Reformas laboral y previsional: el Gobierno promete modernizar el trabajo mientras destruye empleo y debilita las jubilaciones

En lo que va de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) ya se perdieron más de 205.000 puestos de trabajo asalariados registrados, según las estadísticas oficiales conocidas está semana. Se trata de un nivel máximo alcanzado por el actual gobierno, con particular destrucción en el sector privado (-126.000 puestos). De esta manera, la dinámica es más que alarmante si se considera, además, que para agosto se prevé una nueva caída. Sin embargo, mientras el modelo económico no logra crear empleo, el presidente Milei busca profundizar aún más el esquema vigente con una nueva reforma laboral y previsional, que si bien es presentada como “modernizadora” y “necesaria”, en la práctica profundiza los problemas estructurales que ya existen: destrucción de puestos formales, caída del salario, precarización y debilitamiento del sistema jubilatorio.

“La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen arcaico, rígido e imprevisible”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en un mensaje grabado para los empresarios reunidos en el Coloquio IDEA y remarcó el “costo” de los despidos/indemnizaciones que pretende flexibilizar a partir de crear un seguro a cargo de los propios empleados. No obstante, lo hecho hasta ahora apuntó a cambios regresivos que perjudicaron a las y los trabajadores al "legalizar" condiciones precarias de contratación lo que, a su vez, no solo afecta las condiciones presentes, sino a la propia sustentabilidad del sistema jubilatorio. Sobre este último, un informe reciente de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) alertó por “el déficit estructural” del Sistema de Seguridad Social, y destacó que “la elevada informalidad laboral limita la cantidad de aportantes efectivos y genera una presión adicional sobre el financiamiento, debilitando aún más la sostenibilidad del sistema”. 

En relación a ello, un aspecto no menor tiene que ver con que si bien “el sistema logró una expansión de su cobertura” en el último periodo “se caracterizó por una caída en el poder adquisitivo de las prestaciones”. Esto significa que, en la práctica, el valor real del haber promedio funcionó como la variable de ajuste. Todo esto sucede en una coyuntura económica donde el nivel de actividad muestra una contracción, a la par que el empleo privado registrado indicó una caída mensual del 0,3% en agosto (Encuesta de Indicadores Laborales -EIL) con seis bajas en ocho meses de 2025, mientras los salarios se encuentran aún por detrás de noviembre del 2023.

Reforma regresiva: trabajo y jubilaciones 

El Gobierno nacional busca avanzar con una reforma regresiva del sistema laboral y previsional luego de las elecciones de medio término de la próxima semana, como parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y -ahora también- del Tesoro de Estados Unidos. El proyecto del oficialismo apuntaría a sustituir aspectos clave dentro de los convenios de trabajo como el derecho a la indemnización por despido, sin embargo, lejos de mejorar las actuales condiciones, las experiencias previas muestran que terminan por empeorar la cantidad y calidad del empleo, así como del acceso a derechos en la vida pasiva.

Por un lado, mientras el argumento liberal sostiene que “nadie contrata” debido al actual sistema laboral, y que la solución pasaría por una reforma "modernizadora" lo cierto es que las cifras oficiales muestran que la mayor desregulación laboral no crea empleo: entre 1990-2001 cuando la reforma menemista redujo las Contribuciones Patronales y privatizó la Seguridad Social la desocupación pasó del 7,5% al 20% y la informalidad llegó al 43%. A diferencia, entre 2003-2015 (reactivación económica, estatización AFJP) se generaron 3,1 millones de puestos de trabajo registrados privados y la desocupación se redujo (6%). Más cerca en el tiempo, entre 2016-2019: (destrucción aparato productivo, beneficios impositivos para grandes empresas y fomento de contrataciones precarias) se perdieron 276 mil puestos de trabajo registrados privados y el desempleo pasó de 5,9% a 10%, mientras que luego de la pandemia por Covid, en 2022 la reactivación económica permitió la creación de 360 mil puestos de trabajo (desocupación del 6,9%).

