“La ley de inviolabilidad de la propiedad privada es una ley de extranjerización de la tierra”. Así lo resume Pablo Volkind, profesor e historiador de la UBA e integrante del Observatorio de Tierras Rurales. La administración Milei pretendió derogar el Régimen de Protección del Dominio Nacional desde el inicio mismo de su gestión, a partir del DNU 70/23, frenado por una medida cautelar cajoneada ahora en la Corte Suprema de Justicia.
“Hay extranjerización porque antes hubo concentración de la tierra. Lo que les molesta de esta normativa es que corrió el velo jurídico sobre el capital”, afirma Florencia Gómez, ex titular del Registro Nacional de Tierras Rurales. Los empresarios como Joe Lewis, Peter Thiel y sus socios argentinos no quieren que sus movimientos, comerciales y geopolíticos, sean auscultados por la sociedad. Se mueve en la opacidad. Quieren la opacidad.
La compra de tierras, sobre todo cuando se trata de grandes extensiones de campos ubicadas en zona de seguridad de frontera, no puede ser considerada como una simple inversión. La tierra es un bien social que abraza los bienes comunes de una sociedad, como pueden ser un lago, un glaciar o parte de un bosque. También son una barrera de defensa de la soberanía ante una potencial hipótesis de conflicto.
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En diciembre de 2024, la Procuración de Investigaciones Administrativa (PIA) emitió un dictamen en la causa que investiga una fraudulenta operación de compraventa de 60.000 hectáreas en Santa Cruz por parte de un grupo empresarial chileno (Maximiliano Ibáñez Bulnes), a partir de una red de testaferros manejados desde el estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen, en el que remarcó la vital importancia de evitar la extranjerización de tierras en zona de seguridad de frontera.
“El peligro no consiste en lo que personas extranjeras -físicas o jurídicas- puedan hacer mientras se encuentran con la titularidad cuestionada de terrenos argentinos ubicados en zonas de seguridad, sino que el peligro es su posesión misma. La posible irregular posesión de tierras argentinas por parte de extranjeros es en sí misma un daño a la integridad territorial de la república”, puede leerse en el dictamen del fiscal Sergio Rodríguez en la causa que investiga la operación vinculada a Cielos Patagónicos S.A.
La misma advertencia de la fiscalía anticorrupción le podría caber a la fraudulenta operación de adquisición de 12.000 hectáreas de Lago Escondido por parte de Joe Lewis o las 14.000 hectáreas en el Cerro Carreras compradas por los Emiratos Árabes Unidos, capitales que también se hicieron de una pista de aterrizaje que los ubica a dos horas de vuelo de las Islas Malvinas.
El proyecto que pretende aprobar la Libertad Avanza coloca nuevamente un velo sobre este tipo de operaciones (que nada tienen que ver con inversiones productivas y el desarrollo del país) que consolidan un esquema de legalidad fraguada. El dictamen que será tratado en la próxima sesión del Senado, además de eliminar los porcentajes límites de extranjerización, habilita a las provincias a vender tierras a personas de otros países, incluso Estados, en zonas de seguridad de frontera.
El programa de saqueo de La Libertad Avanza incluye la entrega de los minerales críticos, la gobernanza sobre el Paraná y la disposición del territorio nacional para uso y abuso de los ricos del mundo.
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Los peligros de la extranjerización de tierras
A partir de la vigencia del decreto 820/2016, dictado por el ex presidente Mauricio Macri y redactado en el estudio jurídico Brons y Salas que por entonces representaba a Hidden Lake, la empresa de Lewis, comenzó un nuevo proceso de extranjerización de la tierra. Milei busca consolidarlo con los nuevos cambios normativos que serán tratados la semana que viene en el Senado.
En 2018, un empresario chileno de nombre Maximiliano Ibáñez Bulnes se hizo con 60.000 hectáreas en la región de Tres Lagos –Calafate, a través de una red de testaferros y la complicidad de quien por entonces era la titular del Registro Nacional de Tierras Rurales, María Cristina Brunet, que antes de asumir había sido una comunera del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. También fue acusado el ex subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras, Renato Matías Lobos.
Según el dictamen de la PIA, Brunet fraguó documentos públicos para evitarle al empresario chileno tener que realizar un pedido de previa conformidad para acceder a las tierras en zona de seguridad de frontera. El Decreto 32.530/48 incluía excepciones que le permitían a los extranjeros adquirir tierras en zona de seguridad de fronteras, salvo en un caso particular: el de los extranjeros oriundos del país limítrofe con la porción de tierra sobre la que solicitara su posesión.
“El Fideicomiso Cóndor, adquirente de la mayoría accionaria de Cielos Patagónicos S.A., propietaria ésta de tierras limítrofes con la República de Chile, es controlado por Inversiones Aluquina S.A., sociedad cien por ciento manejada por empresas chilenas (Surex Activos Inmobiliarios S.A. y Explora Chile S.A.)”, puede leerse en el dictamen de la PIA. El entramado incluyó la participación de Ezequiel Braun Pellegrini, que puso a disposición su nombre y ciudadanía junto al estudio jurídico Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Además de haber develado el entramado de nombres y fideicomisos truchos, lo central del dictamen de la PIA fueron sus argumentos vinculados a la soberanía nacional y los riesgos de vender parte del territorio en las zonas de frontera. A continuación, algunos fundamentos de su dictamen:
- “Mientras continúe este estado de cosas, parte del territorio argentino se encuentra bajo el designio de empresas extranjeras que, a la vez, son nacionales del país lindante a las tierras en cuestión. Ello significa que el territorio de la República Argentina se encuentra afectado fuertemente en su integridad territorial y, por lo tanto, vulnerada su soberanía sobre tierras que oportunamente fueron objeto de un conflicto internacional con escaladas armadas”.
