El Gobierno de Javier Milei incluyó dentro del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo una modificación profunda en la organización de la jornada laboral: la posibilidad de implementar el llamado “banco de horas”, una figura que podría transformar la manera en que se calculan y compensan las horas extras en la Argentina.
El Artículo 11 del borrador introduce el artículo 197 bis en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Este nuevo artículo autoriza a los convenios colectivos a definir regímenes laborales más flexibles, adaptados a las características productivas de cada actividad. Entre esas opciones se contempla expresamente el uso del “banco de horas”, junto con la posibilidad de reorganizar la distribución de la jornada, los francos compensatorios y el régimen de horas extras.
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El objetivo del Gobierno es dar a los acuerdos paritarios una mayor autonomía para ajustar los tiempos de trabajo a las necesidades del sector, dejando atrás el esquema uniforme que impone actualmente la ley.
Cómo funciona el “banco de horas”
El sistema del banco de horas consiste en acumular las horas trabajadas de más en determinados períodos y compensarlas con descansos o jornadas más cortas cuando la actividad lo permita. En lugar de pagarse como horas extras con recargos del 50% o 100%, las horas adicionales quedarían registradas en una cuenta individual a nombre del trabajador. Este podría luego “usarlas” como tiempo libre. La modalidad ya existe en otros países y busca conciliar la flexibilidad empresarial con el descanso del trabajador, aunque en la práctica reduce el pago inmediato de horas extras.
El impacto del "Banco de horas" y las controversias
La creación del banco de horas divide opiniones. Para las empresas, representa una herramienta clave para organizar los turnos según la demanda y reducir costos laborales. Para muchos trabajadores y sindicatos, en cambio, puede implicar la pérdida del pago inmediato de las horas extras, trasladando la compensación a descansos futuros y generando incertidumbre sobre su aplicación.
El proyecto no impone este sistema de manera general, sino que deja su implementación sujeta a la negociación colectiva. Cada actividad —a través de sindicatos y cámaras empresariales— decidirá si lo incorpora, cómo se registrarán las horas y de qué modo se garantizará la compensación. De esta forma, la reforma promueve un modelo de descentralización laboral, donde el Estado fija el marco legal pero las reglas concretas se definen sector por sector.
El texto será debatido en el Congreso como parte del paquete de reformas impulsado por el Ejecutivo. Junto al banco de horas, incluye cambios en indemnizaciones, período de prueba y modalidades de contratación, buscando un régimen más “moderno y flexible”.
En tanto, el banco de horas emerge como uno de los ejes más controvertidos: una medida que promete dinamismo para las empresas, pero que reabre el debate sobre los límites entre la productividad y los derechos laborales.
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