En pos de contener el escándalo del Coimagate ya fueron desplazados del gobierno nacional más de 15 personas, entre funcionarios e integrantes del Ministerio de Economía, de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podrían tener algún tipo de relación con “la enorme trama de corrupción” que funcionó en el organismo que comandaba Diego Spagnuolo, el íntimo amigo y abogado del presidente Javier Milei. El caso, que involucra a la hermana del jefe de Estado, Karina Milei, recién da sus primeros pasos en tribunales y podría provocar más renuncias y apartamientos.
El último en dar un paso al costado en la cartera que conduce Luis Caputo fue Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva en la Secretaría de Coordinación de Producción. A ellos se sumaron en los últimos días Ornella y Susana Calvete y Mariano Gaibisso, todos vinculados a la misma dependencia a cargo de Pablo Lavinge. En la OA este miércoles se fue Ernesto Camilio Manuel Cordero Fabbri quien cumplía funciones allí y representaba legalmente a Miguel Ángel Calvete, sindicado por el fiscal Franco Picardi como el jefe de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS. A esto se suman una decena de apartados en la agencia que comandaba Spagnuolo.
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Los desplazados de Economía
Desde la Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía que comanda Lavinge, aseguraron a El Destape que los cuatro involucrados en el Coimagate que cumplían funciones en esa dependencia pública fueron desplazados. Se trata de:
- Ornella Calvete. Es hija de Miguel Ángel Calvete acusado por el fiscal Franco Picardi de ser el jefe de la asociación ilícita que funcionó en la ANDIS. Era Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio desde el 1° de septiembre de 2024 hasta la semana pasada, cuando fue desafectada en medio de este escándalo. Es decir, actuaba bajo la órbita del ministro Luis Caputo. En la casa de Ornella, que también es investigada en esta causa, “se secuestraron cerca de 700.000 dólares, entre otras divisas” en un operativo del 9 de octubre de este año. El dinero hallado en su casa no se corresponde con el que informó en la declaración jurada con la que ingresó al gobierno, el 1º enero de 2024, unos días después de la asunción de Javier Milei (posee 6 propiedades que figuran como donaciones). De acuerdo al dictamen acusatorio de Picardi, Ornella estaba al tanto de las maniobras de su padre. Incluso en un diálogo entre ambos ella alerta a su padre de operativos en su domicilio. También hay referencias a un intento por disimular el dinero en “negro” que tenían y a separar el “3% a KM”. Su pareja es Javier Cardini, quien también cumplía funciones en el ministerio de Economía y aparece en una lista de 68 personas de confianza de Calvete, quien está detenido en el marco de una causa sobre prostitución desde que se realizaron operativos en sus domicilios por el Coimagate.
- Javier Cardini. Fue Subsecretario de Gestión Productiva hasta finales de la semana pasada. Es pareja de Ornella Calvete. En un audio que es parte probatoria de la causa se escucha a Miguel Ángel Calvete pedir que le consigan el teléfono de Javier, “el novio de Ornella”, mientras se llevaban operativos relacionados a esta causa.
- Susana Calvete. Es la hermana de Miguel Ángel Calvete. Fue socia junto a él y Gillessen en Iurelaw SA. Trabajaba en el Ministerio de Economía a las órdenes de Pablo Lavigne.
- Mariano Gaibisso. Según el diputado de Fuerza Patria, Rodolfo Tailhade Mariano Agustín Gaibisso “es asesor en la subsecretaría de Defensa del Consumidor (en Economía), bajo la órbita de Lavigne. Conoce a Calvete desde que fue director de EKI, la cadena de supermercados que compró Calvete en 2011”. Este medio pudo comprobar que comparte empresa con Calvete en Bodas de Cana S.A.
Los cuatro mencionados figuran en una lista de 68 nombres que elaboró Miguel Ángel Calvete en uno de sus cuadernos que fue secuestrado por la Justicia. Todo indica que era un círculo de personas de su confianza.
