El juez Sebastián Casanello dictó el procesamiento de Diego Spagnuolo, íntimo amigo y abogado del presidente Javier Milei, y el de 18 personas más por el enorme sistema de corrupción que funcionó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Lejos de cerrar de la investigación del Coimagate en ese círculo de personas, el magistrado convocó a nuevas indagatorias para profundizar en la pista financiera y de lavado del dinero obtenido de manera ilegal en la ANDIS. Entre los nuevos citados figura Sergio Mastropietro, exsocio del acusado de narco Federico “Fred” Machado, vinculado a José Luis Espert en el Narcoescándalo.
Para el juez Casanello “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”. Es decir, podría haber otras áreas del Estado mileísta donde se repitió el esquema de corrupción que investigó el fiscal Franco Picardi. “En varios documentos se repite la figura de Miguel Calvete, quien habría traficado sus influencias a un espectro amplio de empresas interesadas en contratar con la Agencia -directa o indirectamente-. Pero también fuera de ella, por ejemplo en lo que toca a Ornella Calvete y su círculo, ha aparecido evidencia de prácticas similares alejadas del buen gobierno y de un manejo transparente de la gestión de Estado, particularmente, las compras públicas”, ejemplificó Casanello en una resolución de 307 páginas en la que dictó los procesamientos.
Ornella Calvete es la hija de Miguel Ángel Calvete. Ambos son parte de los flamantes 19 procesados que tiene esta causa. Ornella fue parte del Ministerio de Economía de Luis Caputo hasta que quedó involucrada en el escándalo del Coimagate. En el marco de un allanamiento en uno de sus domicilios que se realizó en octubre del año pasado se encontraron USD 695.457, $19.996.200 y €1.960. La Justicia vincula ese dinero a las maniobras descubiertas. El padre de Ornella, el multifacético Miguel Ángel Calvete, es sindicado como uno de los jefes de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS desde finales de 2023 hasta la actualidad. Calvete (p) tenía un vínculo directo con Spagnuolo a quien visitaba en su casa y le pagaba sobornos según precisó la Justicia.
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También hay chats entre Ornella y Miguel Ángel con referencias al “3% para KM”. Todo indica que KM es Karina Milei. Incluso, tras no declarar en su indagatoria, Ornella fue interceptada por la prensa a la salida de Comodoro Py y al ser consultada “si tenía algo para decir”, contestó: “Un montón de cosas”. Pareció ser un mensaje directo para la Casa Rosada. Recordemos que el Coimagate comienza en terreno mediático con la filtración de audios de Spagnuolo que hizo Carnaval Stream en los que se escucha decir al entonces titular de la ANDIS que en el organismo bajo su mando funcionaba un gran esquema de corrupción que terminaba en manos de Karina Milei a quien le retornaba un 3% de coima.
La ruta del dinero
A la par que dictó 19 procesamientos este lunes, el juez Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi -que tiene delegada la investigación- decidió apuntar a la pista financiera por la que se blanqueó el dinero obtenido de forma ilegal en la ANDIS. Se trata de la segunda etapa de este caso que preocupa –y mucho- en la Casa Rosada.
En la misma resolución de 307 páginas, el juez Casanello dispuso se cite a prestar declaración indagatoria a: Fabián Parlakian, Matias Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta. A la par, el magistrado convocó “a prestar declaración indagatoria a las personas jurídicas droguería Profarma SA, droguería Gènesis SA, droguería New Farma SA y droguería Floresta SA”. Mastropietro y Poccovi son dos figuras centrales para el “blanqueo” del dinero extraído de la ANDIS de forma ilegal.
Cuando describió cómo funcionó la organización criminal en la ANDIS, la fiscalía hizo foco en un factible sistema de blanqueo del dinero en negro obtenido del sistema de corrupción. Uno de los señalados por el fiscal Picardi como central en esa etapa fue el empresario Sergio Mastropietro, dueño de la empresa Baires Fly. Se trata de un ex socio de Federico “Fred” Machado, el argentino extraditado a los Estados Unidos acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de activos, vinculado al diputado libertario José Luis Espert. Distintos domicilios vinculados a Mastropietro fueron allanados en el marco de esta pesquisa.
