El dato de inflación de enero volvió a exhibir la distancia entre el índice oficial y el aumento efectivo del costo de vida. El IPC del INDEC marcó un 2,9% y encadenó siete meses consecutivos de aceleración. Se trata de la suba más alta desde marzo del año pasado en tanto que el dato interanual (+32,4%) reflejó su tercer incremento ininterrumpido. No es menor, el número se conoció tras polémica por la postergación indefinida de la actualización metodológica, es decir que actualmente el indicador se sigue midiendo con patrones de consumo de hace veinte años atrás.
La decisión no es neutral. Con la canasta vigente —basada en los hábitos de consumo de 2004/2005— la inflación acumulada desde el cambio de gestión asciende al 269%. Con ponderadores actualizados, que reflejan el mayor peso de tarifas y servicios en el gasto de los hogares, ese guarismo treparía unos 20 puntos, explicado en gran medida por el menor peso que la medición oficial les asigna actualmente a los servicios en el gasto familiar pese a que se trata de uno de los componentes que más se encareció tras la quita de subsidios.
En efecto, la decisión del Gobierno excede el plano estadístico. Al mantener un IPC que subestima la situación de los hogares, el Estado reduce automáticamente la indexación de jubilaciones, salarios públicos, asignaciones sociales y títulos ajustados por CER, generando un ajuste fiscal significativo. Según estimaciones privadas, la continuidad de la canasta 2004/2005 le permiten al oficialismo evitar actualizaciones por casi 5 billones de pesos, equivalentes a cerca de 0,5% del PBI.
La divergencia queda expuesta al comparar con mediciones que sí actualizaron sus ponderadores. En enero, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 3,1%, calculada con una canasta basada en la Encuesta de Hogares 2017/2018, donde los servicios tienen un peso sustancialmente mayor. No se trata de una excepción local: en la región, las canastas de consumo utilizadas para medir inflación no son anteriores a 2017 y llegan a 2022 en Uruguay y 2023 en Chile. Argentina, en cambio, optó por sostener un indicador que desacopla el dato oficial del aumento efectivo del costo de vida.
El IPC oficial, debajo del costo de vida real
El Gobierno nacional decidió en estos días postergar -indefinidamente- la publicación del nuevo IPC-INDEC que implicaba una actualización de la metodología de medición y estaba programada para enero de este año. Al respecto, la canasta de bienes y servicios con la que se mide la inflación hace tiempo dejó de ser representativa de los gastos familiares ya que se basa datos de consumo de 2004/2005, es decir, de hace dos décadas atrás. En dicha canasta (basada en la Encuesta de Gastos de los Hogares- ENGHo) se asigna -por ejemplo- una menor ponderación a Servicios y una mayor incidencia para Alimentos y bebidas no alcohólicas, lo que se modificaría con la nueva metodología (Encuesta de Gastos de 2017/2018).
Sin embargo, en un año donde el oficialismo busca recortar aún más los subsidios a servicios públicos (con el consecuente aumento de las tarifas) el índice mensual terminaría por reflejar un dato estadístico mucho más cercano al costo de vida real de las familias, ya que el impacto de los aumentos de precios depende de la importancia relativa de cada bien y servicio en el gasto total.
En concreto, si la inflación acumulada desde noviembre de 2023 -inicio de la actual gestión nacional- es del 269,4% según el IPC actual, escala al 286,7% con ponderadores actualizados. Así lo señaló un informe del Instituto Argentina Grande (IAG): “la diferencia fuerte que se dio a comienzos del cambio de gestión, sobre todo producto del aumento abrupto de las tarifas de servicios públicos regulados por la quita de subsidios, hace que la inflación acumulada desde el cambio de gestión sí varíe según la metodología aplicada”, explicaron.
En ese sentido, los especialistas consideraron que “es probable que a intención de avanzar con la disminución de los subsidios a la energía en el 2026 sea uno de los motivos que expliquen la decisión del gobierno, ya que la diferencia entre los indicadores podría ser levemente más alta este año, traccionada por un aumento de los servicios públicos”.
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En cuanto al impacto mes a mes se evidenció que la diferencia de la variación mensual entre períodos de menor inflación se ubicaría entre 0,1 y 0,2 puntos, pero en momentos de alza inflacionaria (fines del 2023/comienzos del 2024, y en la actualidad) puede haber grandes diferencias. Por ejemplo: en abril de 2024 el IPC fue de 8,8% y con ponderadores actualizados hubiese sido de 9,9%. De hecho, aunque la diferencia se presente algo más moderada en términos mensuales, su impacto adquiere mayor relevancia cuando se analiza la evolución de los precios relativos dentro de la economía.
Si se pone la lupa en la actualización metodológica por rubro, se observa que de los 6 rubros que ganarían peso en el cálculo del IPC, unos 5 aumentaron por encima de la inflación desde el cambio de gestión (es decir, traccionaron para arriba el IPC-INDEC). El caso más claro es el de las tarifas de servicios públicos (agua, gas y electricidad) que es el rubro que más peso gana (5,3 puntos porcentuales más que en el actual cálculo de la inflación) y el que más aumentó desde el cambio de gestión (478% contra una inflación que subió 269%). Los otros rubros serían Transporte, Comunicación, Educación, y Bienes y servicios.
