Una avalancha de críticas a los cambios que propone Milei en la ley de glaciares

“Estas audiencias son una farsa. No se respeta el acuerdo de Escazú, hay decenas de miles de personas que fueron excluidas de este acto, tampoco se respeta el derecho de las comunidades originarias de ser consultadas previamente según lo dispuesto por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Nos reservamos el derecho de iniciar acciones legales”. Las crónicas de los principales medios hegemónicos de comunicación y portales hablarán de una audiencia pública pero la mayoría de los que participaron del encuentro en la Cámara de Diputados para discutir las implicancias de la reforma a la ley de glaciares rechazaron la operación de la administración Milei que cercenó la participación de decenas de miles de personas.

Las mismas palabras de rechazo fueron pronunciadas por Adolfo Pérez Esquivel, premio nobel de la Paz; Marta Maffei, ex secretaria general de CTERA y una de las autoras de la ley de protección de glaciares, hasta las expresiones de las comunidades de pueblos originarios y referentes ambientales de diferentes partes del país.

La ruptura de los presupuestos mínimos fijados por el Estado nacional; el avasallamiento de las empresas mineras con su poder de lobby cuasi extorsivo frente a las necesidades de las provincias; la discrecionalidad que se abre a partir de la definición (nada clara en el proyecto) sobre lo que es de “relevancia hídrica; la protección del agua como elemento vital para la vida que no reconoce de fronteras; la reivindicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2019 que declaró la constitucionalidad de la actual ley frente a una demanda de la Barrick Gold fueron los ejes centrales por donde transcurrieron muchas de las exposiciones realizadas durante la primera jornada de las “no tan audiencias públicas”.

Las presiones de Estados Unidos

La importancia hídrica es inherente a todo cuerpo de hielo. El concepto clave que introduce el proyecto oficial es el de “relevancia hídrica”, donde las provincias y las empresas definirán cuál es la relevancia de cada cuerpo de hielo o ambiente periglacial. El tema es que todo lo que ya fue inventariado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)/CONICET) presenta relevancia hídrica.

Con los cambios que se proponen desde el Poder Ejecutivo serán las empresas mineras y el poder político de cada jurisdicción quien definirá la relevancia hídrica y podrá solicitarle al IANIGLA sacar del inventario el glaciar o ambiente periglacial que no se ajuste a un determinado proyecto minero. La balcanización absoluta de los recursos naturales.

“Las cuencas hídricas son interjurisdiccionales. ¿Entonces, quién va a definir que determinado impacto ambiental no es relevante? Este proyecto representa un retroceso en materia del derecho humano de acceso al agua además de que es regresiva en términos democráticos porque rompe la autonomía científico técnica”, sostuvo Maffei al inicio de su exposición, quien a su vez recordó que “existen 53 emprendimientos contaminantes arriba de los glaciares” que ya fueron aprobados.

“Por presión de los Estados Unidos estamos metiendo esta ley. Esto es explotación. No es desarrollo”, sintetizó Pérez Esquivel, apurado para terminar de leer su exposición en tiempo récord. La mitad de lo que tenía para decir quedó solo en apuntes. Esta situación de apuro ante cada exposición le pasó a la mayoría de los participantes, quienes se inscribieron con la idea de una alocución de 5 minutos que se redujo a 4 por decisión del oficialismo.  

“Hay una sistemática violación del derecho de los pueblos. El agua no es una mercancía. Es un derecho, no nos olvidemos de los pueblos originarios”, esbozó el Premio Nobel de la Paz.

Fueron varios integrantes de comunidades de pueblos originarios que participaron del encuentro. “El Congreso se volvió la casa de las corporaciones”, espetó Daniel Naporichi, coordinar de Fuerza Ancestral Indígena, de la comunidad Qom en la provincia de Santa Fe. Desde esta provincia se habían anotado 5963 participantes.

“Los pueblos indígenas somos los primeros cuidadores de la naturaleza, que es como un cuerpo. Si se afecta una parte, se perjudica el todo. La privatización del Paraná también es un atropello para las comunidades que viven en las islas”, agregó Naporichi.

La mención que hizo sobre la licitación para el dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal fue acertada ya que forma parte, junto a los cambios en la ley de glaciares, la ley de tierras, los presupuestos mínimos para la protección de los bosques y el intento de derogación de la ley del manejo del fuego, de un plexo normativo pensado para una suerte de entrega colonial de los recursos naturales (apalancadas sobre el RIGI).

El agua no reconoce fronteras

Desde Mendoza (con su Asamblea Popular por el Agua) hasta Catamarca, la principal preocupación de las comunidades estuvo enfocada en la protección de las cuencas hídricas. “El agua no es una mercancía”, no debería ser un simple eslogan.

“Esta no es una ley más. Discutimos el agua, la vida. En Catamarca tenemos 691 glaciares que son reserva de agua dulce en las zonas más áridas del país. Cada cuenca forma parte de otros sistemas mayores. Por eso la relevancia hídrica no puede ser analizada de manera individual. La cuenca del Río Sali Dulce cruza cinco provincias. La ley que se quiere modificar es una de las pocas herramientas que tenemos para proteger estas fuentes de vida”, sostuvo Maitena Irina Armendáriz, secretaria de NuestrAmérica. Desde Catamarca se habían inscripto 569 participantes.