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Mastropietro fue socio de Lorena Di Giorno, una de las 19 procesadas en esta causa, y mantenía relación “cercana” con Calvete, el jefe paraestatal de la ANDIS, quien le envió archivos que “contienen transferencias dinerarias por cientos de millones de pesos argentinos a Baires Fly S.A”, la firma del exsocio de Machado. ¿Cuál fue el concepto de los giros? “POR COMPRA DE KILÓMETROS NACIONALES PARA SER UTILIZADO EN AERONAVES DE LA EMPRESA”. Para el fiscal “la descripción genérica e inespecífica del concepto, sumado a la abundante evidencia colectada hasta el momento, podría ser indicativo de que dichas operaciones están destinadas a disimular el origen y/o el destino de los fondos”.
Según pudo reconstruir la fiscalía Mastropietro visitó en dos ocasiones a Spagnuolo en su casa. “Ingresó a ‘Altos de Campo Grande’ -barrio privado en el que vive Diego Orlando Spagnuolo- , junto a Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Ariana Muñoz, los días 30 de marzo y 3 de mayo de 2025”, precisó Picardi en su dictamen acusatorio.
En el primer dictamen con el que el fiscal Picardi dejó expuesta la enorme trama de corrupción que funcionó en la ANDIS señaló que “parte de los beneficios dinerarios obtenidos en forma espuria de la agencia de discapacidad, serían ubicados en terceras firmas que no guardan -en principio- vinculación con el sector de las droguerías y firmas proveedoras de insumos de alto costo y baja incidencia. Como veremos, Miguel Ángel Calvete giraba dinero en forma reiterada a Sergio Mastropietro (Baires Fly S.A.) y a Alan Pocoví”.
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Casanello siguió esta línea de Picardi y este lunes destacó sobre Mastropietro: “Cabe recordar que participó en las reuniones llevadas a cabo también en el domicilio de Spagnuolo (…)” y “que integró junto con Di Giorno la firma Megastatica SAS y que dos firmas a él atribuidas aparecen en el entrecruzamiento de la facturación de Profarma y sus vinculadas”. “Se sospecha que también intervino en la canalización del dinero ilícito”, agregó el juez.
El magistrado citó un ejemplo sobre el accionar de Mastropietro: “Luego de un intercambio de llamadas y otros mensajes, el 9 de septiembre de 2025 le envió a Calvete una imagen con los datos de la cuenta bancaria registrada a nombre de la empresa Baires Fly SA, y le indicó que le avisara después de enviar el dinero. En respuesta, Calvete le contestó: ‘Serginhio a partir de mañana empiezan a mandar todo, así que tranca’. Efectivamente, el día siguiente el nombrado le envió cinco archivos con constancias de transferencias efectuadas por una serie de empresas, entre ellas la Droguería Profarma SA por las sumas de $35.000.000, $33.000.000 y $32.000.000; estos últimos tres comprobantes fueron previamente remitidos a Calvete por Santich (…). Estas operaciones se ‘completaban’ con otras por mayores sumas (‘150 palos más lo anterior’)”.
Inmediatamente después de esos mensajes, “Mastropietro le remitió tres archivos adjuntos que contenían facturas emitidas por la firma Baires Fly SA a Profarma, entre aquellas empresas que habían transferido dinero, por los mismos montos referidos, consignando el siguiente concepto: ‘Por compra de kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa’”.
Por estos chats y movimientos, Picardi ya había señalado que Calvete movía de forma habitual “dinero hacía Sergio Mastropietro y/o Alan Pocoví, sin una razón clara o motivo aparente lícito”. Ese movimiento, por ejemplo, Calvete lo intentó realizar el día que se allanaron sus domicilios y el de sus firmas en el marco de esta causa.
Respecto a Poccovi, el juez Casanello escribió este lunes: “Recibió dinero tanto de Calvete como de otras personas que estarían vinculadas a ortopedias o firmas proveedoras de la ANDIS” y “se ha comprobado que Kevin Pocoví (hermano de Alan) visitó a Spagnuolo en su domicilio particular varias veces mientras estaba al frente de la Agencia”. Al menos lo visitó el 21 y 22 de enero de 2024, el 4 de febrero, el 9 de marzo y el 26 de mayo de ese mismo año.