- “El peligro no consiste en lo que personas extranjeras -físicas o jurídicas- puedan hacer mientras se encuentran con la titularidad cuestionada de terrenos argentinos ubicados en zonas de seguridad, sino que el peligro es su posesión misma. La posible posesión irregular de tierras argentinas por parte de extranjeros es en sí mismo un daño a la integridad territorial de la república”.
- “Si se pretendiera argumentar que las disputas territoriales con la República de Chile son cuestiones del pasado, cabe mencionar un dato: la sede de Carabineros ubicada en los terrenos chilenos lindantes a las tierras propiedad de Cielos Patagónicos S.A. se llama Teniente Hernán Merino Correa, en homenaje al carabinero muerto en un enfrentamiento con la Gendarmería Argentina durante la disputa territorial conocida como Laguna del Desierto”.
- “Esta situación no hace más que poner en evidencia que lo que fue motivo de disputa armada entre Argentina y Chile por cuestiones limítrofes, a la postre solucionadas por un laudo arbitral, años más tarde esas mismas tierras pasaron a ser propiedad de una sociedad controlada por capitales chilenos”.
Lewis, una pista de aterrizaje y los Emiratos Árabes
Milei pactó en secreto con el empresario Joe Lewis para ponerle un punto final a una acción de lesividad que había iniciado el propio Estado en 2023 vinculado a la compra fraudulenta de 12.000 hectáreas durante la década de 1990. Dicho entramado incluyó una red de prestanombres y testaferros, entre ellos el abogado Lisandro Alfredo Allende, encargado de solicitar el pedido de previa conformidad para adquirir tierras en zona de seguridad de frontera a nombre de Hidden Lake, la empresa que terminó inscripta bajo el ala del británico Lewis.
La legisladora Magdalena Odarda presentó nuevamente un escrito ante la PIA para que se investigue el acuerdo firmado por el Ministerio del Interior durante enero de este año y develado por El Destape en su publicación del pasado 25 de abril. El motivo de fondo para cerrar el litigio que había iniciado el propio Estado se explica por los negocios hidroeléctricos de Lewis. El británico construyó una represa hidroeléctrica –con la que ahora pretende abastecer de energía a la Comarca Andina- como parte de su sociedad con Pampa Energía.
Odarda también acaba de presentar un proyecto de ley en la legislatura de Río Negro para anular la venta de 14.000 hectáreas en el Cerro Carreras, una zona de seguridad de frontera, a empresarios extranjeros. Todo tiene que ver con todo.
“La presencia en Río Negro, sobre todo en la región cordillerana, de empresas ligadas a Estados foráneos, como el Estado de Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar, se suma a los casos de particulares extranjeros que han adquirido grandes extensiones de tierras en nuestro territorio –muchos de ellos mediante fraude a la ley argentina- con el agravante de que los inmuebles rurales se encuentran en área de frontera y conteniendo fuentes de agua”, argumentó Odarda en su proyecto de ley. Según la periodista Susana Lara, entre 2017 y 2020 se habrían vendido 12 inmuebles rurales a los Emiratos Árabes Unidos por un total de 40.000 hectáreas.
El pasado 7 de abril, durante una audiencia judicial, el empresario vinculado al mundo del polo Hugo Alberto Barabucci, confesó que había recibido una suerte de donación “sin cargo” de 2 millones de dólares por parte de capitales de los Emiratos Árabes para adquirir 14.000 hectáreas en el Cerro Carreras. El testaferro actuaba en representación de otro gran capitán de la energía. Los empresarios de los EAU involucrados serían – según la denuncia de Odarda- Osma Hussein Alahdaly, los hermanos Matar y Faris Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri, con la intermediación del primer ministro de Emiratos Arabes Unidos y gobernador de Dubai, el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum y la embajada argentina.
Estos mismos empresarios son dueños de Manzil SA, la empresa que cuenta entre sus últimas adquisiciones el aeropuerto de Bahía Dorada que antes había sido de Lewis. “El inmueble que aún mantendría el nombre de BAHIA DORADA, cubre una extensión de aproximadamente 30.000 hectáreas. El aeródromo no cuenta con control del Estado a pesar de hallarse en área de frontera (costa atlántica), a 30 kilómetros al sur de la localidad de Sierra Grande y a menos de 2 horas de vuelo de la Base de la OTAN en Monte Agradable, Islas Malvinas”, denunció la legisladora rionegrina.
El mismo dictamen de la PIA sobre los riesgos de vender tierras a extranjeros en zonas de seguridad de frontera le podría caber a las operaciones denunciadas en Río Negro.
Tecnofascismo y caída de los Estados nacionales
Las modificaciones incluidas en el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada forman parte de un conjunto de normativas pensadas para consolidar un nuevo saqueo colonial: la derogación de la Ley 26.160 -de Emergencia de los territorios indígenas-, las modificaciones a la Ley de glaciares, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y ahora el Super RIGI.
“La combinación de una mayor liberalización en el acceso a la tierra y a las fuentes de agua con incentivos a la inversión de gran escala puede profundizar procesos ya críticos de apropiación, concentración y aprovechamiento privado de rentas asociadas a bienes comunes naturales”, indicaron desde el Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria (Facultad de Ciencias Económicas - UBA) en su cuarto informe sobre el proceso de entrega de tierras.
Detrás de estos movimientos, el alineamiento de Milei con los Estados Unidos en su nueva guerra fría por el apoderamiento de los minerales críticos y las cadenas de suministros en un escenario donde el poder económico tecnofascista trabaja para horadar los cimientos de los propios Estados nacionales.
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