El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tal como fue diseñado, profundiza un modelo extractivo y una entrega de los recursos naturales a corporaciones extranjeras sin beneficios claros para el desarrollo local. Esta es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por la Fundación Encuentro (un think tank de Sergio Massa) titulado: “¿Qué pasó con el RIGI? Balance a un año de su sanción”.
El documento sostiene que los anuncios de inversiones realizados tanto por empresarios como por el ministro de Economía, Luis Caputo, llegaron a los 50.000 millones de dólares pero que, en realidad, no fueron más que promesas sobre el bidet. De ese total, se aprobaron solamente iniciativas por 8.573 millones de dólares; es decir el 17,1% de lo proyectado. Y en términos netos, la administración Milei consiguió, apenas, el 0,5% de las inversiones que prometió.
Pero eso no fue todo. El RIGI, aprobado en el contexto de la Ley Bases, trajo aparejado una serie de cambios normativos que incidieron en las condiciones de vida de las poblaciones que residen en los territorios donde están emplazados los principales proyectos mineros y de hidrocarburos incorporados al régimen de incentivo. Así lo definió otro documento impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a diferentes autores.
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Los cambios normativos señalados tuvieron que ver con el espionaje sobre las organizaciones sociales y una política de militarización de los territorios a través de la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, que ya tuvo intervenciones en Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Santa Fe y Santa Cruz.
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Las falacias del RIGI
El RIGI es una falacia. El constructor de quimeras superavitarias, a la sazón también ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho durante un evento realizado en Nueva York, en septiembre de 2024, que este régimen de incentivo fiscal ya acumulaba anuncios que excedían los 50.000 millones de dólares. A las promesas se las lleva el viento.
La Fundación Encuentro llevó adelante un análisis pormenorizado de cada una de las propuestas. Los resultados son contundentes:
- De los 50.000 millones de dólares de Inversiones prometidos por el Gobierno, se aprobaron proyectos por 8.573 millones, es decir sólo el 17,1% de lo proyectado.
- De los 7 proyectos aprobados, solamente uno (1) fue diseñado después de la aprobación del RIGI. Los otros 6 eran proyectos ya habían sido anunciados previo a la sanción de la Ley de Bases.
- Si se toma en cuenta el único proyecto aprobado post sanción del RIGI (Parque Eólico Olavarría de PCR y Acindar), el Gobierno consiguió, en términos netos, sólo el 0,5% de las inversiones que prometió.
- Apenas se aprobaron proyectos en 4 de los 8 sectores estratégicos definidos en el RIGI (Petróleo y Gas, Energía, Minería y Siderurgia).
No hay nada nuevo bajo el sol. La lluvia de inversiones, en realidad, fueron anuncios previos, inversiones comprometidas con anterioridad a la existencia del RIGI. Mientras las empresas gozan de un régimen de estabilidad fiscal por 30 años, el Estado no estaría recibiendo nada.
Un ejemplo de ello ocurre con el proyecto de Río Tinto. Según el análisis de la Fundación Encuentro, la minera anglo-australiana prometió desembolsar 2.700 millones de dólares; sin embargo, el originen de su proyecto es previo al RIGI.
“Rio Tinto adquirió el proyecto Rincón en 2021 por USD 825 millones, y consiguió las aprobaciones australianas en marzo de 2022. En relación explícita con dicha adquisición enmarcada en su estrategia de litio, Rio Tinto firmó en julio de 2022 un Memorándum de Entendimiento con Ford para cadenas de suministro de materiales de baterías. El proyecto Rincón siguió el cronograma originalmente planteado para desarrollar carbonato de litio de grado de batería”, indicaron desde la Fundación.
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Río Tinto trabaja directamente para Ford, donde queda poco espacio para encadenamiento productivos locales. Detrás de Río Tinto también se encuentran otros grandes pulpos del mundo financiero. Los principales accionistas son BlackRock Investment Management (UK) Ltd (3,3%), The Vanguard Group (3,016%), BlackRock Fund Advisors (2,6%), SSgA Funds Management (1,045%) pero también la china Aluminum Corp. of China (14%). A nivel global, poseen un acuerdo de exclusividad con Tesla, propiedad de Elon Musk. En Argentina, también están interesados en la privatización del Belgrano Cargas.
Los beneficios fiscales del RIGI también llegarán para Posco (Corea del Sur); Ganfeng Lithium, Galán Lithium y Shandong Gold (China); Arcelor Mittal (India); Golar (Noruega); Shell y Harbour Energy (Reino Unido); Chevron (Estados Unidos); McEwen Copper y Barrick Gold (Canadá); y Glencore (Suiza).
En varios casos, estas firmas internacionales se asocian con compañías locales controladas por capitales extranjeros.
Precarizar rima con primarización de la economía
El centro de investigaciones Fundar había sido explícito en cuanto a los potenciales daños para el país si el RIGI llegaba a convertirse en ley. Los riesgos ya están aquí. “El proyecto busca consagrar de una vez y para siempre un patrón de especialización productiva de Argentina como mero exportador de commodities”, escribió Martín Reydó, director ejecutivo de Fundar.
“El régimen consiste en incentivar, por un período de 30 años, mediante políticas fiscales y aduaneras, un boom de inversiones en minería, petróleo y gas. Y probablemente también en inversiones agropecuarias. Ata al Estado argentino de pies y manos. Una combinación de privilegios al capital y de restricciones al bien colectivo”, puede leerse en un trabajo de Fundar.
