El proyecto de Ley de Modernización Laboral avanza con una reforma profunda del marco regulatorio argentino y, si bien abarca a una amplia variedad de sectores, su impacto sobre los empleados de comercio es especialmente relevante.
Se trata del gremio más numeroso del país, cuya actividad está regulada por un conjunto de normas que datan de varias décadas atrás —incluida la Ley 20.657 sobre establecimientos comerciales— y por convenios colectivos que han ido ampliando derechos y obligaciones en un contexto económico cambiante. La iniciativa oficial introduce modificaciones que redefinen horarios, condiciones de contratación, indemnizaciones y la relación con la actividad sindical.
Reforma laboral: fin de regímenes especiales y marco normativo unificado
Uno de los pilares del proyecto es la derogación total de leyes y decretos considerados obsoletos. Entre ellos se mantienen para análisis normativas vinculadas a estatutos profesionales, teletrabajo y regulaciones históricas de sectores específicos. Aunque la Ley 20.657 no figura como derogada explícitamente en los borradores conocidos, el espíritu general del proyecto apunta a eliminar superposiciones y simplificar el régimen laboral, lo que podría afectar indirectamente a muchas disposiciones tradicionales sobre horarios, trabajo en feriados y límites de jornada.
En un sector donde la apertura extendida, el trabajo nocturno y los fines de semana se han vuelto parte del funcionamiento habitual, la tendencia hacia un marco normativo más flexible podría habilitar mayores márgenes de organización empresarial, pero también plantea interrogantes sobre la protección efectiva de trabajadores que históricamente tuvieron jornadas exigentes.
El proyecto introduce dos herramientas clave:
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Fondos de Asistencia Laboral (FAL): permitirán a las empresas constituir un fondo para cubrir obligaciones indemnizatorias. Para el trabajador de comercio, esto implica que la indemnización no desaparecería, pero sí cambiaría la forma de financiamiento y, eventualmente, los tiempos de cobro.
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Actualización de créditos laborales por IPC: cualquier deuda laboral se ajustará por inflación, lo que preserva el poder adquisitivo y evita litigios prolongados donde el monto final quedaba licuado por el tiempo.
Para un sector con alta rotación y donde los conflictos individuales son frecuentes, estos cambios tienden a reducir la litigiosidad, un objetivo central del Gobierno.
Otro punto sensible para comercio es la limitación de la ultraactividad. Actualmente, muchos beneficios establecidos en convenios colectivos continúan vigentes aún cuando su plazo haya vencido. El proyecto restringe esa continuidad, lo que otorga mayor peso a las renegociaciones y a la correlación de fuerzas entre el sindicato y las cámaras empresarias.
En un gremio donde los convenios han sido históricamente amplios —incluyendo adicionales por presentismo, antigüedad, feriados trabajados, tareas específicas y sistemas de premios— la reducción de la ultraactividad podría abrir un escenario de revisión y posible recorte de beneficios si no se alcanzan nuevos acuerdos rápidamente.
Esto podría traducirse en:
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Más flexibilidad para extender horarios.
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Necesidad de renegociar compensaciones por trabajo nocturno o fines de semana.
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Mayores posibilidades de organizar turnos rotativos sin restricciones específicas sectoriales.
Para los empleados, el riesgo es que la eliminación de normas protectorias históricas derive en mayor disponibilidad obligatoria, si los convenios no logran sostener limitaciones claras.
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