De acuerdo al fiscal de esta causa, Alan Pocoví recibía dinero de Calvete y parte de los fondos “serían invertidos en criptomonedas mediante la aplicación ‘NEBLOCKSHAIN’”. Para Picardi, Pocoví “sería una de las personas a cargo de la recaudación de fondos y/o de las maniobras tendientes al blanqueo del dinero proveniente de las ganancias indebidas, obtenidas en el ámbito de ANDIS”. Casanello parece suscribir esta hipótesis.
En su resolución de este lunes, Casanello señaló que lo que sucedió en la ANDIS “no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”. “La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”, agregó.
El Coimagate se prepara para escribir nuevos capítulos. ¿Cuánto faltará para que se aborde el relativo al 3% para Karina Milei que mencionó Spagnuolo?
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La enorme trama de corrupción de la ANDIS mileista
El juez Casanello afirmó que la investigación llevada adelante hasta el momento permitió “reconstruir un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”. “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”, añadió.
Básicamente, integrantes de la ANDIS, empresarios vinculados a laboratorios y droguerías y personas que actuaban como nexo entre ambas partes formaron de una gran red de corrupción cuya extensión aún no está clara.
El sistema de recaudación ilegal de dinero no funcionó en cualquier dependencia. La gestión mileísta montó esta red de corrupción en “una agencia que fue pensada para asegurar el derecho a la salud y bienestar a personas con discapacidad, madres con más de siete hijos, mayores de setenta años en situación de pobreza, entre otros” y la “convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió, a costa de los fondos públicos que debían garantizar aquellos derechos esenciales”, de acuerdo al juez.
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“Las características de la ANDIS -su lugar en la administración pública, el tipo de servicio que prestaba, la sensibilidad y urgencia de algunas contrataciones, el contacto con laboratorios, droguerías y otros proveedores- fueron aprovechadas por Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel A. Calvete y Pablo Atchabahian para concretar, de manera coordinada y sostenida en el tiempo, el desvío de fondos públicos en un marco de fuertes conflictos de interés”, destacó el juez Casanello este lunes. Esas cuatro personas fueron consideradas por el magistrado como los jefes de una asociación ilícita que “estuvo abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público y en particular de la población con discapacidad y especialmente vulnerable”.
¿Cómo se generaban las ganancias indebidas? “Vía un sistema irregular de contratación de insumos y medicamentos, PACBI, que contravino la normativa vigente y que permitió el direccionamiento de los procesos de compra, la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de los principios legales que deben guiar toda contratación pública (publicidad, transparencia y concurrencia de oferentes), con la inclusión de personas ajenas a la agencia en la toma y ejecución de decisiones”.
Se manipularon las contrataciones en beneficio de determinadas droguerías y firmas proveedoras de insumos que estaban vinculadas a los miembros de la banda delictiva, “lo que les significó la obtención indebida de millonarias sumas de dinero”. Por ejemplo, “se implementó un sistema de compulsas de precios ‘especial’ -paralelo al general- al que sólo eran invitadas a participar este grupo reducido de firmas, en el que se distribuían de antemano las asignaciones, simulando una competencia que no era tal (con oferentes ‘pantalla’ que, en ocasiones, siquiera cotizaban los tickets) y elevando sustancialmente los precios”. Llegaron a detectarse sobreprecios por más de un 1900%.
Para tener una dimensión de los montos administrados, el juez describió una de las operatorias de la banda: “A través del sistema de compulsas 'especiales” se invitaba a cotizar a cuatro oferentes -droguerías Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA-, dos de los cuales cumplían un rol de competencia aparente. De esta forma se logró el direccionamiento y la cartelización, obteniendo en dicho marco veintiún (21) licitaciones ‘acotadas’, en las que se confeccionaron órdenes de compra por un total de $30.337.220.919,77 (treinta mil trescientos treinta y siete millones doscientos veinte mil novecientos diecinueve con setenta y siete centavos) en el período referido principalmente hacia las Droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A., quienes resultaron adjudicatarias del 93,11% de este tipo de procesos”. Esas empresas estaban ligadas a quienes estaban al frente de la ANDIS.
