Tras la primera semana de debate en la Legislatura provincial, el convencional constituyente Rodrigo Vera destacó las reformas introducidas durante este período, que incluyen la incorporación de nuevas causas provinciales, la protección de datos personales y la soberanía alimentaria como un derecho fundamental. Estas modificaciones buscan fortalecer el marco constitucional de Formosa y responder a las demandas actuales de la sociedad.
En diálogo con Agenfor, Vera aseguró que el bloque justicialista tiene "el corazón, la piel y la cabeza puesta en Formosa" y que, desde ese compromiso, trabajan con "responsabilidad y compromiso" para brindar al pueblo una Constitución renovada y acorde a sus necesidades. Además, cuestionó la actitud del bloque libertario, cuyos miembros se retiraron del recinto durante la sesión del viernes. "Quedan en evidencia ante sus propios votantes", afirmó, y agregó: "Un ciudadano se preguntará para qué votar a quienes no trabajan, no participan en las comisiones y se levantan para irse, convirtiendo sus votos en papel mojado".
La importancia del trabajo de los convencionales constituyentes
Vera calificó como una "falta de respeto" hacia la ciudadanía la actitud del bloque libertario, señalando que quienes confiaron en ellos esperaban un trabajo serio en la Convención Constituyente. “Lo que están demostrando es algo muy pobre”, afirmó.
En esa línea, Vera enfatizó que el accionar de La Libertad Avanza (LLA) no modifica ni afecta en lo más mínimo el compromiso asumido por el bloque oficialista. “No nos mueve ni un centímetro el compromiso que tenemos de cumplir con la palabra empeñada y brindar a la provincia la mejor Constitución posible”, afirmó.
Las modificaciones aprobadas en la reforma constitucional de Formosa
Entre las modificaciones más destacadas se encuentran la incorporación de causas estratégicas como la defensa de las Islas Malvinas y la del río Pilcomayo, así como la oficialización de los símbolos provinciales. Además, se amplió la protección contra la discriminación, incluyendo motivos como el género y la condición socioeconómica; se mejoraron los mecanismos de amparo para la protección de derechos y se estableció el derecho a la identidad, además de la creación de un registro civil unificado en toda la provincia.
Se creó un nuevo capítulo sobre Régimen Ambiental que reconoce el derecho al agua potable y obliga al Estado a gestionar de manera sostenible los recursos hídricos. La reforma del régimen económico busca modernizar la estructura productiva, fomentando la justicia social y la equidad territorial. Se reforzó el papel del capital al servicio del bien común y se amplió el apoyo a las cooperativas y la economía del conocimiento.
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Finalmente, se estableció la soberanía alimentaria como un principio constitucional y se redefinió la tierra rural para que cumpla funciones sociales y ambientales, y se promovió la titularización legítima y la regulación de los loteos bajo criterios de sostenibilidad.
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