Cuando más de 1.000 representantes de la sociedad civil acudieron a Sevilla esta semana para asistir a una conferencia de la ONU sobre financiación del desarrollo, sus expectativas ya eran bajas, pero el evento de cuatro días dejó a muchos frustrados y con la sensación de que sus voces habían sido reprimidas.
La cumbre, que se celebra una vez cada diez años, prometía reunir recursos que pudieran reducir el déficit de financiación estimado en 4,3 billones de dólares, necesarios para ayudar a los países en desarrollo a superar las crecientes dificultades de la deuda, los estragos del cambio climático o la desigualdad estructural, entre otros obstáculos.
Sin embargo, los Estados más ricos del mundo han recortando la ayuda y los préstamos bilaterales, al tiempo que dan cada vez más prioridad al gasto en defensa a medida que se intensifican las tensiones geopolíticas, lo que hace dudar de que el cauto optimismo expresado por la mayoría de los representantes asistentes sea realista.
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Varias organizaciones de la sociedad civil criticaron las medidas esbozadas en el documento final, el "Compromiso de Sevilla", que, en su opinión, había sido suavizado por los países más ricos, reacios a cumplir lo prometido. Otras criticaron lo que describieron como un enfoque del desarrollo que da prioridad al sector privado.
Arthur Larok, secretario general de ActionAid, afirmó que los países del sur global están "volviendo a casa con las manos vacías", mientras que los del norte lo hacen "libres de responsabilidad".
No obstante, algunas iniciativas —como la alianza para gravar a los superricos o los planes para imponer nuevas tasas a los vuelos de lujo y privados— fueron muy celebradas por los representantes de la sociedad civil.
Su principal queja fue la falta de acceso, alegando desde dificultades para obtener acreditaciones hasta la exclusión de las negociaciones clave, lo que llevó a los delegados de la sociedad civil a celebrar una protesta en la sede de la conferencia el último día.
"Hemos sido testigos de una oleada sin precedentes de restricciones y falta de atención a la voz de la sociedad civil", dijo a Reuters Oyebisi Babatunde Oluseyi, director ejecutivo de la Red de ONG de Nigeria, quien añadió que era necesario un nuevo mecanismo para insertar su perspectiva en la toma de decisiones a escala mundial.
La vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohamed, reconoció las quejas de las organizaciones de la sociedad civil en la rueda de prensa de clausura del jueves y dijo que la ONU se esforzaría por "ampliar el espacio" para ellas.
Hernán Sáenz, de Oxfam Internacional, advirtió de que, si la ONU cede a la tendencia mundial de reducir el espacio cívico, socavará su legitimidad como defensora de los derechos humanos.
En un comunicado conjunto, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron el domingo que el sistema financiero internacional es injusto y pidieron su "completa revisión".
A pesar del descontento generalizado, todos los representantes entrevistados por Reuters afirmaron que, en última instancia, creían en el sistema de la ONU.
Hirotaka Koike, miembro de la junta directiva de la ONG japonesa Centro para la Cooperación Internacional, dijo que lo hacía porque era el único lugar donde se trataba a todos los países por igual.
"Sí, hay burocracias; sí, hay muchos procesos. ¿Pero qué más tenemos?"
Con información de Reuters
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