En medio del debate por la reforma laboral, Tucumán volvió a quedar en el centro de la polémica. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció demoras en los pagos del Programa Intercosecha, que depende del Ministerio de Capital Humano de la Nación, en un contexto de ajuste y revisión de políticas sociales.
El Programa Intercosecha está destinado a trabajadores rurales estacionales, principalmente del citrus, y garantiza un ingreso mínimo durante los meses sin actividad. Los desembolsos son administrados por la cartera que conduce Sandra Pettovello, responsable de autorizar los pagos.
En una provincia con fuerte estacionalidad productiva, el beneficio funciona como respaldo para miles de familias. Sin embargo, en las últimas semanas los trabajadores llegaron a acumular dos meses de deuda, lo que derivó en protestas y reclamos ante la Secretaría de Trabajo.
El pasado 30 de enero, la Secretaría de Trabajo de la Nación fue escenario de protestas encabezadas por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). El Destape se comunicó con Germán Ferrari, delegado tucumano de UATRE, quien aseguró que tras la movilización que realizaron, pagaron 2 meses juntos para los trabajadores, aunque aún falta el pago del corriente mes.
Más allá de la discusión sindical, el foco político se desplazó rápidamente hacia el Gobierno nacional y su política de recorte del gasto social. La falta de pago del Intercosecha se produce bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, responsable de autorizar y ejecutar los desembolsos.
Un plan de lucha contra los trabajadores
El gobernador Osvaldo Jaldo aportó el voto positivo de Tucumán a la reforma laboral a través de la senadora Beatriz Ávila, integrante del Bloque Independencia y alineada políticamente con el mandatario provincial. De este modo, la provincia se posicionó a favor de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei en una votación clave.
En el Senado, el proyecto fue aprobado en general con 42 votos afirmativos y 30 negativos, sin abstenciones, y ahora deberá tratarse en la Cámara de Diputados. El Ejecutivo aspira a convertirlo en ley durante las sesiones extraordinarias para incluirlo en el discurso de Apertura de Sesiones Legislativas del 1° de marzo.
La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores del radicalismo y bloques provinciales. En ese esquema, Ávila fue la única representante tucumana que acompañó la propuesta. Durante su intervención, destacó la exclusión del capítulo fiscal que proponía reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 30% al 27%, al señalar que esa modificación habría significado una merma estimada de $80.000 millones para la provincia. No obstante, expresó su apoyo al eje central de la reforma y planteó que debería complementarse con transformaciones estructurales.
“La reforma laboral por sí sola no va a crear empleo de ninguna manera”, afirmó la senadora, al señalar que debía ir acompañada de reformas impositivas, tributarias y financieras para reactivar el aparato productivo, especialmente en las economías regionales. Aun así, consideró que la iniciativa ayudaría a “ordenar y modernizar” las reglas del mercado de trabajo.
En la vereda opuesta, la senadora tucumana Sandra Mendoza, del bloque Convicción Federal, votó en contra del proyecto y cuestionó su orientación general. Si bien celebró la eliminación del capítulo impositivo, sostuvo que la ley mantiene un enfoque de recorte de derechos laborales y advirtió que los cambios finales se conocieron una vez iniciada la sesión. “No puedo acompañar una ley que no trae beneficios concretos para los trabajadores”, expresó.
Mendoza remarcó que la reforma afecta conquistas históricas como las indemnizaciones, las vacaciones y la organización sindical, y consideró que una reforma laboral, sin un modelo de desarrollo económico que reactive el consumo, no genera empleo genuino. En la misma línea, el exgobernador Juan Manzur, senador por el bloque kirchnerista, también votó en contra del proyecto, aunque sin realizar intervenciones durante el debate.
En este escenario, la falta de pago del Intercosecha aparece para amplios sectores sociales como el correlato concreto del rumbo económico y laboral que impulsa el Gobierno nacional y que encuentra respaldo político en la gestión provincial de Jaldo. Mientras el Ejecutivo nacional avanza con una reforma que flexibiliza las condiciones de trabajo, miles de trabajadores rurales tucumanos permanecen sin el ingreso que el propio Estado prevé para la temporada baja.
La combinación de ajuste social, demoras en programas de asistencia laboral y respaldo provincial a las reformas nacionales profundiza la tensión en una provincia donde el trabajo estacional y la precariedad estructural son parte central de la matriz productiva. En ese cruce entre Nación y Provincia, el debate sobre el Intercosecha dejó de ser un reclamo sectorial para convertirse en un síntoma político del impacto que las decisiones económicas nacionales tienen sobre la realidad social tucumana.
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