Lo anterior exhibe que la contratación está directamente vinculada al nivel de actividad. La economía medida por el INDEC registró en julio una nueva caída respecto al mes previo (-0,1%; sin estacionalidad) y las estimaciones privadas ya adelantaron un nuevo retroceso para agosto (el guarismo oficial se conocerá el miércoles próximo). De hecho, tras los cambios laborales implementados con la “Ley Bases” (mayor periodo de prueba, categoría de colaboradores “independientes”, fondos de cese laboral) lo cierto es que lejos de crear fuentes de trabajo, el último dato oficial disponible (SIPA, jul/25) evidenció la destrucción de más de 200.000 puestos asalariados registrados en lo que va de la gestión libertaria (-126.950 privados, -57.889 públicos y -20.617 de casas particulares).

Por otra parte, y directamente vinculado, en cuanto al sistema de Seguridad Social el mismo busca gestionar diversas contingencias sociales como la vejez, las cargas de familia y el desempleo. En Argentina, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es el organismo que centraliza estas funciones, gestionando componentes clave como el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el régimen de Asignaciones Familiares. En 2024, ANSES representó el 45,7% de los gastos y el 50,9% de los ingresos de la Administración Pública Nacional. 

La evolución de las cuentas de la ANSES entre 2009 -inicio del régimen de reparto -y la actual gestión libertaria deja de manifiesto problemas estructurales que se intensificaron en el último tiempo. De acuerdo con un documento presentado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que realizó un diagnóstico el balance financiero histórico del organismo “si bien la estructura general se mantuvo, la evolución de los ingresos totales de ANSES muestra dos etapas con dinámicas opuestas. La primera, de 2009 a 2016, fue una fase de expansión, en la que los recursos totales crecieron 1,9 puntos porcentuales del PBI. La segunda, de 2017 a 2024, fue una fase de contracción, con una caída de 1,3 puntos del PBI”.

Los recursos obtenidos se integran de lo recaudado por Aportes y contribuciones de la Seguridad Social, por recursos tributarios del Tesoro nacional afectados específicamente y por recursos provenientes de diferentes inversiones que realiza ANSES (denominadas rentas de la propiedad), por citar los rubros de ingresos de mayor relevancia. Puntualmente, los ingresos de la Seguridad Social compuestos por los aportes personales de los trabajadores y las contribuciones de los empleadores, constituyen la fuente de financiamiento principal. Su evolución es, por lo tanto, un indicador clave de la realidad financiera del sistema: “el análisis de estos recursos como porcentaje del PBI revela una trayectoria decreciente, aunque con oscilaciones: se observa una fase de crecimiento entre 2009 y 2013, seguida de una fase de estancamiento (entre 2014 y 2017) y posterior caída. Esta dinámica se explica por la interacción de tres variables clave: la cantidad y composición de los aportantes, el nivel del salario real y los cambios normativos acontecidos en el período”, señaló el informe al que accedió este medio.

La estatización del sistema de capitalización a finales de 2008 implicó que la totalidad de los aportes del sistema pasaran a ser administrados por ANSES, generando un salto estructural en los recursos. Sobre esta nueva base, “el crecimiento posterior de los ingresos contributivos durante el período 2009 a 2013 fue impulsado por la sinergia de salarios reales en alza y un incremento en la cantidad de aportantes en relación de dependencia, combinación que expandió la base imponible sobre la cual se calculan los aportes y contribuciones”, detalló la OPC.

El estancamiento y posterior caída en la recaudación de aportes y contribuciones se produjo a pesar de que el número total de aportantes continuó creciendo. Esto se explicó por “la caída del salario real, cambio en la composición de aportantes y reformas normativas”. El principal impulso provino de las categorías de monotributistas y autónomos, cuyo número casi se duplicó, mientras que los aportantes en relación de dependencia exhibieron un crecimiento más moderado. “Este cambio es fiscalmente relevante, ya que la expansión se concentró en segmentos que realizan aportes de un monto considerablemente inferior al del empleo asalariado, lo que limitó el impacto positivo sobre la recaudación total”, explicaron. Finalmente, la tendencia a la baja desde el 2018 en la recaudación fue acentuada por reformas que implicaron menores aportes de contribuciones patronales.

