Israel invertirá en inteligencia un presupuesto destinado a los palestinos

Las autoridades israelíes confirmaron este domingo un aumento presupuestario para la policía y el Shin Bet, la agencia de inteligencia interna, con el dinero que iba a ser destinado para programas sociales de contención para los ciudadanos palestinos en Israel. Se trata de 68,6 millones de dólares y fue una propuesta de los ministros de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y de Igualdad Social, May Golan. La decisión fue presentada por los funcionarios de Tel Aviv como "una mejora" para "la actividad operativa dentro de la comunidad palestina en Israel". 

La decisión llega en pleno reclamo generalizado de la población árabe por los crecientes casos de asesinatos en las comunidades palestinas en la ocupada Cisjordania. Los ciudadanos palestinos acusan además a la policía y al Shin Bet de ser cómplices con el ejército y los colonos en sus seguidos ataques a la población.  Las autoridades israelíes, mientras tanto, negaron las acusaciones.

El ministro Golan, miembro del oficialista Likud, el partido del premier Benjamin Netanyahu, dijo que la reasignación apoyaría un "programa innovador" de las fuerzas del orden para abordar el problema de la delincuencia. Se justificó además en que la medida forma parte de la política de "tolerancia cero hacia los criminales" que defienden desde el Gobierno israelí.

"Las instalaciones deportivas y culturales no ayudarán. Ni construir una rotonda ni tampoco repartir pizzas en el centro comunitario", chicaneó a los palestinos el ministro Golan tras la medida. Ese mismo dinero había sido derivado en 2025 para programas educativos, culturales, deportivos y para la juventud, entre otras cosas.

La reacción palestina ante el anuncio del desvío de fondos

Tras el anuncio, organizaciones palestinas expresaron su rechazo a la decisión del gobierno israelí considerándola una medida "puramente política e injustificada". El alcalde de Rahat, Talal al-Qrinawi, afirmó que tanto la policía como el Shin Bet "ya cuentan con presupuestos suficientes" sin necesidad de vulnerar derechos básicos. En la misma línea, organizaciones comunitarias palestinas cuestionaron la decisión y advirtieron que la medida "profundiza la discriminación estructural contra los ciudadanos palestinos del país".

Desde el ámbito de los derechos humanos, la abogada y activista Abeer Baker alertó que la decisión pone en riesgo inversiones clave de largo plazo en educación, cuidado infantil y programas comunitarios. "El crimen no puede combatirse solo con disuasión inmediata; requiere prevención y rehabilitación", sostuvo la letrada. También se pronunció la ONG judía-palestina, Iniciativa Abraham, quienes compararon la maniobra gubernamental como una acción de "un ladrón en la noche". Según la organización, la medida dañará gravemente los esfuerzos para frenar la delincuencia y evalúan presentar una petición ante el Tribunal Superior de Justicia israelí.