La Legislatura de Formosa abrió una nueva etapa en el debate institucional con la aprobación de modificaciones sustanciales a la Constitución provincial. En la novena sesión plenaria de la Convención Constituyente, realizada este lunes por la tarde, se sancionaron reformas que redefinen la organización del Poder Judicial y del Tribunal de Cuentas, con el objetivo de actualizar la Carta Magna y adecuarla a los estándares que plantea la Constitución Nacional y las necesidades actuales de la provincia.
La jornada inició con un pedido de cuarto intermedio formulado por el convencional Rodrigo Vera, destinado a que el bloque opositor definiera suplentes para cubrir bancas vacantes. Luego de la pausa, la presidenta de la Convención, Graciela de La Rosa, tomó juramento a los convencionales Esteban Rubén Servín (Viva Formosa Libre) y Fabián Firman (Libertad, Trabajo y Progreso), ambos del lema Confederación Frente Amplio Formoseño, quienes se incorporaron formalmente a las deliberaciones.
Uno de los cambios más relevantes fue la modificación del artículo 164, mediante el cual se eliminó la figura del Procurador General como integrante del Superior Tribunal de Justicia. A partir de ahora, ese cargo pasará a integrar el Ministerio Público junto con un Defensor General, siguiendo un modelo similar al establecido en la Constitución Nacional. Además, se ratificó que el Superior Tribunal estará conformado por cinco miembros, todos designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo, manteniendo el mecanismo de designación vigente.
“Estamos debatiendo la garantía misma de la justicia, la seguridad jurídica y la confianza de nuestros ciudadanos en las instituciones. Se define una estructura ordenada, coherente y eficiente que permite una correcta administración de justicia”, sostuvo la convencional oficialista Valeria Méndez, al presentar el articulado.
La discusión se enriqueció con la propuesta de la convencional Nilda Aguayo, del Frente Amplio Formoseño, quien planteó incorporar la paridad de género en la composición del Superior Tribunal. La moción fue aprobada por unanimidad y garantiza que la igualdad de género se promueva como criterio rector en la integración de los órganos judiciales superiores.
Otro punto central fue la modificación del artículo 166, que establece un límite de edad de 75 años para los ministros del Superior Tribunal, con posibilidad de renovar el cargo por cinco años adicionales a pedido del magistrado, siempre que cuente con acuerdo del Poder Ejecutivo y Legislativo. Este mismo criterio se extendió al artículo 167, que regula la situación de jueces letrados, fiscales, asesores y defensores, quienes también tendrán como límite de ejercicio la edad mencionada.
Durante el debate, el bloque mayoritario aceptó cambios de redacción propuestos por la oposición. Así, la tradicional fórmula “hasta que dure su buena conducta” fue reemplazada por una referencia más precisa a la “idoneidad y buen desempeño”, como criterios que regulan el ejercicio de los cargos judiciales.
La Convención también aprobó la incorporación de dos nuevos artículos que otorgan rango constitucional al Ministerio Público, definido como órgano autónomo dentro de la función judicial. Este estará encabezado por el Procurador General y el Defensor General, quienes deberán cumplir los mismos requisitos que los miembros del Superior Tribunal, además de compartir sus incompatibilidades, prohibiciones, inmunidades e inamovilidad. “Esta división refleja una visión republicana y de garantías, porque equilibra la persecución penal con el derecho de defensa”, afirmó la convencional Grisel Insfrán.
Finalmente, se sancionaron reformas al artículo 150 vinculadas al Tribunal de Cuentas. A partir de ahora, ya no será obligatorio que el presidente sea abogado ni que los vocales sean exclusivamente contadores. En su lugar, se amplía el perfil profesional requerido a las ciencias jurídicas o económicas, con el fin de diversificar las capacidades del organismo. El mandato de sus miembros quedó fijado en ocho años, con posibilidad de una sola reelección.
La convencional Gisela Pratti destacó la importancia de estos cambios: “Se trata de un paso hacia un Tribunal más flexible en su conformación, más riguroso con sus integrantes y más previsor en cuanto a su renovación. Introduce un balance más acorde a los tiempos que vivimos, con una mirada moderna tanto en la constitución como en las instituciones”.
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