La Convención Constituyente de Formosa dio un paso trascendental al aprobar una reforma que coloca en el centro a los derechos de cuarta generación, vinculados a la ciencia, la tecnología, la conectividad, la identidad digital y la protección frente a los riesgos de las nuevas tecnologías. La decisión, que se tomó en la décima sesión plenaria realizada en la Legislatura provincial, actualiza el texto constitucional a los desafíos de la era digital y lo alinea con las discusiones más avanzadas en materia de derechos humanos en el mundo.
La reforma aprobó cambios en cinco artículos (69, 70, 100, 101 y 171) y sumó seis artículos nuevos, de los cuales tres corresponden directamente a los denominados derechos de cuarta generación. Estos apuntan a garantizar que todos los habitantes de Formosa tengan acceso equitativo a internet y a los avances científicos, que las tecnologías emergentes se desarrollen bajo parámetros éticos y soberanos, y que cada persona cuente con protección jurídica sobre su información genética y biomédica.
El primero de los artículos incorporados reconoce expresamente que el acceso a la conectividad y a internet es un derecho humano de cuarta generación. En este sentido, garantiza que dichos servicios sean universales, de calidad y gratuitos en el sistema educativo provincial, con el objetivo de reducir las desigualdades y facilitar la inclusión digital.
El texto también compromete al Estado a impulsar políticas de alfabetización digital y tecnológica, especialmente dirigidas a los sectores más vulnerables, para evitar que la revolución digital genere nuevas brechas de exclusión. La formación de docentes, el equipamiento de escuelas y la promoción del acceso comunitario a las tecnologías forman parte de este mandato.
“Lo que se busca es garantizar que ningún formoseño quede afuera de la economía del conocimiento, que la conectividad se entienda como un bien público esencial y no como un privilegio”, explicó en el debate el convencional Rodrigo Vera, miembro informante del bloque oficialista.
En línea con esta visión, los artículos 100 y 101 también fueron reformados para fortalecer la relación entre ciudadanía y ciencia. Ahora, la Constitución formoseña establece que todas las personas tienen derecho a apropiarse y beneficiarse del progreso científico, tecnológico y de la innovación.
El Estado provincial, además, deberá organizar un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación Abierta, fomentar polos tecnológicos y parques de innovación, y promover la radicación de profesionales en áreas estratégicas. En la práctica, esto implica reconocer que la soberanía tecnológica y la inclusión digital son condiciones indispensables para un desarrollo con justicia social y equidad territorial.
“El acceso al conocimiento y a la innovación es hoy un derecho humano. Incorporarlo con rango constitucional nos permite blindarlo como política de Estado y evitar que quede sujeto a vaivenes coyunturales”, señaló el convencional Muracciole.
Un segundo artículo de nueva creación se centra en la regulación de tecnologías emergentes, como inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnología y robótica. El texto fija parámetros claros: todo avance en estas áreas deberá regirse por la soberanía tecnológica, la inclusión laboral y la apropiación social del conocimiento.
A su vez, exige que el desarrollo de estas tecnologías respete los derechos humanos, la democracia, el control humano, la transparencia y la evaluación de impactos sociales y ambientales. De esta manera, Formosa se adelanta a debates globales sobre los riesgos de la inteligencia artificial o la biotecnología aplicada sin controles.
“Los derechos de cuarta generación no son un lujo, son una necesidad. Nos permiten proteger a la sociedad de posibles abusos y orientar la innovación hacia el bien común”, argumentó Vera.
El tercer artículo incorporado abre una dimensión inédita en las constituciones provinciales: el derecho a la identidad genética y a la protección de datos biomédicos. El texto garantiza el consentimiento informado para el uso de información genética, la confidencialidad y la prohibición de su utilización con fines comerciales o discriminatorios.
Además, introduce el habeas data genético, que permitirá a cada ciudadano exigir corrección o eliminación de datos en caso de uso indebido. Con esta medida, Formosa se posiciona a la vanguardia en la defensa de la privacidad y los derechos individuales en el campo científico y sanitario. Por último, la presidenta de la Convención, Graciela De La Rosa, destacó que estas reformas son “un salto cualitativo que moderniza la Constitución provincial y reconoce a los formoseños derechos que el mundo recién empieza a discutir”.
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