Menos aportes para jubilaciones y provincias: quiénes pagan el Súper RIGI impulsado por Nación

Un informe elaborado por el diputado nacional Guillermo Michel puso el foco en uno de los efectos menos visibles del denominado “Súper RIGI”: el impacto que tendría sobre el financiamiento del sistema previsional. Según el análisis, el costo fiscal generado por los beneficios otorgados a las grandes inversiones no solo será absorbido por el Tesoro Nacional, las provincias y los municipios, sino también por los jubilados, debido a la reducción de contribuciones patronales destinadas a la Seguridad Social.

El documento señala que las nuevas relaciones laborales vinculadas a proyectos adheridos al régimen tributarán una contribución patronal única del 10%. Actualmente, esas alícuotas oscilan entre el 18% y el 20,4%, por lo que la diferencia representa una menor recaudación para el sistema previsional que financia jubilaciones y otras prestaciones sociales.

En ese marco, Michel advirtió que, si bien existe consenso respecto a que una mayor inversión puede traducirse en más empleo y actividad económica, los beneficios extraordinarios contemplados por el nuevo régimen generan un fuerte costo para el Estado. “Todos estamos de acuerdo en que mayor inversión es más trabajo y actividad económica, pero dar más beneficios extraordinarios que las mismas empresas piden desfinancia al Estado”, sostuvo.

Para el exdirector general de Aduanas, esta reducción constituye uno de los principales costos indirectos del régimen, ya que parte de los incentivos otorgados a las empresas se financiarán mediante menores ingresos para la Seguridad Social. Además, cuestionó que la reducción de impuestos, la eliminación de retenciones y la baja de aportes patronales “de manera súper extraordinaria e irresponsable” implican una fuerte transferencia de recursos públicos hacia grandes compañías y limitan la capacidad de acción de futuros gobiernos.

El informe analiza además otras consecuencias previstas para los proyectos que ingresen al denominado "Súper RIGI". Entre ellos figura una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, una carga considerablemente inferior a la vigente para la mayoría de las actividades económicas.

A su vez, las exportaciones realizadas por los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al régimen quedarían completamente exentas del pago de derechos de exportación desde el inicio de las operaciones. De esta manera, las empresas alcanzadas podrían exportar sin abonar retenciones.

Otro de los aspectos destacados es el esquema de estabilidad fiscal que contempla la iniciativa. Según detalla el documento, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios que adhieran al régimen no podrán aplicar a estas actividades una alícuota superior al 0,5% en concepto de Ingresos Brutos. Además, quedarían excluidos el Impuesto de Sellos, las regalías y otros cánones administrativos vigentes o futuros.

Por otro lado, el informe sostiene que esto implica una reducción significativa de la capacidad recaudatoria de las jurisdicciones subnacionales, que también asumirían parte del costo fiscal de los incentivos otorgados a las grandes inversiones.

Otro de los puntos observados por Michel es la continuidad de los mecanismos de arbitraje internacional para resolver eventuales controversias entre el Estado y los inversores. El régimen prevé que los conflictos puedan resolverse mediante organismos internacionales como la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Según el análisis, esto implica que futuras disputas vinculadas a los proyectos alcanzados por el régimen podrían tramitarse fuera de la jurisdicción argentina.

El reporte también advierte que el Estado nacional conserva márgenes limitados para modificar algunos de los beneficios tributarios previstos, especialmente aquellos vinculados al Impuesto a las Ganancias, mientras no entren plenamente en vigencia los mecanismos de tributación mínima global promovidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20.

Entre sus conclusiones, Michel sostiene que el gasto tributario derivado del "Súper RIGI" será afrontado por distintos niveles del Estado y por el sistema previsional, al tiempo que plantea que las garantías fiscales y regulatorias previstas otorgan a los proyectos adheridos uno de los marcos de protección más amplios contemplados en la legislación argentina reciente.