La séptima sesión plenaria de la Honorable Convención Constituyente de Formosa, realizada este miércoles 20, estuvo marcada por un profundo debate en torno a la reforma del artículo 71 de la Constitución provincial, con eje en la protección integral y la revalorización de los adultos mayores, lo que generó repercusiones positivas por parte de los convencionales presentes.
El convencional oficialista Edgar Pérez hizo hincapié en la inclusión económica y resaltó que Formosa es una de las tres provincias del país que otorgó rango constitucional al derecho a la jubilación y pensión. Señaló que este reconocimiento se sostiene en la decisión política de mantener la Caja de Previsión Social bajo administración provincial, sin haberla transferido a Nación, lo que garantiza autonomía y seguridad en los pagos.
“El 82% móvil que perciben nuestros jubilados y pensionados es posible gracias a la decisión de este gobierno justicialista de sostener la Caja de Previsión Social. Eso nos diferencia de muchas otras provincias”, afirmó Pérez en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).
En su discurso, también cuestionó la falta de envío de fondos por parte del Gobierno nacional para cubrir los déficits previsionales. “Nación tiene con Formosa una deuda acumulada que supera los 210.000 millones de pesos solo de capital. Esta actitud extorsiva busca condicionar a las provincias, pero en Formosa, gracias al superávit y al orden en nuestras cuentas públicas, se pagan las jubilaciones en tiempo y forma, incluso antes de finalizar el mes”, subrayó.
Pérez remarcó además que Formosa es la segunda provincia con la jubilación mínima más alta del país, con un piso garantizado de 656.000 pesos para agosto. “Esto no es porque el gobierno de Milei nos envíe fondos, ya dijimos lo que nos adeuda. Es por la decisión política de sostener nuestra caja provincial, lo que nos permite poner a nuestros jubilados en una situación diferente a la de otras provincias sujetas a ANSES, donde la jubilación mínima nacional apenas llega al 52,5%, alrededor de 384.000 pesos”, explicó.
Finalmente, el convencional advirtió sobre el contraste con la política previsional nacional. “Dios quiera que todos podamos llegar al jubileo y no a la penuria que hoy están atravesando los adultos mayores en el resto del país, golpeados por incrementos insuficientes y por un gobierno que además les aplica el peso de la represión”, concluyó Pérez.
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Por su parte, la convencional justicialista Alicia Edith Benítez fue la encargada de presentar la propuesta de modificación, destacando que el objetivo central es reconocer a las personas mayores como “activos protagonistas de esta sociedad”. Durante su exposición, sostuvo que la reforma busca garantizar derechos esenciales como la inclusión económica y sociocultural, el acceso a una vivienda digna, el disfrute del tiempo libre y la posibilidad de participar plenamente en la vida comunitaria.
“Las políticas públicas deben prever respuestas especiales para las personas mayores, con el objeto de asegurar el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, en particular su protección frente a situaciones de desamparo y la valorización de su rol en la sociedad”, resumió Benítez.
Los puntos claves de la reforma
Uno de los avances más destacados fue la incorporación de un nuevo artículo que eleva al Consejo de la Magistratura al rango constitucional, institucionalizando un organismo que hasta ahora funcionaba en base a la ley provincial vigente. Según el nuevo texto, el Consejo será el encargado de proponer ante la Legislatura candidatos para ocupar cargos de jueces y funcionarios del Ministerio Público. La selección se realizará a través de concursos de antecedentes y oposición, debiendo presentar listas de al menos tres postulantes. Asimismo, se establece que su funcionamiento será reglamentado por ley.
La convencional Blanca Almirón, encargada de presentar la propuesta, subrayó que se trata de un paso fundamental para garantizar la independencia judicial. “Entendemos que la justicia independiente es un pilar fundamental de la vida democrática y de la paz social. Por eso al elevar al Consejo de la Magistratura a rango constitucional no solo consolidamos lo que construimos en estos años, sino que enviamos un mensaje político claro: en Formosa no hay lugar para la improvisación ni para la justicia de privilegios. Aquí la justicia es del pueblo y para el pueblo”, expresó en el recinto.
En paralelo, el bloque justicialista presentó una modificación integral del artículo 71, con el objetivo de actualizar los derechos de los adultos mayores de acuerdo con las demandas actuales. El nuevo texto reconoce su derecho a la inclusión económica y sociocultural, al disfrute del tiempo libre, a una vivienda digna y a condiciones de convivencia que favorezcan su plena participación en la vida comunitaria.
La convencional Alicia Benítez, al exponer sobre esta modificación, destacó el cambio de enfoque que plantea la reforma. “Se centra en la protección integral y la revalorización del adulto mayor. Los adultos mayores pasan de ser beneficiarios pasivos a protagonistas sociales activos. Este nuevo artículo fortalece sus derechos en nuestra Constitución provincial”, afirmó.
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