Bolivia: otro eslabón débil del "Escudo" de Trump

A menos de siete meses de asumir la presidencia de Bolivia, Rodrigo Paz enfrenta una masiva ola de protestas y el fantasma de la renuncia agitado desde la izquierda pero también desde la ultraderecha. Su gestión desnudó que aplicar recetas de ajuste a la vez que se excluye la representación popular no es gratis en un país con estructuras sindicales y sociales fuertes. Sin base propia, el mandatario resiste sostenido casi exclusivamente por el blindaje de Washington y sus aliados regionales. Ahora, Paz se enfrenta al dilema de reforzar una coalición de derecha o ceder algo de poder a los sectores que lo llevaron a la presidencia.

Calles vacías, otras desbordadas, con autos incendiados y bancos cerrados. Sindicatos, mineros, trabajadores del transporte y grupos rurales e indígenas protestan desde principios de mes en contra de las medidas de austeridad del primer mandatario que no pertenece a la izquierda desde hace casi 20 años. El miércoles, finalmente Paz respondió a semanas de reclamos. El presidente anunció cambios en su gabinete, pero no dio detalles de esta reorganización. “Desde el gobierno quiero anunciar que no solo vamos a realizar una remodelación del gabinete, porque tenemos que remodelar un gabinete que tenga capacidad de escuchar”, dijo. Un cambio de piezas sin calendario ni detalles para algunos manifestantes no es suficiente ya que muchos siguieron pidiendo directamente su renuncia.

¿Se puede gobernar Bolivia desde un despacho dándole la espalda a la calle? El caso de Rodrigo Paz podría ser una muestra de que esa decisión tiene, al menos, costos altos. Queda cada vez más claro que el presidente traicionó su propia base de sustentación y la respuesta en las calles y plazas no tardó en llegar.

“Hay que entender el carácter de la movilización, esta tiene que ver con que son los votantes de Rodrigo Paz los que se están manifestando. Paz no se encumbró en el poder con la derecha, sino que lo hizo con la izquierda. Y esta izquierda o ese bloque social más amplio no se ha sentido incluido en el gobierno”, dijo a El Destape Susana Bejarano, politóloga boliviana, y agregó: “Paz tiene a la derecha integrada en su gobierno, gente del agro, de las empresas, etc. Pero no tiene al movimiento popular”.

El bloque social que lo llevó al poder fue popular e indígena, pero al asumir, en primer lugar armó un gabinete de tecnócratas de clase media y empresarios, dejando afuera a los sectores populares y en segundo lugar sus políticas no se dirigieron a estos últimos.

En cuanto al primer punto, Paz anunció cambios pero hasta el momento se mostraron insuficientes y hasta paradójicos. “Renunció el ministro de Trabajo que era el único del gabinete de origen aymara y que era importante porque fue el que logró la articulación entre las organizaciones sociales y el binomio Paz y su vicepresidente Edmand Lara. Se va y dice ‘no puedo seguir viendo a mi pueblo movilizado sin ningún tipo de salida’. Y el que lo reemplaza es un constitucionalista también de origen aymara y paceño pero un renegado de las organizaciones sociales, de la Central Obrera Boliviana (COB), y que es alguien que ha presentado la ley en contra de los bloqueos con una penalización de 20 a 30 años de cárcel. Por supuesto, la COB ha salido a marchar pidiendo su renuncia”, explicó Bejarano.

En el segundo punto, la agenda de gestos y políticas de Paz, el giro liberalizador fue explícito. Además de su búsqueda de financiamiento de los organismos internacionales de crédito y la apertura de las puertas de Bolivia a la DEA, a nivel interno dio varios golpes al bolsillo de los bolivianos: sacó el subsidio al combustible para frenar la pérdida de divisas a la vez que indexó el precio del diésel al valor internacional y se importó lo que llamaron “gasolina basura” o de baja calidad; retiró un subsidio a la harina y provocó que el precio del pan casi se triplicara —pasando de 30 a 80 centavos—; eliminó el impuesto a las grandes fortunas, que lo pagaba un bajo porcentaje de la población. “El simbolismo queda. Subís el precio del pan y en paralelo se les quitan los impuestos a los ricos”, dijo Bejarano.