“La dependencia de un salario real en declive y de una base de aportantes que crece a expensas de categorías de menor contribución, sumado a reformas normativas que reducen la recaudación, debilita estructuralmente el autofinanciamiento”, alertó la Oficina de Presupuesto del Congreso. Mientras que en 2009 los aportes y contribuciones financiaban el 80% del gasto contributivo y semicontributivo, esta capacidad de cobertura cayó ubicándose en 77% en 2024, un nivel inferior al del inicio de la serie. 

El mencionado desequilibrio generó una necesidad estructural de financiamiento que fue cubierta por recursos de otra naturaleza, principalmente impuestos de afectación específica para cerrar la brecha de su pilar central. El aumento de los ingresos tributarios como porcentaje del PBI dentro de la estructura financiera de ANSES (de 2,0% en 2009 a 3,1% del PBI en 2024) confirma que “el sistema de Seguridad Social depende cada vez más de la recaudación impositiva general para cubrir su déficit contributivo”. ¿Cuál es entonces la situación actual? Las estadísticas muestran que la elevada informalidad laboral “limita la cantidad de aportantes efectivos y genera una presión adicional sobre el financiamiento, debilitando aún más la sostenibilidad del sistema”. En relación, si bien “el sistema logró una expansión de su cobertura” en el último periodo “se caracterizó por una caída en el poder adquisitivo de las prestaciones”. Esto significa que, en la práctica, el valor real del haber promedio funcionó como la variable de ajuste. 

El deterioro del haber por fórmula se aceleró drásticamente: el cambio a un ajuste mensual por el IPC a partir de abril de 2024 logró cierta recuperación en el valor real, pero terminó por cristalizar en 2024 la pérdida acumulada previa, "consolidando el haber en un nivel real inferior, no solo al del inicio de la caída en 2018, sino también a los valores promedio de todo el período".

Pese a este panorama, entre los puntos principales de la reforma que pretende imponer el Gobierno estarían el aumento de la edad jubilatoria, la eliminación total de la moratoria previsional y revisión de los regímenes especiales (docentes, judiciales, entre otros). 

Problemas sin atender

El informe de la OPC remarcó también los desafíos principales del sistema destacando que “la erosión profunda de la base de financiamiento es producto de la combinación de una caída sostenida del salario real, un cambio en la composición de los aportantes hacia categorías de menor contribución (monotributo, autónomos) y reformas normativas que redujeron las alícuotas”. Asimismo, sobre los mecanismos de financiamiento apuntaron a "diseñar un esquema estable y previsible para el déficit estructural”. Esto implicaría, a su entender, “un debate sobre qué impuestos deben sostener a la Seguridad Social y si el modelo de afectación específica es sostenible a largo plazo”.

Finalmente, el documento subrayó que “la alta informalidad laboral es la causa fundamental que impide la maduración de la base de aportantes y alimenta la necesidad de moratorias". Del mismo modo, "la baja tasa de sostenimiento (sólo 1,5 activos por cada pasivo) en el régimen general es un reflejo directo de esta realidad”. Esto quiere decir que la política pública debe reconocer que “la viabilidad del sistema de Seguridad Social es indisociable de las políticas de empleo”.

En otras palabras, esto implica que lejos de las reformas que terminan por "perdonar" a quienes incumplieron con la registración correspondiente de sus empleados sin asegurar mejores condiciones a las y los trabajadores activos, cualquier estrategia que busque mejorar el sistema previsional debería, como mínimo, “fomentar la formalización laboral y el crecimiento del salario real, sino cualquier reforma previsional tendrá un impacto limitado”.