El FMI le pidió una reforma jubilatoria al Gobierno y el presidente Javier Milei agachó la cabeza para firmar el acuerdo de 20.000 millones de dólares en medio de una crisis que se lleva puesto al plan económico. El Gobierno se tendió su propia trampa cuando reemplazó la ley de movilidad jubilatoria para imponer un sistema indexado por inflación. Ahora que los precios comenzaron un proceso de aumento sostenido, a La Libertad Avanza se le queman los papeles y la mayor fuente del ajuste fiscal se ve amenazada.
A última hora del viernes, el Fondo confirmó lo que el Gobierno había anunciado y ratificó que el primer desembolso de 12.000 millones de dólares en el marco de un nuevo acuerdo por un total de 20.000 millones de dólares. Como suele ocurrir, el organismo multilateral de crédito reclamó "disciplina continua del gasto" como también reformas tributarias, de coparticipación de ingresos y de pensiones. Es decir, más ajuste en provincias y jubilaciones.
El documento del FMI resaltó el compromiso de las autoridades argentinas al conseguir el "déficit cero y el primer superávit fiscal en casi dos décadas" marcó que "el programa se centra en fortalecer la calidad y la sostenibilidad del ancla fiscal". Inmediatamente, remarcó que "esto se sustentará en una disciplina continua del gasto, medidas de eficiencia y reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones".
Milei y su mar de contradicciones
Hace algunos meses, Milei había salido a desmentir al entonces titular de la Anses, Mariano de los Heros, quien señalaba que el Gobierno tenía en sus planes llevar a cabo una reforma jubilatoria. Ahora, el comunicado del acuerdo con el FMI confirma esta pretensión. Por supuesto, el combo incluye una mayor flexibilización laboral.
Es que parece no alcanzar la reforma de facto que ejecutó el programa económico desde diciembre de 2023. La indexación por inflación de los haberes, el congelamiento del bono de 70 mil pesos, la suspensión de un aumento por decreto y la discontinuidad de la moratoria previsional no bastan de ahora en más. Este combo le sirvió el año pasado: distintas estimaciones sostienen que el recorte en jubilaciones y pensiones constituyó el 25,3% del total del ajuste en las cuentas públicas. Pero ahora surge una incógnita en el horizonte que solo una reforma de fondo puede tumbar.
El huevo de la serpiente hay que buscarlo en marzo, momento en el cual el propio gobierno dictó su propia trampa y evidenció la inconsistencia del programa económico. En ese momento, a través del DNU 274/2024 publicado en el Boletín Oficial, se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria. Desde julio, los haberes comenzaron a actualizarse por inflación, mientras que en los meses previos los jubilados percibieron adelantos a cuenta del cobro de junio, mientras que en abril se otorgó un incremento extraordinario del 12,5%. Sin embargo, no se pagó la diferencia que significó el fogonazo inflacionario del primer trimestre, motivado por la megadevaluación anunciada en diciembre.
Es evidente la vinculación entre la evolución macroeconómica y el sistema previsional. La inestabilidad macroeconómica, la sucesión de crisis y sus consecuencias en la evolución del PBI y la recaudación, el desempleo, la inflación, los salarios y la formalidad, resultan determinantes para el desempeño de una fórmula de actualización de las prestaciones. En una economía que se contrae y con una inflación que se acelera, no existe fórmula de movilidad que resulte airosa.
Cuando la economía cae, los salarios reales bajan y se destruyen puestos de empleo registrados, una fórmula que tenga como referencia al Índice de Precios al Consumidor otorgaría un incremento mayor respecto al que brindaría una que tenga salarios y recaudación; una opción tentadora. En buena parte es lo que pasó hasta ahora. Sin embargo, también es cierto que, en un contexto de crecimiento económico y recuperación de los salarios, la única forma de que los jubilados y pensionados participen de esa ganancia es a través de la inclusión de esas variables en la fórmula de actualización.
Pero al Gobierno se le dio vuelta la taba y ahora solo le queda profundizar en una reforma salvaje que le salve el plan económico. El desmadre en la política cambiaria derivó en una expectativa devaluatoria que finalmente se consumó, que aceleró los precios en el primer trimestre y que parece espiralizarse en los meses que vienen.
De hecho, las jubilaciones y pensiones aumentarán un 3,7 por ciento en mayo producto del ajuste automático de la nueva fórmula que fijó el Gobierno. Suponiendo que la inflación se sostenga en valores al alza durante los próximos meses, la Anses se vería obligada a subir las jubilaciones en los mismos niveles, una variable que complicaría seriamente el frente fiscal que el mismo Gobierno se propone.
Por eso el FMI pactó una reforma que afilará la motosierra a otro nivel. Debilitado, dubitativo, con un sostén político cada vez más endeble, restará saber hasta qué punto las fuerzas del cielo le ayudarán a Milei para hundir aún más los ingresos de la víctima predilecta en la cabeza libertaria: los jubilados.
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