Con el tema de la “gasolina sucia” que se importó hay denuncias de al menos 60.000 vehículos registrados que sufrieron daños y aunque el gobierno prometió pagar los arreglos, las trabas burocráticas impidieron que los sectores populares y transportistas recuperaran la plata de los arreglos. A eso se suma el lucro cesante por haber estado parados y del que nadie se hace cargo. Y mientras tanto, la escasez de diésel sigue, lo que genera largas filas para conseguirlo y los sobreprecios también.

Paz también avanzó con el Decreto Supremo 5503, una medida con la que se pretendía modificar varias normas del país por encima de la Constitución y que provocó un fuerte rechazo social, no tanto por el fondo sino por las formas consideradas inconstitucionales. Finalmente, la medida fue revertida gracias a las movilizaciones.

Otra medida grave por sus efectos pero también por su simbolismo fue que el Gobierno rechazó la demanda de los trabajadores de aumentar los sueldos en un 20% —argumentando que era económicamente imposible frente a una inflación proyectada del 20% y un decrecimiento del 3%— al mismo tiempo que presentó un presupuesto a la Asamblea Legislativa que incluía un incremento del 40% en la partida destinada a sueldos y salarios dentro de los propios ministerios.

Y si bien Bolivia ya tenía problemas de combustibles, divisas, entre otros, desde antes de que el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) asumiera en noviembre pasado, quedó claro que Paz no supo responder y solo profundizó problemas como el desabastecimiento crónico además de sacar a la policía y a los militares para reprimir las protestas.

Pero ya no se trata solo de una crisis de gestión; sino el síntoma del colapso de un programa económico que pretendió importar el manual liberal clásico en una sociedad con una tradición de movilización popular indestructible.

El factor Trump

Paz no ocultó su búsqueda por encajar en la arquitectura regional de Donald Trump. Su audacia para avanzar contra los subsidios a la vez que buscaba financiamiento con el Banco Mundial y el FMI —lo que le valió elogios a su programa de ajustes— y la entrega del litio a EE.UU. con un memorando firmado en abril señaló el camino de su política exterior.

Además, Paz recibió apoyo de todos los líderes de la extremaderecha regional por su pertenencia al "Escudo de las Américas", la coalición político-militar nacida en Miami con el impulso de Donald Trump y el acompañamiento de mandatarios como Javier Milei, Nayib Bukele de El Salvador, José Antonio Kast de Chile, entre otros líderes ultras.

El grupo que parece llevar el nombre de una película de Marvel, está atento a lo que pasa en Bolivia y habló de protestas “violentas” que buscan “subvertir el orden constitucional”. Y agregaron: “Respaldamos al Gobierno de Bolivia e instamos a los manifestantes a expresar sus inquietudes de manera pacífica y a respetar las instituciones democráticas. Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el Gobierno tiene un interés legítimo en proteger el orden público dentro del marco de la ley”.

Además, un avión de la Fuerza Aérea de Chile aterrizó el jueves en la ciudad boliviana de El Alto con ayuda de emergencia frente a la escasez generalizada que viven los bolivianos. Varios países europeos también llamaron al diálogo entre manifestantes y la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo.

Trump y sus aliados en la región, Milei entre ellos, en este momento actúan como un respirador artificial para Paz, instalando la narrativa de que las protestas son solo “un complot del narcotráfico y Evo Morales” para justificar el sostén de un presidente sin gobernabilidad interna.

Pero, Evo Morales “no es el centro de la movilización. Él no ha convocado la movilización, pero su marcha se pliega a la movilización. El Gobierno erróneamente lo utiliza como chivo expiatorio, pero Evo ha perdido esa capacidad de ser el eje articulador de un montón de cosas. También ha perdido esa capacidad de ser el hombre al que odian. Y la gente que vive en La Paz y en las zonas periurbanas sienten el malestar y la traición por parte de Rodrigo Paz y ahí no tiene nada que ver Evo”, explicó la politóloga boliviana.

Las demostraciones de apoyo a La Paz por parte de la Casa Blanca y toda la administración Trump se repitieron y el argumento del narcotráfico no es un dato menor. En una publicación de X, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, dijo “que no quepa duda: Estados Unidos apoya sin reservas al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No dejaremos que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.

