En un contexto nacional atravesado por recortes en el sistema sanitario y mayores dificultades para acceder a medicamentos, la provincia de Formosa impulsa una estrategia de soberanía sanitaria basada en la producción pública de fármacos a través del laboratorio provincial Laformed. La iniciativa busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales dentro del sistema público de salud, especialmente para los adultos mayores, uno de los sectores más afectados por la crisis del sistema sanitario nacional.
Desde el Gobierno provincial sostienen que esta política apunta a asegurar la provisión de medicamentos de alta demanda y evitar que los pacientes interrumpan tratamientos por problemas de acceso o costos. En ese sentido, Laformed produce medicamentos esenciales que se distribuyen en hospitales y centros de salud de toda la provincia.
Los fármacos son elaborados por profesionales formoseños en instalaciones del laboratorio provincial, que forma parte de una estrategia sanitaria orientada a fortalecer la producción local y garantizar el abastecimiento permanente dentro del sistema público. Entre los medicamentos producidos se encuentran tratamientos utilizados para controlar enfermedades cardiovasculares y la presión arterial, patologías que afectan con mayor frecuencia a la población adulta mayor.
Durante 2025, el laboratorio produjo 348.730 comprimidos de Amlodipina, 90.300 comprimidos de Enalapril de 5 mg y 25.090 comprimidos de Enalapril de 20 mg, medicamentos utilizados para tratar hipertensión arterial y otras afecciones cardíacas. Además, el sistema público provincial fabricó 1.250.040 comprimidos de ibuprofeno y 714.900 comprimidos de paracetamol, lo que permitió reforzar la disponibilidad de analgésicos y antipiréticos en hospitales y centros de atención primaria.
Desde la provincia explican que la producción pública de medicamentos es una herramienta estratégica para reducir la dependencia de proveedores externos y asegurar el abastecimiento en momentos de dificultades económicas o recortes presupuestarios. El objetivo es garantizar que los pacientes del sistema público puedan sostener sus tratamientos, particularmente aquellos que requieren medicación permanente para enfermedades crónicas.
Esta política cobra especial relevancia en el actual escenario nacional, donde distintos sectores del sistema sanitario advierten sobre las consecuencias de los recortes en salud y las restricciones en la cobertura de medicamentos para jubilados. Según el Anuario de Estadísticas Vitales, en 2024 se registraron 21.276 fallecimientos más que en 2023 entre personas mayores de 65 años, lo que representa un aumento cercano al 9,5% en la mortalidad de ese grupo etario.
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Especialistas vinculan esta situación con distintos factores, entre ellos la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, estimada en alrededor del 27,4%, y las restricciones implementadas en el sistema de medicamentos gratuitos del PAMI, que dejaron sin cobertura a millones de jubilados.
El médico sanitarista Oscar Atienza advirtió que la interrupción de tratamientos para enfermedades crónicas puede tener consecuencias graves. “La falta de medicación para patologías como la hipertensión puede derivar en infartos o accidentes cerebrovasculares”, explicó el especialista, al señalar que la continuidad de los tratamientos es clave para evitar complicaciones.
A este escenario se suma el desabastecimiento registrado en farmacias de distintas provincias, vinculado en algunos casos a demoras en los pagos a proveedores del sistema sanitario. Frente a este panorama, desde el Gobierno de Formosa remarcan que la producción pública de medicamentos se convirtió en una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la salud.
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