Presupuesto 2026: la inversión en educación caerá al 0,75% del PBI, el nivel más bajo en una década

El Gobierno Nacional logró el martes el dictamen de mayoría para llevar al recinto del Congreso el proyecto de Presupuesto 2026. Con el respaldo de sus aliados del PRO, la UCR y varios gobernadores, el oficialismo buscará ahora aprobarlo en sesiones extraordinarias en diciembre, cuando contará con una correlación de fuerzas más favorable tras el recambio parlamentario.

Uno de los puntos que genera mayor controversia es el recorte en las partidas destinadas a educación. Según el texto oficial, el Estado nacional invertirá en 2026 apenas el 0,75% del PBI, es decir, la mitad de lo que se destinaba hace una década (1,59% en 2015). “Las previsiones al cierre de 2025 y las estimaciones para 2026 anticipan una profundización de la tendencia a la baja, con niveles de inversión en Educación y Cultura equivalentes al 0,73% y 0,75% del PIB, respectivamente”, advierte un informe al que accedió este medio.

El ajuste se enmarca en un programa económico que consolida la reducción del gasto público como política de Estado. De hecho, el Presupuesto proyecta para 2026 un nivel de gasto real 57% inferior al de 2023, considerando el efecto de la inflación. A la par, los salarios docentes en las provincias retrocedieron a valores de 2005 y, en 20 de las 24 jurisdicciones, se ubican por debajo del costo de la canasta familiar: es decir, por debajo de la línea de pobreza.

Recursos para educación: menor nivel en la década

El Congreso buscará en las próximas semanas avanzar en el debate del proyecto de Presupuesto 2026. El oficialismo busca agudizar el modelo de brutal ajuste fiscal al punto de celebrar en sus anuncios que el año próximo se alcanzaría el "menor nivel de gasto sobre PBI de los últimos 30 años".

En esa línea, un informe advirtió que el Presupuesto 2026 debería tener un aumento global de 940% en todas sus partidas para mantener un mismo nivel de asignación presupuestaria real respecto de 2023. De acuerdo con estimaciones de la Fundación Éforo, “la inflación acumulada en los años 2023, 2024 y 2025 rondará el 940% por lo que ese debería ser el nivel de incremento de las partidas en el inicio de 2026 si se quisiera mantener el nivel real del gasto público”. Por el contrario, las partidas presentan una mejora nominal del 411% (529 puntos porcentuales menos de los necesarios para estar en un nivel similar a los valores presupuestados de 2023). En términos reales (considerando el efecto inflación) significa que el total de recursos para 2026 es un 57% inferior a dos años atrás.

En ese sentido, una de las partidas claves tiene que ver con el financiamiento para Educación. Si bien el proyecto de Presupuesto 2026 prevé un aumento en torno al 8,0% con respecto a este año, al analizar cómo ha evolucionado la inversión educativa nacional en la última década se observa que no solo será insuficiente para compensar el fuerte ajuste aplicado en la gestión de Javier Milei, sino que tocará niveles mínimos históricos.

En concreto, la evolución del gasto educativo nacional, en términos reales, mostró que la inversión educativa se mantuvo relativamente estable entre 2013 y 2017, con valores que oscilaron entre 11,2 y 12,6 billones de pesos constantes de 2025. A partir de entonces, inició una tendencia descendente que alcanzó su punto más bajo en 2020 (año de la Pandemia de COVID-19), con 8,5 billones de pesos. Posteriormente se registró una recuperación gradual hasta 2023, seguida de una nueva caída en 2024 (7,0 billones) y en 2025 (6,3 billones). Para 2026, se prevé una leve recuperación alcanzando los 6,8 billones de pesos.

“Si bien según las proyecciones del Proyecto de Ley de Presupuesto, en 2026 se esperaría una recuperación del 8,0%, respecto del año 2025, esta recomposición depende del cumplimiento de los supuestos asumidos por el ejecutivo nacional para el diseño del proyecto”, señaló un informe elaborado por el economista Javier Curcio (IIEP - UBA CONICET), junto con María Sol Alzú y Martin Nistal, integrantes del espacio “Argentinos por la Educación”.

Sobre ello, los supuestos del Presupuesto oficial plantean una inflación del 10,1% para 2026 que resulta, cuando menos, dudosa si se tiene en cuenta que el Índice de Precios al Consumidor que mide Indec viene arrojando variaciones en torno al 2% mensual. En complemento, las cifras que proyecta el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central anticipan, a contramano del gobierno nacional, una inflación en torno al 19,5% para el 2026. Esto quiere decir que, en los hechos, la actualización de las partidas presupuestarias quedaría por debajo de la inflación que, además, podría dispararse si hay correcciones en el régimen cambiario actual, como prevén diferentes consultoras.

