Tras las elecciones legislativas del pasado 29 de junio, la provincia de Formosa se prepara para iniciar el camino hacia la reforma de su Constitución provincial con la elección de los convencionales constituyentes. En las próximas semanas se concretará el juramento de los electos, para luego dar comienzo a las sesiones que se llevarán adelante en la Legislatura provincial, según informaron a NEA Hoy.
Si bien aún no se fijó una fecha exacta para la primera sesión, desde este jueves empezará a correr un plazo máximo de 10 días para que los 30 convencionales constituyentes presten juramento y se inicien formalmente las deliberaciones destinadas a reformar la Carta Magna provincial.
A diferencia de otros cuerpos legislativos, la Convencional Constituyente de Formosa no requiere mayorías especiales para sancionar los artículos: alcanza con una mayoría simple de 16 votos para aprobar cualquier punto del nuevo texto constitucional. Además, una vez que los convencionales prestan juramento, tienen un plazo máximo de tres meses para debatir y aprobar la reforma.
Cabe destacar que, de acuerdo al escrutinio definitivo, la integración de la Convención Constituyente quedó conformada con 21 convencionales por el Frente de la Victoria (Partido Justicialista), 6 convencionales por la Confederación Frente Amplio Formoseño, y 3 convencionales por La Libertad Avanza, destacándose así la solidez del oficialismo.
Incorporación de derechos de cuarta generación
Uno de los aspectos centrales que busca abordar esta reforma es la ampliación del catálogo de derechos. El flamante convencional constituyente, Rodrigo Vera, explicó que, además de los derechos civiles, sociales y colectivos ya consagrados, se impulsará la incorporación de los llamados derechos de cuarta generación: “Estos derechos responden a los desafíos del presente y del futuro. Hablamos del acceso universal a la conectividad, la tecnología y el conocimiento, que deben ser garantizados por el Estado para evitar que las desigualdades digitales profundicen las brechas sociales”, argumentó.
Asimismo, se plantea reconocer como derechos fundamentales el acceso al agua potable y a la energía, tomando como referencia la reforma constitucional impulsada por La Rioja en 2022. “El agua y la energía no pueden quedar libradas al mercado. Son condiciones básicas de ciudadanía. Si un gobierno deja de invertir en obras como el acueducto del desarrollo o en la diversificación energética, la mitad de la provincia puede quedar a la deriva. Por eso, esos proyectos deben ser causas provinciales”, indicó.
Otro de los ejes clave de la reforma será la inclusión de herramientas de control para el endeudamiento provincial, para proteger el equilibrio fiscal que ha caracterizado al modelo formoseño. “El superávit no puede ser solo una decisión política de un gobierno. Debe estar en la Constitución. También necesitamos reglas claras sobre cuándo, cómo y con qué controles se puede endeudar la provincia”, puntualizó Vera.
También se analiza constitucionalizar la responsabilidad indelegable del Estado en áreas como salud y educación, garantizando no sólo su continuidad, sino también su calidad. “No es solo garantizar el acceso. Es asegurar que haya inversión, infraestructura, personal capacitado y una planificación a largo plazo”, concluyó.
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