La Cámara Federal de Resistencia confirmó una medida cautelar que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a reparar, en un plazo máximo de 90 días, distintos tramos deteriorados de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95 en Formosa. La resolución, dictada por el Juzgado Federal N.º 1 de Formosa, apunta a reducir los riesgos para el tránsito derivados del avanzado estado de deterioro de esos corredores.
El tribunal rechazó el recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la orden del juez Pablo Morán, que dispone la ejecución de obras urgentes de bacheo, relleno de protuberancias, sellado de grietas y mantenimiento general, además de la limpieza de banquinas en los puntos críticos identificados en el expediente.
La demanda fue impulsada por la Fundación Unidos por el Dolor, la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA) y el Sindicato de Choferes de Camiones y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de Formosa. Las organizaciones advirtieron sobre el incremento de siniestros viales y daños materiales que vinculan con el mal estado de la calzada.
Según los denunciantes, la falta de mantenimiento afecta tanto a transportistas como a automovilistas particulares y pone en riesgo la integridad de quienes circulan por rutas clave del NEA.
Con la confirmación de la Cámara, la DNV queda obligada a cumplir la cautelar, ejecutar las obras dentro de los plazos fijados y garantizar condiciones mínimas de seguridad vial en los corredores alcanzados por el fallo.
Las rutas nacionales sin mantenimiento
Los efectos del desfinanciamiento y los recortes del Gobierno nacional, conducido por Javier Milei, impactan en la seguridad de las rutas nacionales. En Formosa, el Distrito 22 de Vialidad Nacional solicitó una prórroga al Juzgado Federal Nº 1 para completar las reparaciones de los puntos críticos de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. El pedido se fundamenta en la falta de recursos económicos, humanos y materiales, lo que impidió cumplir en tiempo y forma con la resolución judicial que ordenaba la ejecución urgente de obras de reacondicionamiento vial.
El requerimiento de Vialidad surge a raíz de una acción judicial presentada a mediados de junio por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, a cargo de José Leonardo Gialluca, ante el preocupante estado de abandono de las principales vías nacionales. En respuesta, el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Pablo Morán, había dispuesto, en el marco de la causa "Fundación Padres Unidos Por El Dolor y Otros c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Incidente de Medida Cautelar", que el organismo nacional debía iniciar trabajos de reparación en un plazo de noventa días.
El fallo judicial se basó en un informe pericial que detallaba múltiples deficiencias: tramos intransitables, baches y desniveles en calzadas, banquinas deterioradas, declives abruptos en los extremos de los puentes y una deficiente señalización que pone en riesgo la seguridad de los usuarios.
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