En otras palabras, el cambio metodológico tiene como principal consecuencia el aumento significativo en el peso de los servicios a la hora de medir la inflación. Según la consultora 1816, los servicios pasarían a tener un peso de alrededor de 45% versus el 33% que ponderaban hasta ahora. “En todo 2025 la inflación anual hubiera dado alrededor de 2 puntos más con la nueva metodología (es decir, hubiera dado alrededor de 33,5% en lugar del 31,5% que informó el INDEC), pero en 2024 (año de fuerte ajuste de tarifas) la diferencia hubiese sido bastante más relevante”, señalaron.
Asimismo, los especialistas coinciden en que el mayor peso relativo de los servicios que preveía la actualización del IPC se hubiese sentido con fuerza, sobre todo, en el dato de este mes. “Con el avance en la quita de subsidios y la actualización de los precios mayoristas, las tarifas de luz y gas serán relevantes en la inflación de febrero”, indicaron desde Equilibra. Según precisaron, en gas se registrará un aumento promedio nacional del 16,9% en la factura final de los usuarios, y en luz el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (representa el costo de generación de la energía) subió un 21% a nivel nacional con un traslado final a la boleta promedio del 4,8%.
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“En base a este escenario, estimamos que el alza del rubro electricidad y gas sería alrededor de 12% en febrero, impulsado por el aumento del gas”, anticiparon. Esto incidiría en 0,5 puntos porcentuales en la estimación del IPC vigente y pasaría a 0,7 puntos si se actualiza el IPC con los nuevos ponderadores de la ENGHo 2017/18. Es decir, “estos incrementos tarifarios implicarían un aumento de 0,2 puntos mayor en el IPC actualizado que en el IPC vigente”, subrayaron.
Por otro lado, desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) advirtieron que “a más de dos años del inicio del gobierno, la inflación registra una tendencia levemente creciente manteniéndose en niveles similares a los de un año atrás, en torno al 2–3% mensual”. Según los economistas, entre abr-24 y abr-25 la inflación dejó de caer y desde mediados de 2025 volvió a acelerarse, en simultáneo con el abandono del ancla cambiaria y su sustitución por el sistema de bandas. De esa manera es posible que “tienda a estabilizarse en los elevados niveles actuales durante un período prolongado tal como ocurrió con el caso chileno durante la década de los ochenta del siglo pasado”, recordaron.
Por qué el Gobierno frenó la actualización
El costo político de dar marcha atrás con la nueva medición a una semana de la nueva publicación solo se entiende si se piensa más allá del número final de inflación mensual. En concreto, la decisión impacta sobre salarios, jubilaciones, pensiones y asignaciones que ajustan de manera automática por el dato de IPC.
Una posible razónes, de hecho, que el programa necesita reforzar el ancla salarial. Así lo analizó el economista Federico Machado quien indicó que descartada el ancla cambiaria con el nuevo esquema de bandas asi como el ancla monetaria (con el esquema de compra de RRII), “sin el salario deflactado por el IPC original, no hay ancla salarial”. ¿Qué significa? “Los registrados se mantienen aproximadamente en niveles de noviembre 2023, los no registrados están un 16% por encima y sólo el sector público pierde, pero si ajustamos por el IPC 'reponderado' el panorama cambia bastante: los registrados pierden 7,8% de su ingreso real, los no registrados ganan un 7% menos y los trabajadores públicos pierden 5,6% adicional”.
En sintonía, un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia precisó que la marcha atrás en la actualización de la metodología del IPC no solo afecta al “dato” de inflación, sino también a las partidas del gasto público que actualizan con esta variable como referencia. “En base a nuestros cálculos, mantener la canasta de 2004-2005 para el cálculo del IPC le permitiría al Gobierno Nacional ahorrarse casi 5 billones de pesos entre “no aumentos” de prestaciones sociales y títulos capitalizables por CER”, detallaron. Para dimensionar, en el año, esto representa casi 0,5% del PBI y es más que el total del saldo de los depósitos del Sector Público Nacional en el Banco Central (4,3 billones de pesos).
Esto impacta además de forma directa en los salarios: la caída del salario real privado registrado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 pasa de -1,2% a -7,7% con la actualización de canastas. “Se entiende así porque, aun cuando el “salario sobre IPC” cayó poco más de 1% en el período, la cantidad de horas trabajadas, el pluriempleo y la irregularidad de cartera de las familias están en máximos de los últimos veinte años”, explicaron los especialistas.
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Para cerrar, vale destacar que la vuelta atrás en la actualización de la canasta de inflación aleja a la estadística de la realidad: el aumento del costo de vida de las familias es diferente que el dato de inflación. En definitiva, la postergación indefinida de la actualización del IPC institucionaliza una brecha entre la inflación medida y el costo de vida real. El resultado es un esquema en el que los salarios, jubilaciones y transferencias sociales pierden poder de compra aun cuando el excel muestre otra cosa, mientras el ajuste fiscal se apoya en una estadística desactualizada.
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