Sin ningún tipo de pruebas de que las protestas están impulsadas por el narcotráfico, Washington vuelve a agitar ese fantasma como lo hizo en Venezuela con Nicolás Maduro para hacer un ataque inédito contra un país sudamericano y que también se replicó contra otros mandatarios como en el caso del presidente colombiano Gustavo Petro a quien acusó de ser “líder del narcotráfico”. También amenaza con designar a grupos criminales como terroristas —lo hizo en Venezuela y México y podría hacerlo en Brasil— para justificar acciones contra esos países.

Pero el de Rubio no fue un pronunciamiento aislado, sino que fue el tercero en la última semana. El domingo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental condenó las manifestaciones y expresó su apoyo al Gobierno boliviano para restablecer “el orden en favor de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo”.

El martes, el subsecretario de Estado, Christopher Landau —que estuvo en la posesión de Paz—, dijo que “aquellos que perdieron abrumadoramente en las urnas el año pasado están intentando derrocar al presidente”. Y el número dos de Marco Rubio volvió con el tema del narco cuando dijo que los manifestantes tienen “apoyo del crimen organizado y narcotraficantes”, además de que comentó que habló con su “amigo” Rodrigo Paz para ratificarle el apoyo de su país.

En tanto, hay sectores que buscan mostrarse como fusibles de cambio. Para Bejarano, quien “está capitalizando y se está frotando las manos en el conflicto es la ultraderecha, Jorge ‘Tuto’ Quiroga, que fue el adversario de Rodrigo Paz, que todos los días sale exigiendo la necesidad de poner mano dura. Pero cuando en Bolivia imprimís violencia estatal, te queda muy poco tiempo en el Gobierno y te inviabilizás políticamente”.

Basta con leer las editoriales de los principales diarios bolivianos para ver cómo a Paz también lo corren por derecha. Lo llaman “inútil”, pero algunos se conforman con que es el mal menor. Sin embargo, otros son más radicales. Y Quiroga, que no para de hacer declaraciones alarmistas —solo esta semana dijo que “La Paz está bajo amenaza de exterminio” y tildó los cortes de ruta y bloqueos como “crímenes de lesa humanidad”— quiere posicionarse como una alternativa. Un ultra que podría estar aún más alineado con Washington (y Miami).

No son solo las movilizaciones populares o líderes como Evo Morales —que esta semana llamó a que se convoquen nuevas elecciones en un plazo de 90 días por una suerte de ingobernabilidad de Paz—, sino también la ultraderecha la que intenta contarle las costillas al presidente.

La trampa del "mal menor"

A pesar del escenario caótico, las condiciones para una caída inminente de Paz aún no se consolidaron. Aunque el descontento es asfixiante en el eje paceño, las movilizaciones no lograron paralizar por completo las rutas troncales del resto del país. Además, Paz tiene una ventaja involuntaria: la profunda fragmentación de la oposición popular y la falta de liderazgos unificados de izquierda o progresista que puedan encauzar el descontento en un proyecto alternativo inmediato.

De su lado, las élites y la derecha tradicional boliviana observan la gestión presidencial con bastante severidad y no se esconden al tildar a Paz de “inútil”; sin embargo, lo sostienen. Para el “círculo rojo” empresarial y agroindustrial, Rodrigo Paz representa el “mal menor”, una precaria barrera de contención ante el temido retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder.

En la revista Nueva Sociedad, los investigadores María Teresa Zegada Claure y Armando Ortuño sintetizan el laberinto político en el que está atrapado Paz. Sintetizando, los autores plantean que el presidente se enfrenta a un dilema clave: optar por formalizar una alianza explícita con la derecha dura —lo que encendería definitivamente la mecha del conflicto en las calles— o intentar un giro hacia la inclusión popular. Pero esta última opción parece casi imposible de concretar dada la ausencia de interlocutores válidos en un tejido social fuertemente fragmentado. La renovación de los liderazgos no parece clara.

Sin una base social propia que defienda su gestión y atrapado en el fuego cruzado entre la calle que le exige cumplir sus promesas y la ultraderecha que le reclama aplicar mano dura, el gobierno boliviano sobrevive en el limbo y fragmentado desde la ruptura de Paz con su vice Lara. Por ahora, el giro liberal de Bolivia resiste en un delicado equilibrio, sostenido no por su musculatura política interna, sino por el oxígeno geopolítico que Washington y sus aliados inyectan desde el exterior.