Armendáriz citó dos casos en lo que se comprometieron los recursos hídricos. “Muchas empresas violan la ley como es el caso de MARA (actualmente pertenece a la empresa Glencore) en Andalgalá, caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El otro corresponde al Río Trapiche en Antofagasta de la Sierra, sobre el emprendimiento Salar del Hombre Muerte (donde operan POSCO y Río Tinto), “totalmente seco luego de 30 años de explotación del litio”.

Los ríos no reconocen fronteras. En la provincia de La Pampa también saben de esta situación. “Los pampeanos solemos decir que teníamos tres ríos y nos quedamos con 1. Las provincias, aguas arriba, sin tener en cuenta lo que sucedía en las cuencas, terminaron por vaciar el Atuel y el Salado fue desapareciendo paulatinamente mientras Mendoza y San Juan hacían sus represas”, aportó Alberto Golberg, presidente de la Fundación Chadileuvú. Desde La Pampa se habían inscripto 724 participantes.

“Ahora nos queda solo el Río Colorado que lo compartimos con otras cuatro provincias. Este cauce nace de otros dos ríos, Barrancas y Río Grande, éste último aporta el 70% del agua. El Río Grande se nutre de los glaciares. Estamos defendiendo nuestro acceso al agua”, agregó Golberg.

Entre cuestiones jurídicas y prebendarias

“La situación que originó la sanción de la ley de protección de glaciares y el ambiente periglacial fue el desastre que se les permitía hacer a las mineras. Sin ir más lejos, la empresa Barrick Gold proponía trasladar glaciares”, recordó Andrés Nápoli, titular de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). “Aquellos que dicen que esta reforma es solo ´aclaratoria´ están engañando a la población. Lo hacen para que se miren determinados proyectos de manera retroactiva y se los autorice cuando en la actualidad no podrían llevarse a cabo”, agregó el titular de FARN.

La Barrick Gold junto a la provincia de San Juan habían impulsado la inconstitucionalidad de la ley de protección de glaciares. En 2019 recibieron un golpe de la Corte Suprema de Justicia. “La Corte ya definió el rol que tiene que tener el Estado nacional en relación a las cuencas que ocupan más de una jurisdicción. Creemos que este texto es nulo porque va en contra de todo el ordenamiento jurídico ambiental”, analizó Antonella Risso, presidenta de Ambiente Sano, nacida en Comodoro Rivadavia pero ahora vive en San Martín de los Andes. Desde Neuquén se habían inscripto 3149 participantes.

El fallo de 2019 de la Corte Suprema vuelve a ser clave: “Cuando existen derechos de incidencia colectiva atinentes a la protección del ambiente –que involucran en los términos de la Ley de Glaciares, la posibilidad de estar afectando el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua- la hipotética controversia no puede ser atendida como la mera colisión de derechos subjetivos, sino que debe ser abordada desde una perspectiva que integra de manera sistémica la protección de los ecosistemas y la biodiversidad”.

Risso se hizo otra pregunta clave: “El proyecto que se está discutiendo tiene por objetivo claro permitir la actividad minera en zonas actualmente prohibidas para hacerlo. Las provincias van a hacer informes supuestamente científicos para notificarle al IANIGLA si tienen que retirar del inventario lo que ya está protegido. ¿Quién validará esos informes científicos?” Lo que aparece en riesgo es el criterio unificador de los presupuestos mínimos.

Matías de Bueno, de la organización Derecho Ambiental, se hizo una pregunta similar: “¿Quién va a pagar por esos estudios de impacto ambiental? ¿Serán las mineras? ¿O serán los funcionarios provinciales incorruptibles?” De Bueno, una sutileza. En determinadas jurisdicciones, grandes empresas suelen tener una suerte de poder omnipresente que ha llegado al extremo de intercambiar “paz social” a cambio de cancelar alguna deuda de luz (dixit Benetton con el municipio de El Maitén, en Chubut).

Quien también sabe de estas presiones del poder económico sobre el poder político es María Magdalena Odarda, actual legisladora provincial de Río Negro. Desde esta provincia se anotaron 4470 personas.

“Además del retroceso ambiental de esta ley, se produce un desmoronamiento del sistema federal de gobierno. Se ha cambiado el proceso de distribución de recursos entre Nación y las provincias establecido en la Constitución Nacional vía ley de coparticipación por una vil negociación donde la ley de glaciares ha sido prenda de negociación de un espurio y oscuro negocio entre empresas mineras, el gobierno de Weretilneck y el Gobierno nacional. En Río Negro se ha declarado la emergencia hídrica y lo que se hace es cerrar escuelas rurales, mientras se le entregan permisos secretos de cateo a Tamar Mining, una empresa con vínculos con el Estado de Israel, sobre el cerro Carreras donde viven familias indígenas”, concluyó Odarda.