La precarización laboral llega al 42% de la masa de trabajadores del país

La Administración de Javier Milei se jacta de domar la inflación (en abril tuvo una variación del 2,8%), sin embargo, el principal latigazo hacia el conjunto de los trabajadores y trabajadores radica en los bajos salarios que se pagan tanto en el sector privado como en el público. Esto se aprecia en la sistemática caída del consumo. Por eso, como parte de su estrategia de disciplinamiento, decidió pisar todo tipo de negociación paritaria hasta que tiendan a cero, en línea con el sueño húmedo de muchos empresarios de la escena vernácula.

Para el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que conduce el economista Claudio Lozano, al incorporar dimensiones como el desempleo, sumadas a otras modalidades frágiles de contratación, o los ingresos inferiores al piso mínimo legal, la precarización en el país llega al 42% de la fuerza laboral, mientras que, si se focaliza en la población juvenil, los resultados se vuelven aún más alarmantes, donde el 71,7% de los trabajadores jóvenes se encuentran precarizados.

Para La Libertad Avanza, la precarización laboral es una suerte de herramienta de disciplinamiento social.

La precarización laboral como plan de Gobierno

El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) realizó una suerte de radiografía de la situación del mercado de trabajo, en función de la última base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el INDEC, correspondiente al cuarto trimestre del 2024. Las principales conclusiones tienen que ver con una profunda precarización social vía la informalidad laboral y el magro pago de salarios por parte del sector privado.

El consumo de bienes básicos sigue mostrando números negativos de manera sistemática, mes a mes, por más que desde el Gobierno repliquen la idea de que estarían “domando la inflación”. Una suerte de victoria a lo pirro. El programa de disciplinamiento social de La Libertad Avanza empuja a las familias a la informalidad y al endeudamiento, donde más personas deben buscar otros trabajos para poder llegar a fin de mes, y, aun así, son cada vez más las personas que no pueden cubrir el valor de una canasta básica alimentaria.

La clase trabajadora se encuentra totalmente pauperizada. Según el IPyPP, al cierre del año pasado, los ingresos en promedio rondaron 693.153 pesos mensuales. Sin embargo, tanto los trabajadores cuentapropistas como los asalariados informales se encontraron significativamente por debajo de ese monto. Con paritarias prácticamente pisadas, estos niveles de ingresos persisten durante los primeros meses de 2025.

En el caso de los cuentapropistas, los ingresos promediaron los 497.325 pesos mensuales, (28,3% por debajo de la media; mientras que, para los informales, los ingresos fueron en torno a los 402.299 pesos, un 42% por debajo de la media.

En el desagregado por sector económico, quienes peor se encuentran son las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, con ingresos que se ubican un 69% por debajo del promedio general, en torno a los 210.801 pesos. “Le siguen la rama de Hoteles y restaurantes ($448.911), Servicios Comunitarios y sociales ($486.955) y Construcción ($536.487), con ingresos medios en torno a un 35%, 30% y 23% por debajo de la media, respectivamente. Asimismo, tanto el servicio doméstico como la construcción son las ramas que presentan las tasas de informalidad más altas dentro de la población asalariada, en torno al 76,8% y 73,2%, respectivamente”, puede leerse en el informe del IPyPP.

Trabajadores pobres

Los bajos salarios que se pagan en el país son parte de la película de la precariedad, la informalidad laboral y la pobreza. Al diferenciar por sector surge que, al tiempo en que el 36,1% de los asalariados son informales (sector privado más el público), dentro del sector privado exclusivamente, la proporción de informalidad llegaría al 43,9%. Es decir, el sector privado empuja la precarización laboral.  

“Asimismo, resulta por demás grave que el Estado como empleador también recurra a contratar trabajadores bajo relaciones de dependencia encubiertas: en el sector público, el 10% de las y los asalariados no se encuentran registrados como tales”, especificaron desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.

En este contexto, otra de las conclusiones que se caen luego de analizar los microdatos de la EPH apuntan a que obtener un empleo no garantiza el acceso al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), totalmente planchado durante la administración Milei. “El 24,7% de los trabajadores obtiene ingresos mensuales inferiores al Salario Mínimo. Los bajos ingresos perjudican con mayor intensidad a las mujeres, mientras el 17,5% de los varones gana menos del salario mínimo, este porcentaje asciende al 33,7% en el caso de la población femenina”, puede leerse en el Boletín Socio laboral publicado por el IPyPP.

Y en relación al costo de la canasta básica, la situación social se muestra mucho más aguda. Al cierre del año pasado, el ingreso medio del conjunto de los ocupados se ubicó un 31% por debajo del umbral de pobreza para una familia tipo. Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia y los asalariados informales exhibieron brechas del orden del 50,5% y 59,9%, respectivamente. “Se destaca que los ingresos promedio de los trabajadores registrados también están un 8,4% por debajo del valor de la canasta básica total”, afirmaron desde el IPyPP.

Una salida es posible (y no es Ezeiza)

La Administración Milei lleva adelante una reforma laboral de facto; la presión sobre el mercado laboral, con los actuales niveles de desempleo, informalidad, personas subocupadas y bajos salarios, constituyen un escenario de precarización en el país en el orden del 42% de la masa total de asalariados.

¿Qué hacer en un país donde se pagan salarios muy por debajo del salario mínimo, vital y móvil? La sobreocupación se encuentra asociada con el fenómeno de la precarización e informalidad laboral y los bajos niveles de ingresos laborales. Para ganar un ingreso que sea un 13% superior al promedio, es decir, pasar de 693.153 a 782.130 pesos, se deberían incrementar las horas trabajadas en un 47%.

“La explicación reside en el nivel más bajo de la retribución horaria, un 21,8% por debajo de la media. Como puede observarse, el problema de ingresos y pobreza que sufren las y los trabajadores está muy lejos de ser explicado por la reticencia al trabajo”, agregaron desde el IPyPP.

Y aquí es donde surge la propuesta de repartir las horas de trabajo para generar más puestos de trabajo y apostar a una mejor distribución de la riqueza. Ideas para un mundo lejano pero siempre posible. “Si se hiciera efectivo el control de la jornada laboral vigente podrían liberarse 1,9 millones de ocupaciones y se resolvería el desempleo, que afecta a más de 1.400.000 personas. Esto surge de traducir en empleo las 13,1 horas excedentes de cada uno/a de los 5,8 millones de sobreocupados/as”, concluyó el informe coordinado por Claudio Lozano.