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El pago de sobornos
Por eso no debe sorprender a nadie que la Justicia haya detectado que hubo pago de sobornos a los funcionarios de la agencia que comandaba el amigo y abogado del Presidente: “La maniobra se completó con pagos indebidos a determinados funcionarios públicos de ANDIS, como contraprestación a que se digitaran -en favor de intereses particulares ajenos a los de la administración- las contrataciones y se garantizaran agilidad y prioridad en el cobro”, aseguró el juez Casanello.
Uno de los que recibió grandes sumas de dinero fue Spagnuolo, el amigo y abogado del Presidente Javier Milei, quien borró contenido de su celular que nunca pudo ser recuperado.
Según Casanello, Spagnuolo “recibió importantes sumas de dinero -tanto en efectivo como en especie- que le fueron suministradas, directamente y según la necesidad, por el propio Calvete a través de la estructura de personas y empresas que manejaba. Hay evidencia de que, el 11 de junio de 2025, el empresario entregó a Spagnuolo la suma de cinco millones de pesos en efectivo ($5.000.000)”. Pero eso no es todo: el 5 de junio, 2 de julio y 8 de agosto de 2025 “Calvete saldó la deuda contraída por el funcionario con su mueblero, Oscar H. Banon, mediante el pago de” $1.500.000, $3.448.000 y $5.021.500 “a través de la cuenta bancaria correspondiente a la empresa Indecomm SRL”, relacionada a Calvete.
Incluso la Justicia determinó que “Spagnuolo disponía de una suma de dinero espurio cuyo manejo y contabilidad llevaba el propio Calvete, quien le habilitaba los fondos en función de la demanda que expresara el propio funcionario”. Quizás por eso en casa de Spagnuolo la Justicia encontró una máquina de contar billetes. Para Casanelo “ésta era necesaria para instrumentar la entrega y recibo de dinero dado que la ilicitud de las maniobras forzaba su clandestinidad (la calidad de funcionario de Spagnuolo impedía, por ejemplo, recurrir a transferencias bancarias)”.
A esto se suman encuentros de Spagnuolo con Calvete en su casa o viceversa: “Quedó registro de cinco visitas realizadas por Calvete en la vivienda de Spagnuolo, encontrándose en dos de ellas en compañía de Muñoz (comisionista del pago del soborno y encargada de los movimientos del dinero de Calvete) y Sergio Mastropietro (quien aparece participando de la circulación del dinero, presumiblemente ilícito). Los meses previos se registraron varias visitas de K. Pocoví. Como contrapartida, también se encontró un video que documenta la concurrencia del director de la agencia al domicilio de Calvete, en la calle Defensa Nro. 1364/66, el 13 de agosto de 2025”, señaló el juez.
En la etapa investigada, el amigo y abogado de Milei “incrementó su patrimonio de modo considerable en comparación con los ingresos legítimos declarados”. Por ejemplo, le encontraron USD 82.000 y 2.950 euros ocultos -escondidos al fisco y a la OA- en su caja de seguridad del BBVA” a lo que se “se suman importantes gastos de construcción”. Es que “entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 Spagnuolo llevó adelante una obra de envergadura en su casa ubicada en el barrio cerrado Altos de Campo Grande (…). Se sospecha que tales inversiones se hicieron con dinero no registrado, pues la parte en blanco no sufrió modificaciones en el período”. Esos gastos se hicieron en efectivo y con dólares. Un empleado de la empresa constructora que prestó declaración como testigo dijo que Spagnuolo pagó 35 mil dólares. A lo que estimó un pago extra de otros 20 mil dólares.
