Fondo Fiduciario tuvo participación en 26 causas judiciales con una asistencia a las víctimas de trata por 11 millones de pesos. A Milei y Cúneo Libarona, les pareció poco “productivo”. En vez de apuntar a los retrasos en las investigaciones judiciales – con la hipótesis de que podrían haberse incrementado los expedientes atendidos y por ende, una mayor asistencia a las víctimas-, la decisión oficial fue eliminar el programa. Algo así como esconder la tierra debajo de la alfombra. Los casos de trata de personas con fines laborales o sexuales no desaparecen ni se derogan.
“En nuestro país, casi el 36% de las personas rescatadas son víctimas de situaciones de explotación laboral”. Esto es lo que comunica actualmente el Estado nacional, desde la cartera de Capital Humano que conduce Sandra Petovello. No alcanzan los giros retóricos de Milei ni los aplausos y risotadas de los empresarios para ocultar el horror de lo que implica la explotación de personas.
En 2024, de un total de 332 denuncias recibidas en la línea 145 (gestionada desde el Ministerio de Justicia), 73 casos correspondieron a casos de explotación laboral y otros 23 catalogados como posible captación - oferta laboral engañosa. Las denuncias por explotación sexual llegaron a las 102.
“Cabe aclarar que para el caso de la categoría “posible captación”, muchas veces se desconoce la finalidad de explotación y lo que se relata son circunstancias sospechosas como por ejemplo la convocatoria a un empleo”, puede leerse en el informe “Trata de Personas y Víctimas con Discapacidad. Actualización jurisprudencial y datos estadísticos”, elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Milei disolvió el Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata con el argumento de que atendía pocas causas judiciales, y, por ende, a pocas víctimas. Todo un género literario de la impunidad.
“La Procuraduría, en su calidad de oficina especializada en el delito de trata y explotación de personas del Ministerio Público Fiscal, realiza permanentemente un relevamiento y sistematización de resoluciones judiciales vinculadas a los delitos de su competencia. A partir de ello, identificamos que entre el 1/11/2021 al 1/11/2024, se recopilaron 114 sentencias de Tribunales Federales por el delito de trata de personas”, sostuvo la Protex en su informe de 2024.
Según Marcelo Colombo, titular de la Protex, la línea 145 sigue funcionando en su calidad de call center pero con un fuerte recorte presupuestario que afectó de manera interna el Programa de Rescate, cuya mayor incidencia ocurría en “el territorio”.
El desfinanciamiento resultó subsidiario del encubrimiento a los posibles casos de trata laboral, situación que podría corroborarse al comparar lo sucedido en 2023, con un total de 1941 denuncias.
De ese total, 846 fueron por casos de explotación sexual y 468 por situaciones potenciales de trata con fines laborales. A este dato se le sumaron otras 180 denuncias por posible captación - oferta laboral engañosa.
“La mayor cantidad de modalidades de captación se da a través de medios digitales, tomando el primer lugar las redes sociales, lo que demuestra cómo va creciendo exponencialmente la tendencia de búsqueda de empleo en la esfera digital y, en paralelo, la expansión de las plataformas virtuales de trabajo que brindan opciones rápidas ante la necesidad de conseguir empleo, fundamentalmente, aunque no de manera excluyente, para trabajadores de menor calificación o más vulnerables”, puede leerse en otro informe de la Protex.
La explotación laboral no es retórica.
La esclavitud siempre es esclavitud
En pleno siglo XXI, las situaciones de explotación o esclavitud se ejecutan de manera más silenciada, maquillada. Perfeccionada. Los explotadores contratan empresas que a su vez subcontratan a otras compañías que se encargan de ser la cara visible de la explotación.
Otros, simplemente obtienen una tajada de una fuerza laboral subsumida en la miseria por décadas. Por 38 años para ser más precisos, como fue el caso de los hermanos Cornejos – Sergio y Antonio, dos peones de más de 70 años rescatados en 2014 de la Estancia La Hoyita- explotados por el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, junto a sus hermanos Diego y Sebastián Etchevehere, este último ex precandidato a Gobernador por La Libertad Avanza en Entre Ríos.
El sector rural es donde prevalecen las peores condiciones laborales del país. De un total de 1,7 millones de trabajadores rurales registrados por el Indec, apenas estaban registrados al cierre del año pasado 338.000 personas. Es decir, solo el 19%, mientras que el 81% de los peones rurales que se desempeña en los campos estaba bajo condiciones de informalidad laboral (672.000 trabajadores) y otros tanto eran “peones no asalariados”, es decir cuentapropistas.
A los hermanos Cornejo se los encontró en 2014 durmiendo en el piso, sin acceso a agua potable ni baño. Trabajan y vivían dentro de la Estancia La Hoyita, propiedad de la familia Etchevehere. En los campos de Ramón Puerta en Misiones se rescataron menores de edad que declararon a través de una cámara gesell que debían tomar “agua de color verde” de unos bidones y donde debían comprarle la comida al propio contratista de Puerta.
