La Argentina se ubica en el segundo lugar de los países de América Latina y el Caribe con 65 demandas de arbitrajes internacionales desde la década del 90. Solo lo supera Venezuela con 66 juicios. El país ya pagó US$ 10.046 millones por 53 demandas (hay 12 que no están contabilizadas porque no se conoce el monto) y enfrenta todavía cuatro arbitrajes pendientes por US$ 900 millones, excluyendo el juicio que afronta YPF por la demanda iniciada en Nueva York por el fondo Burford por más de US$ 16.000 millones.
Los datos surgen del informe anual “Impactos de las demandas de arbitraje de inversores contra Estados de América Latina y el Caribe” -presentado en enero- del equipo argentino del Transnational Institute (TNI), una entidad con sede en Ámsterdam fundada en 1974 que realiza análisis detallados de las demandas de inversores en el mundo. El TNI destaca que el 80% de esos juicios son ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial). En el caso de la Argentina ese porcentaje asciende a un 94%.
Energía, minería e hidrocarburos
Los sectores de energía, minería e hidrocarburos totalizan 26 demandas contra la Argentina. Es decir, representan el 40% de los juicios. El sector financiero, agua y tratamiento de basura, construcción, información y manufactura agrupan al 60% restante. Durante más de 20 años, la Argentina fue el país con la mayor cantidad de demandas de inversores a nivel mundial (en 2024 quedó en segundo lugar). La primera oleada de juicios que tuvo fue por la ruptura de los contratos por la salida de la convertibilidad en 2002.
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Sin embargo, el TNI advierte que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) podría ocasionar una segunda oleada de demandas internacionales contra la Argentina si se produce una crisis económica.
De las 65 demandas contra la Argentina, cuatro aún siguen pendientes y 10 fueron discontinuadas (dejadas a un lado por el demandante). De los restantes 51 casos, 26 fueron decididos a favor del inversor, seis fueron para el Estado, una fue decidida a favor de ninguna de las parte y 18 terminaron en un acuerdo entre partes, que, en los hechos, generalmente beneficia al inversor,
“Podemos decir, entonces, que el 86% de las demandas ya resueltas contra la Argentina (sin contar las discontinuadas), terminaron con una decisión que fue beneficiosa para los inversores internacionales”, resalta el informe de TNI.
Pendientes
De las cuatro demandas pendientes contra la Argentina, la más significativa es la de Nationale – Nederlanden Holdinvesty por la estatización de las AFJP, que es por un monto de US$ 500 millones, según destaca TNI. Luego sigue la demanda de la firma española Aberdi por el juicio de Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste iniciado en 2023. El monto es por US$ 299.500 millones.
Luego aparece el juicio de BA Desarrollos LLC, firma ligada al empresario brasileño Edmond Safra, que fue por la escrituración de terrenos en el proyecto Catalinas Norte II en Retiro (CABA), por un monto de alrededor de US$ 50 millones. Por último figura el arbitraje iniciado por el conglomerado de Malasia llamado IJM Corporation Berhad, que inicio una demanda en 2019 contra la Argentina por US$ 51 millones por la anulación de ajustes tarifarios en la concesión del Grupo Concesionario del Oeste, el corredor Acceso Oeste del AMBA.
La última demanda que perdió la Argentina tuvo resolución el año pasado. La compañía estadounidense AES Corporation ganó el arbitre en el CIADI por US$ 716 millones (reclamaba casi US$ 2.000 millones). El juicio fue por la pesificación del contrato por la provisión de energía de la represa Alicurá de 2002, en la salida de la convertibilidad.
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