Los jefes de la asociación ilícita
- Diego Spagnuolo
Casanello dictó su procesamiento por considerarlo el jefe de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS. También lo procesó por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta y cohecho pasivo. Spagnuolo había sido desplazado por Milei cuando estalló el Coimagate. Bajo su dirección de la ANDIS un “grupo de empresarios vinculado a las droguerías operó directamente y participó de la dirección de la voluntad de la administración a través de los funcionarios infieles quienes se presume resultaron beneficiarios de contraprestaciones indebidas por las acciones ilícitas que desplegaron a través de sus cargos”, de acuerdo al juez. Todo indica que recibió el pago de sobornos.
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- Daniel Garbellini
Fue procesado por ser también jefe de la asociación ilícita y al igual que Spagnuolo por defraudación y negociaciones incompatibles Estuvo a cargo de la dirección Incluir Salud, la dependencia de la ANDIS donde se concentró el sistema de corrupción. Fue eyectado cuando estalló el escándalo. De acuerdo a la acusación fiscal “recibía órdenes y las ejecutaba -o hacía ejecutar a través de los empleados del organismo bajo su dependencia- sobre el direccionamiento de compulsas de precios y sobreprecios, a cambio de beneficios económicos indebidos”. Para el juez “su función también fue clave para ocupar las distintas posiciones estratégicas de la ANDIS con miembros de la organización y para el tráfico de información confidencial (o incluso la provisión de un usuario interno) hacia integrantes del sector privado. Sus profundos conocimientos del sector le permitieron administrar el circuito ilegal”. De acuerdo a la Justicia, su patrimonio se incrementó en el período investigado: “El enriquecimiento se observa tanto en sus bienes registrables (una importante reforma en uno de sus inmuebles) como en los gastos corrientes de su tarjeta de crédito”. También “se observó un incremento exponencial en las acreditaciones bancarias registradas por la esposa de Garbellini, Romina A. Peloni, y la sociedad que constituyeron en conjunto el 15/04/2018, Chiasoju SAS (cuyo administrador era el propio Garbellini)”.
- Miguel Ángel Clavete
Fue procesado por ser jefe de la asociación ilícita, por el pago de sobornos, negociaciones incompatibles y defraudación por administración fraudulenta. Fue detenido en el marco de otra causa por prostitución cuando estalló el Coimagate. Sin un cargo formal en la administración, dirigió las contrataciones del Programa Federal Incluir Salud en beneficio de sus propias empresas (por ejemplo, Droguería Profarma SA e Indecomm SRL) y de otras firmas del sector, ejerciendo un enorme nivel de influencia sobre funcionarios de todas las jerarquías del organismo. Impartió órdenes directas para orientar sus decisiones en lo que hacía a las contrataciones pero también a la administración de los recursos. Todo indica que pagó sobornos. Su abogado es un exfuncionario de la Oficina Anticorrupción mileísta que renunció cuando su doble rol se filtró en los medios. Se trata de Camilo Cordero Fabbri.
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- Pablo Atchabahian
Fue procesado por ser otro de los jefes de la asociación ilícita y por defraudación y negociaciones incompatibles. “También con extensa experiencia en el sector, tanto desde el Estado como desde el ámbito privado, dirigió, esta vez sin designación formal en la ANDIS, la selección y otorgamiento de beneficios indebidos a las empresas vinculadas al grupo que operaban como prestadoras de la agencia”, señaló el juez. “A pesar de no formar parte del organismo, además de impartir directivas sobre su integración y conducción (por ejemplo, en lo que hace al despido de las personas que podrían poner en riesgo el control del organismo y, por ende, sus planes delictivos), intervino en los procesos de compra de las PACBI (la invitación o no de determinadas empresas, la adjudicación o no, y en el pago o su demora)”.
Los restantes 15 procesados por ser parte del esquema de corrupción fueron: Diego D’Giano, Roger Grant, Eduardo González y Lorena Di Giorno, que eran parte de la ANDIS. Luciana Ferrari, quien operó por afuera de la agencia, lo mismo que los dueños y autoridades de las empresas beneficiadas de las maniobras, entre los que se cuentan Andrés Arnaudo, Silvana Escudero, Alejandro Fuentes Acosta, Paricio Rama, Santich, Patricia Canavesio, Guadalupe Muñoz, Ornella Calvete, Ruth Lozano y Julio Cesar Viera.
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