“El agua que usábamos para bañarnos desembocaba en el pozo para tomar (…) Si nos quedábamos sin comida nos teníamos que aguantar”, había declarado C.J.B, que al momento de ser rescatado del campo gestionado por Yerbatera Misiones SRL (propiedad de Puerta) tenía 13 años. Los documentos de esa declaración fueron publicados en el libro “De Patrones y Peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri” (Premici, 2016).
“A Puerta le cuesta conseguir trabajadores en blanco porque hay planes a rolete”, había respondido el misionero durante un reporte con este periodista.
La explotación laboral existe y se lleva adelante con la connivencia del sector privado. Para poder pensar en los nuevos contextos donde se ejecuta este tipo de casos, el fiscal Colombo analizó el fallo del Tribunal Internacional para juzgar las serias violaciones a los derechos humanos en la antigua Yugoslavia (Prosecutor vs Kunarac, Kovac y Vukovik). Allí se señaló la necesidad de construir una definición más amplia y actual del concepto esclavitud, que aquella que había sido planteada en la Convención sobre su abolición el 25 de septiembre de 1926.
Aquel texto judicial realizó un reconocimiento expreso acerca de que “la idea de esclavitud adopta en estos días diversas maneras que no necesariamente corresponden a la vieja definición de esclavitud pero son perfectamente aptas para destrozar la personalidad jurídica de una persona”.
Colombo tomó estos argumentos para elaborar un dictamen en la Causa 6070/2014 en la que se investigaron los hechos ocurridos en los yerbatales propiedad de Ramón Puerta. Luego, la casta judicial le tendió una manito al ex Gobernador y presidente interino.
La Protex también elaboró la “Guía de procedimientos y criterios para detectar e investigar la trata de personas con finalidad de explotación laboral”, aprobada mediante resolución de la Procuración General de la Nación 46/11.
Volver a la Colonia
Bajo el eufemismo de “modernización del Régimen de Trabajo Agrario”, el Gobierno nacional continúa con sus pretensiones de eliminar ley del peón rural, sancionada en 2011, por pedido expreso de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Tanto Milei como la dirigencia rural anhelan desarmar una legislación que les otorgó a los trabajadores rurales los mismos derechos que los estipuladas en la Ley de Contrato Laboral: jornada de ocho horas, jubilación anticipada, acceso a vivienda y alimentos para los trabajadores intensivos, salario mínimo garantizado, entre otros alcances. Antes de 2011, se regían por una ley de la última Dictadura Cívica Militar.
La norma que ahora se busca derogar establecía una serie de medidas para controlar y evitar los abusos de los empresarios rurales vinculados a la registración y la tercerización en las maneras de contratación; a su vez, se fijaban controles específicos para garantizarle a los peones condiciones socioambientales dignas y un esquema de multas y sanciones por evasión a los aportes patronales.
Milei y la SRA pretenden regresar a una suerte de mundo colonial, cuando no existían las leyes laborales, tal como quedó expresado en el DNU 70/23. A pesar de que su capítulo laboral se encuentra frenado por una medida cautelar, el poder económico no descansa en sus objetivos.
Al momento de judicializarse el DNU 70/23, la SRA se presentó ante la Corte Suprema como “amigo del tribunal” con el objetivo de convalidar la reforma laboral que también incluía modificaciones para el sector rural.
“Las multas de las leyes 24.013 (regulación empleo no registrado), 25.323 (indemnizaciones) y 25.345 (aportes y contribuciones previsionales) fueron el peor error de política legislativa en materia social y económica de la historia del derecho del trabajo en la Argentina, en tanto disuaden a los empleadores de contratar de un modo muy trascendente”, podía leerse en el texto presentado ante el máximo tribunal.
El objetivo de las patronales agropecuarias nucleadas en la SRA es siempre el mismo, que se regrese a un plexo normativo donde no haya multas ni sanciones hacia los dueños de campos y establecimientos rurales por violar la normativa laboral.
En su presentación judicial, la SRA explicitó su posicionamiento ideológico, coincidente con el expresando Milei.
“Conocer la historia de la Sociedad Rural Argentina es imprescindible para entender un proyecto de país enraizado en la historia nacional desde los tiempos de la colonia. Porque no se trata sólo de reflexionar sobre la propiedad de la tierra y la toma del poder por parte de los intereses que esa institución representa, sino también sobre un modelo sociocultural, una mirada, una actitud y costumbres”, indicó la SRA. Volver a una época colonial donde los peones trabajaban de sol a sol.
La explotación laboral no es retórica sino constitutiva de algunos sectores del poder económico vernáculo.
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