El gobierno de Javier Milei oficializó una nueva reforma laboral al modificar el sistema de riesgos del trabajo que promete cambiar la forma en que se evalúan las incapacidades laborales en el país y las indemnizaciones por accidentes laborales. La medida se plasma en el Decreto 549/2025 y entrará en vigencia el 2 de febrero de 2026, modificando la tabla vigente desde 1996.
La nueva normativa elimina la consideración de ciertas enfermedades profesionales y lesiones emergentes, además de permitir que las evaluaciones médicas se realicen sin la necesidad de un examen físico. Estas modificaciones generaron preocupación entre médicos legistas, abogados laboralistas y trabajadores, quienes advierten que podrían afectar la calidad de los dictámenes y el acceso a indemnizaciones justas.
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Uno de los cambios más significativos es la sustitución de los rangos de evaluación por porcentajes fijos para cada tipo de lesión o enfermedad, aplicando una metodología basada en la “Capacidad Restante”. Este sistema considera factores como la edad del trabajador, el tipo de actividad que realiza y las posibilidades de reubicación laboral, asignando porcentajes adicionales que varían entre el 2% y el 20% según cada caso. Se trata de una medida en línea con la propuesta de reforma laboral que el acercara un grupo de empresarios metalúrgicos de Córdoba en el Consejo de Mayo.
Asimismo, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) quedó encargada de dictar normas complementarias y coordinar capacitaciones para profesionales médicos, aunque sin establecer controles externos o auditorías independientes que aseguren la imparcialidad de estos procesos.
Chau indemnizaciones por accidentes: la opinión de los especialistas
Especialistas expresaron críticas severas hacia esta reforma. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, explicó que “se quitó de la tabla la valoración como incapacidad laboral a afecciones como cervicalgias ni por lumbalgias, aún cuando sean objetivas por estudios objetivos”. Además, señaló que la disminución de enfermedades profesionales consideradas y la reducción de los porcentajes de incapacidad implicarán indemnizaciones menores para los trabajadores afectados.
Por su parte, el médico legista y laboral Javier Amherd Neffen resaltó tres puntos clave del decreto: la desaparición de numerosas enfermedades profesionales y lesiones emergentes, la potestad que se reserva a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) para realizar estudios complementarios, y la autorización para que las incapacidades médicas se determinen sin un examen físico.
Los críticos advierten que la rigidez matemática de la nueva tabla deshumaniza la evaluación del daño y no contempla situaciones complejas que escapan a los criterios fijos. Además, la falta de mecanismos de control externo genera dudas sobre la transparencia y equidad en la aplicación de estas reformas
La reforma abre un escenario de incertidumbre para empleadores, ART y empleados, que deberán adaptarse a las nuevas reglas a partir de febrero de 2026.
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