Ahora también se le suma el análisis realizado desde la Fundación Encuentro, el think tank de Sergio Massa. “El RIGI fue objeto de controversia y resistencia. Organizaciones sociales, comunidades locales y sectores políticos cuestionaron el régimen por considerarlo una profundización del modelo extractivo y una entrega de recursos naturales a corporaciones extranjeras sin beneficios claros para el desarrollo local. Se argumentó que el RIGI favorecía la reprimarización de la economía”, puede leerse en el trabajo citado.
Hasta el momento, ninguno de los proyectos entró en operación, por lo que aún no se perciben nuevos flujos de exportación derivados ni efectos visibles en la actividad industrial. “Los datos macro sugieren que no hubo un boom de inversión extranjera. En 2025, el flujo neto de IED (Inversión Extranjera Directa) de Argentina siguió siendo débil o negativo (–USD 1.679 millones en la primera parte del año), lo que de continuar marcaría el peor registro en décadas”, concluyó el documento de la Fundación Encuentro.
¿Qué ocurre con las exigencias de generación de valor agregado y encadenamiento productivo para crear puestos de trabajo? Milei no mira estas variables.
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Otro trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) le puso datos a la (no) potencialidad de generación de nuevos empleos detrás del RIGI. “Si analizamos la incidencia que tienen estos sectores sobre el empleo registrado privado, encontramos que su participación es más bien marginal: 6,8% del total”, indicaron en un reciente informe vinculado al mundo del trabajo.
En cambio, indicaron desde el CEPA, el RIGI podría poner en jaque a la industria manufacturera, que genera el 18,6% del total de los puestos de trabajo, constituyendo la segunda actividad económica más importante en materia de empleo. Por ende, el RIGI no se proyecta en ser intensivo en la generación de puestos de trabajo. “Los sectores a los que implícitamente apunta el régimen son el de gas y petróleo, minería y sector agropecuario. Estos sectores hace quince años que no generan un número significativo de puestos de trabajo de manera directa (sólo 17 mil puestos) y solo representan el 6,8% del empleo total”, concluyó el CEPA.
Vigilar y castigar
El Observatorio del RIGI surgió como una iniciativa colaborativa que reúne a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Transnational Institute (TNI), el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Con este esquema de incentivos, la administración Milei llevó adelante toda otra serie de cambios normativos pensados para atraer dichas inversiones y brindarles a los dueños de esos proyectos seguridad, tanto jurídica como de mano dura.
El primer informe del Observatorio destacó tres movimientos sincrónicos:
- Neutralizar cualquier recurso legal o de política pública que las comunidades afectadas pudieran movilizar para resistir el extractivismo.
- Aumentar la vigilancia sobre los conflictos territoriales, impartiendo órdenes que incurren en la inteligencia ilegal.
- Generar la amenaza concreta de intervención policial para poner a fin a los conflictos.
Desde el punto de vista de la vigilancia, la filtración del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) –ahora objetado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, presidida por Martín Lousteau- evidenció que entre las prioridades de los servicios de inteligencia estaba “el monitoreo de la conflictividad socioambiental”.
En línea con la perspectiva negacionista del cambio climático que la administración Milei despliega en ámbitos internacionales, el PIN incluyó como asuntos de riesgo para la seguridad nacional tanto a las organizaciones ambientalistas con capacidad de incidencia política para “bloquear” proyectos extractivos, como a las comunidades indígenas que, por reivindicar el derecho a defender espacios de significación espiritual o sagrada pudieran obstaculizar inversiones.
El Gobierno también avanzó con la militarización de los territorios apenas sancionado el RIGI, a través de dos resoluciones de 2024 (499 y 893). De esta manera, el Ministerio de Seguridad creó la denominada “Unidad de Seguridad Productiva”, una forma de reagrupar efectivos de las fuerzas federales con el objetivo explícito de brindar seguridad a sectores de la economía. “La idea de seguridad productiva es un eufemismo para esconder la decisión de impedir cualquier protesta o conflicto que genere obstáculos para actividades como la minería extractiva, la explotación de hidrocarburos, el turismo o el agronegocio, es decir, los mismos sectores considerados estratégicos e incluidos en el RIGI”, señalaron Luna Miguens y Manuel Trufó (CELS).
El Gobierno se arrogó la definición de lo que puede ser estratégico o no, a través del decreto 1107/2024, sin ningún tipo de criterio de limitación; además facultó al Ministerio de Seguridad a solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para colaborar con la protección de esos objetivos si lo considerara necesario, sin pasar por el Congreso. El decreto lleva las firmas de Bullrich y Petri.
¿Cuáles son esos activos estratégicos vinculados al RIGI que se encuentran, actualmente, bajo la protección del Poder Ejecutivo? El Destape se lo preguntó al Ministerio de Seguridad a través de un pedido de acceso a la información pública. Las respuestas fueron vagas; no brindaron información específica sobre las empresas que estaban protegiendo. De todas maneras, de la contestación oficial surgen algunos indicios.
“Su creación responde a la necesidad de optimizar la organización y ejecución de tareas preventivas frente a delitos que afecten la propiedad, la integridad de las personas o cualquier acción delictiva que pueda poner en riesgo la actividad productiva. Ejemplos concretos de su ámbito de actuación incluyen los puertos, las empresas generadoras de empleo para millones de habitantes y el transporte ferroviario, entre otros”, respondió la cartera de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
En esta línea, la administración Nacional realizó “diversas intervenciones antibloqueo, afectando principalmente a los sectores de hidrocarburos, puertos y vías navegables, agroindustria, transporte y supermercados. “Estas acciones lograron asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones involucradas. Las provincias más afectadas por dichas intervenciones fueron Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Santa Fe y Santa Cruz”, respondieron desde Seguridad.
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