La Convención Constituyente de Formosa concluyó su tercera semana en el proceso de reforma constitucional, aprobando una serie de modificaciones que dan paso a una serie de cambios estructurales en la Constitución provincial de Formosa. Durante el proceso, los convencionales debatieron en materia de protección laboral, justicia y derechos de cuarta generación.
Durante el lunes, uno de los cambios más relevantes fue la modificación del artículo 164, mediante el cual se eliminó la figura del Procurador General como integrante del Superior Tribunal de Justicia. A partir de ahora, ese cargo pasará a integrar el Ministerio Público junto con un Defensor General, siguiendo un modelo similar al establecido en la Constitución Nacional. Además, se ratificó que el Superior Tribunal estará conformado por cinco miembros, todos designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo, manteniendo el mecanismo de designación vigente.
Otro punto central fue la modificación del artículo 166, que establece un límite de edad de 75 años para los ministros del Superior Tribunal, con posibilidad de renovar el cargo por cinco años adicionales a pedido del magistrado, siempre que cuente con acuerdo del Poder Ejecutivo y Legislativo. Este mismo criterio se extendió al artículo 167, que regula la situación de jueces letrados, fiscales, asesores y defensores, quienes también tendrán como límite de ejercicio la edad mencionada.
La Convención también aprobó la incorporación de dos nuevos artículos que otorgan rango constitucional al Ministerio Público, definido como órgano autónomo dentro de la función judicial. Este estará encabezado por el Procurador General y el Defensor General, quienes deberán cumplir los mismos requisitos que los miembros del Superior Tribunal, además de compartir sus incompatibilidades, prohibiciones, inmunidades e inamovilidad. “Esta división refleja una visión republicana y de garantías, porque equilibra la persecución penal con el derecho de defensa”, afirmó la convencional Grisel Insfrán.
La sesión del miércoles
La Convención aprobó cambios en cinco artículos (69, 70, 100, 101 y 171) y sumó seis artículos nuevos, de los cuales tres corresponden directamente a los denominados derechos de cuarta generación. Estos apuntan a garantizar que todos los habitantes de Formosa tengan acceso equitativo a internet y a los avances científicos, que las tecnologías emergentes se desarrollen bajo parámetros éticos y soberanos, y que cada persona cuente con protección jurídica sobre su información genética y biomédica.
El primero de los artículos incorporados reconoce expresamente que el acceso a la conectividad y a internet es un derecho humano de cuarta generación. En este sentido, garantiza que dichos servicios sean universales, de calidad y gratuitos en el sistema educativo provincial, con el objetivo de reducir las desigualdades y facilitar la inclusión digital.
En línea con esta visión, los artículos 100 y 101 también fueron reformados para fortalecer la relación entre ciudadanía y ciencia. Ahora, la Constitución formoseña establece que todas las personas tienen derecho a apropiarse y beneficiarse del progreso científico, tecnológico y de la innovación.
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Un segundo artículo de nueva creación se centra en la regulación de tecnologías emergentes, como inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnología y robótica. El texto fija parámetros claros: todo avance en estas áreas deberá regirse por la soberanía tecnológica, la inclusión laboral y la apropiación social del conocimiento.
La sesión del viernes
El primer punto de debate fue el artículo 68, donde se incorporaron disposiciones que garantizan especial protección a la madre y al niño, comprometiendo al Estado a arbitrar recursos para su asistencia. La convencional Grisel Insfrán señaló que la reforma “reafirma el valor central de la familia, adaptándola a los cambios y desafíos presentes. Con estas incorporaciones se construye una norma que protege, incentiva y facilita la corresponsabilidad parental”.
El debate continuó con el artículo 85, donde se incluyó la protección explícita de las licencias remuneradas para mujeres embarazadas y el derecho al tiempo de lactancia en el ámbito laboral. La convencional Alicia Benítez valoró la medida como “un acto de justicia y reparación histórica hacia las mujeres, afirmando que su labor de cuidado tiene el mismo valor que cualquier otra contribución a la sociedad”.
Otro de los avances significativos se dio en torno al artículo 92, donde la cultura fue reconocida como un derecho humano y social fundamental. La reforma consagra a Formosa como una provincia multiétnica y pluricultural, incorporando de manera explícita a los pueblos originarios y reafirmando el respeto y apoyo a todas las manifestaciones culturales sin discriminación.
El artículo 94 incorporó un nuevo párrafo que determina que el Estado planificará, regulará y supervisará la educación impartida en establecimientos estatales y privados. Por su parte, el artículo 95 establece que la educación contará con recursos fijados por ley y asignados en el presupuesto provincial, sin posibilidad de ser redireccionados a otros fines.
La convención también aprobó un artículo que reorganiza disposiciones ya existentes para dotar de coherencia al régimen cultural y educativo. Allí se garantiza la obligatoriedad y gratuidad escolar desde los 5 años hasta la finalización de la educación secundaria, abarcando los niveles Inicial, Primario, Secundario y Superior, incluyendo institutos pedagógicos, técnicos, politécnicos y de formación docente.
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