Los especialistas analizaron también el impacto en términos de participación en el Producto Bruto Interno (PBI). En detalle, el Estado nacional invertirá el 0,75% del PBI en educación en 2026, siendo un claro golpe al financiamiento educativo nacional. La evolución de estos años evidenció que el pico máximo fue en 2015, cuando alcanzó el 1,59%. En los años siguientes se registró una caída, alcanzando 1,09% en 2019 con un leve repunte hacia 2020. A partir de ese año la inversión mostró una recuperación paulatina hasta llegar a 1,41% en 2023, seguido nuevamente de una caída en 2024 (0,86%). “Las previsiones al cierre de 2025 y las estimaciones para 2026 anticipan una profundización de esta tendencia, con niveles de inversión en Educación y Cultura equivalentes al 0,73% y 0,75% del PIB, respectivamente”, puntualizaron.

La Ley de Educación Nacional (LEN), sancionada en 2006, establece en su artículo 9 que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado a educación no debe ser inferior al 6% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, “transcurridas casi dos décadas, la meta del 6% se alcanzó solamente en el ejercicio de 2015, acumulando entre 2006 y 2020 una deuda equivalente al 5% del PIB de 2020”. Esto se agravaría en la actualidad ya que el proyecto de Presupuesto busca ahora derogar expresamente el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, eliminando la exigencia legal de destinar un mínimo del 6% del PIB a la educación.

Otro aspecto analizado tiene que ver con el lugar de la Secretaría de Educación, que aparece discriminada como una sub-jurisdicción dentro del Ministerio de Capital Humano. Comparada con las demás jurisdicciones, “la variación nominal de la Secretaría fue de 17,9%, lo que equivale a un crecimiento real de 3,6% con la inflación del Proyecto y de 0,1% con la inflación del REM, mostrando un margen de incremento real mínimo”, remarcaron.

Por último, en 2026, las universidades recibirán el 77% del presupuesto de la Secretaría de Educación: esto es 2,1 puntos porcentuales menos que en 2025, cuando se les asignó el 79,1%. Esto ocurre pese a la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), que el gobierno no consiguió derogar, pero a la que no le asignó los recursos necesarios.

Situación a nivel provincial

El recorte presupuestario evidencia las prioridades de la política económica libertaria y abre un nuevo capítulo con las jurisdicciones, aunque -tras el resultado electoral- las condiciones parecen inclinarse a favor del oficialismo. El el caso de los recursos para educación, se destaca que las provincias en su conjunto asumen el financiamiento de aproximadamente el 75% del presupuesto ya que, a partir de finales de la década del 70 y en particular como consecuencia de la sanción de la Ley 24.049 de 1992, el financiamiento de las escuelas y otras instituciones educativas de nivel inicial, básico, medio y superior -con excepción de las universidades nacionales-, fue transferido a las provincias. De esta forma, el gasto educativo incluido en el presupuesto nacional se limita a una proporción cercana a una cuarta parte del total de los recursos invertidos en el sector.

Esto reviste importancia si se considera la situación que afrontan gran parte de las jurisdicciones y la creciente desigualdad entre los territorios. Tal el caso de los docentes: en 2025 los sueldos docentes retrocedieron a niveles de 2005 y en 20 de las 24 jurisdicciones se ubicaron por debajo de la canasta familiar, es decir, el ingreso está por debajo de la línea de pobreza. La eliminación del FONID, el fin de la paritaria nacional y el recorte presupuestario dejaron a miles de docentes bajo la línea de pobreza. La crisis docente atraviesa todo el país y expone las consecuencias de la política de ajuste libertaria que golpea directamente al derecho a la educación

“Bajo esta gestión, tanto los salarios universitarios -a cargo del Estado nacional-, así como los aportes para contribuir a los salarios de docentes de la educación obligatoria -a cargo del Estado provincial- se encuentran en jaque”, señaló un informe al elaborado por los investigadores Sacha Unamuno y Germán Schiavinato.  A su vez, a la fuerte caída del salario promedio nacional hay que sumar que, en el contexto actual, se tienden a profundizar las brechas interprovinciales para acceder al derecho a la educación. En este punto si se pone la lupa en las distintas jurisdicciones (a partir de analizar los ingresos y la canasta básica de cada región) se detecta que el salario promedio de las y los docentes se ubicó por debajo de la Canasta Básica Familiar (representa 3,2 canastas básicas totales) en 20 de las 24 provincias, es decir, el ingreso está por debajo de la línea de pobreza, y “acercándose peligrosamente a la línea de indigencia en las jurisdicciones más pobres”, señaló el documento.

Por último, esto ocurre en un escenario donde se agravó, en general, la situación del empleo público. Según un relevamiento reciente, el 64% de quienes trabajan en la administración pública posee otro trabajo. Entre quienes están atravesados por el pluriempleo, el 44% posee dos empleos, desciende al 17% con tres trabajos, y al 3% con más de tres. A su vez, el 71% señaló que está buscando otro trabajo. Los datos corresponden a un documento elaborado por la Fundación Germán Abdala (FGA) que indagó en cuántos trabajos se necesitan para un salario digno y evidencian que, si bien el pluriempleo es una realidad existente en el Estado desde hace mucho tiempo, en estos últimos dos años se advirtió un incremento asociado a la mayor precarización en la vida de las y los trabajadores.