Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, aquel 10 de diciembre de 2023, la motosierra libertaria se centró en recortar cualquier tipo de inversión pública en infraestructura para las provincias, con una caída del 83% en términos reales de la inversión en obra pública durante el período enero – octubre del 2024, según destacó la Fundación Éforo. Entre los tantos sectores que se vieron perjudicados por el ajuste indiscriminado contra el pueblo, uno de los que más preocupación genera es el de la seguridad vial: las rutas nacionales se encuentran en un momento crítico por el abandono de la gestión libertaria, por lo que desde Formosa tomaron cartas en el asunto para revertir esta situación en el norte.
El pasado viernes, el Juzgado Federal N°1 de Formosa hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Fundación Padres Unidos por el Dolor, el Sindicato de Camioneros y la Asociación de Transportadores de Hacienda, quienes solicitaron la reparación urgente de las Rutas Nacionales 11, 81, 86 y 95 en territorio provincial. La demanda estuvo patrocinada por el Defensor del Pueblo de Formosa y apuntó directamente contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por incumplimiento de sus obligaciones legales de mantenimiento.
El Destape dialogó con Alberto Daniel Gaúna, presidente de la Fundación Unidos por el Dolor y la Red del Norte Grande, uno de los principales impulsores de la demanda a través de la Defensoría del Pueblo, la cual exige al Gobierno nacional que ejecute trabajos de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas en un plazo de 90 días. “Tenemos un abandono total de estas rutas, un deterioro que las deja totalmente intransitables”, relató el titular de la fundación.
“Es una estafa que, a través de la venta de combustible, el Estado recibe cierta cantidad de dinero el cual debe ser devuelto para la reparación de las rutas nacionales a través de obra pública, y eso actualmente no se está haciendo”, agregó Gaúna. Y es que la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), cuya mayor parte se destina a fondos para obras viales, no solo no va dirigida a las obligaciones correspondientes del Estado nacional, sino que además tuvo un crecimiento interanual de 34% en términos reales (contemplando la inflación), según detalló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Si bien las consecuencias de esta política no sorprenden, tampoco dejan de causar repudio: en marzo de este año un siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 11 dejó un saldo de cinco víctimas fatales y varios heridos, en una de las zonas con mayor deterioro por falta de inversión. “En la Ruta Nacional N° 86 también un par de víctimas fatales por el mal, ese sigue totalmente el deterioro total de la 86 en un tramo importantísimo que es intransitable, así que quedan localidades separadas, aledañas y sin comunicación. Hay muchas familias que trabajan y que tienen que salir por esa ruta”, subrayó Gaúna.
No es menor señalar que la Fundación Unidos por el Dolor fue constituida por la familia Gaúna tras un hecho de tránsito donde el hijo de su presidente perdió la vida, un 8 de agosto de 2015: "Desde ese momento decidimos junto a otras familias que también pasaban por la misma tragedia para crear esta fundación”. Por eso, frente al modelo del “sálvese quien pueda” que propone Milei, el formoseño pone en valor el acompañamiento integral en materia de vialidad que lleva a cabo el Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán.
“Dentro de la provincia nosotros trabajamos con el Director Provincial de Seguridad Vial, Fernando Inchausti, y tenemos una respuesta totalmente diferente al Estado nacional. Donde hay un inconveniente en las rutas provinciales, ellos están dispuestos a escuchar y, sobre todo, reparar inmediatamente”, destacó. Aún así, el trabajo de la gestión provincial no solo se remite al accionar en la obra pública, sino que también se llevan a cabo programas de concientización sobre seguridad vial y un trabajo intensivo de prevención por parte de la Policía Provincial, logrando así reducir un 54% los siniestros viales en 2024.
A través de la Red del Norte Grande, según adelantaron, buscarán impulsar a través de distintos referentes provinciales que esta medida cautelar apoyada por la justicia se replique en el resto del Norte Grande, una de las zonas más perjudicadas por el recorte nacional.
Con esta situación de total abandono generalizado, inédita en la historia argentina, junto a la falsa promesa de la baja de impuestos bajo políticas económicas neoliberales, el Gobierno nacional genera un extractivismo fiscal hacia las provincias para disfrazar un superávit ficticio sustentado a través del abandono del sector más vulnerable de la Nación: el pueblo argentino.
Sin embargo, estas fundaciones actúan como catalizadoras de reclamos sociales y se mantienen de pie en tiempos difíciles, erigiéndose así como un oasis de justicia social en un desierto de individualismo, fieles al compromiso de construir una alternativa más humanitaria.
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