Los jueces de la Corte Penal Internacional han dictaminado que el expresidente filipino Rodrigo Duterte, de 80 años, está en condiciones de asistir a las audiencias previas al juicio y celebrarán una vista de confirmación de cargos el 23 de febrero, según informó el tribunal el lunes.
Su defensa había afirmado que Duterte, detenido en La Haya por asesinatos cometidos durante su guerra contra las drogas, no podía ser juzgado debido a su deterioro cognitivo.
Los jueces dijeron en un comunicado que un informe de expertos médicos independientes determinó que Duterte sería capaz de entender el proceso y participar.
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Recordaron que para que alguien sea considerado apto para participar en su caso basta con que tenga una amplia comprensión de los procedimientos, no que opere a su máximo nivel.
"La Sala está convencida, en derecho, de que el Sr. Duterte es capaz de ejercer efectivamente sus derechos procesales y, por tanto, es apto para participar en las diligencias previas", dijeron los jueces.
Es raro que los tribunales internacionales declaren a los sospechosos, incluso a los de edad avanzada, totalmente incapaces para el juicio. La CPI nunca ha declarado a un sospechoso no apto para el juicio a pesar de las peticiones de varios otros acusados.
Duterte fue presidente de Filipinas entre 2016 y 2022 y fue detenido y trasladado a La Haya el pasado marzo.
El abogado de Duterte, Nicholas Kaufman, dijo en un comunicado que la defensa estaba decepcionada después de que se le negara la oportunidad de presentar sus propias pruebas médicas y cuestionar las conclusiones ante el tribunal.
"La defensa pedirá permiso para apelar esta decisión y argumentar que al Sr. Duterte se le negó el debido proceso", dijo Kaufman.
Según los fiscales de la CPI, Duterte creó, financió y armó escuadrones de la muerte durante su guerra contra las drogas, en la que murieron miles de presuntos traficantes y consumidores de estupefacientes.
Los jueces también fijaron una nueva fecha para su audiencia de confirmación de cargos. Los fiscales quieren acusar a Duterte de tres cargos de asesinato como crimen de lesa humanidad que afectan a más de 75 víctimas, pero según el sistema de la CPI los jueces tendrán que confirmar los cargos tras audiencias separadas antes de que el caso pueda pasar a juicio.
Según la policía, 6.200 sospechosos murieron durante las operaciones antidroga llevadas a cabo bajo la presidencia de Duterte. Pero los activistas afirman que el número real de víctimas fue mucho mayor y el fiscal de la CPI ha dicho que podrían haber muerto hasta 30.000 personas.
Duterte insiste desde hace tiempo en que ordenó a la policía matar solo en defensa propia y siempre ha defendido la represión, diciendo en repetidas ocasiones a sus seguidores que estaba dispuesto a "pudrirse en la cárcel" si eso significaba librar a Filipinas de las drogas ilícitas.
Con información de Reuters
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