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El “renunciado” de la OA
En el mentado listado de 68 nombres que tenía Calvete anotados en sus cuadernos figura el nombre de “Camilo Cordero Fabbri”. Como publicó El Destape, se trata de Ernesto Camilio Manuel Cordero Fabbri, el abogado que era coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias de la Oficina Anticorrupción (OA), es decir, quien recibía y derivaba las denuncias en la OA y según confirmaron desde ese organismos a El Destape renunció este miércoles. “Con este tengan cuidado porque tiene 20 armas de fuego registradas”, tuiteó Tailhade al dar cuenta de algunos nombres que estaban en los anotadores del jefe paraestatal de la ANDIS. Cordero Fabbri tiene registradas, por ejemplo, una “Carabina calibre .22 PLG” y una pistola 9 MM. Según corroboró este medio, en el marco del Coimagate el letrado se hizo presente en el operativo que se realizó en el domicilio de Calvete de la calle Defensa pero la policía no lo dejó ingresar.
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Su presencia en el lugar no debiera sorprender: Cordero Fabbri es el abogado de Calvete en la causa por prostitución en la que fue condenado y todo indica que lo asesora en materia judicial.
Tal como consta en el dictamen del fiscal Picardi del 10 de noviembre, en la cocina de la casa de Calvete había un papel con instrucciones judiciales concretas que involucran a Cordero Fabbri: “Cualquiera que pregunte por Indecomm, Finfox, Profarma, Bilder, Reposane, Bimax, Miguel Calvete o Guadalupe Muñoz ACÁ NO ES. SOLO ATENDEMOS SI Preguntan por Rosa Salomon (titular de Casa Defensa) o Julio Viera”. “Si es allanamiento (AVISAR), pedir antes de abrir orden de embargo o allanamiento, sacar foto y consultar”. Acto seguido están anotados los abogados a los que consultar: “Dr. Camilo Cordero Fabbri” y “Dr. Norberto Manuel Abeledo”. En ambos casos figuran sus números de teléfono.
Cordero Fabbri no podía actuar en la OA y ejercer como abogado defensor en un caso de corrupción, tal como se desprende de la mentada anotación. Es incompatible. Terminó renunciando a la oficina anticorrupción cuando se hizo público su relación jurídica con Calvete.
Pero esto no es todo: a los cuatro apartamientos en Economía y al “renunciado” en la OA se suma una decena de desplazados en la propia ANDIS.
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Los apartados de la ANDIS
Los desplazamientos en la ANDIS comenzaron apenas se filtraron los audios de Spagnuolo –filtración que se inició en Carnaval Stream-. La primera reacción del gobierno nacional fue intentar contener el escándalo con el apartamiento de Spanugolo y Daniel Garbellini, quien era titular de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Incluir Salud). El Poder Ejecutivo los corrió a través del Decreto Nº 599/20254, del 21 de agosto pasado, en que “se explicitó como fundamentación que: ‘La prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del ESTADO NACIONAL, no solo para evitar irregularidades administrativas y penales, sino también para reforzar los valores éticos que deban primar en el correcto desempeño de la función pública’”. Evidentemente, el gobierno le dio entidad a lo que surgía de la filtración. el mismo día de la desvinculación de esos dos funcionarios “el PEN dispuso la intervención de ANDIS”, lo que implica que el Ejecutivo dio por ciertas las irregularidades descriptas por quien era el titular de la agencia.
En su acusación por la que pidió la detención e indagatoria de Spagnuolo, el fiscal Franco Picardi afirmó el pasado 10 de noviembre que el titular de la ANDIS “permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero, en un corto plazo y en muchas ocasiones con elevados sobreprecios”. Eso “lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él”. Está comprobado, por ejemplo, un pago de 5 millones de pesos en efectivo de Calvete a Spagnuolo. El íntimo amigo y abogado de Presidente tras escuchar los cargos en su contra, el pasado 19 de noviembre eligió no declarar.
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Daniel Garbellini, por su parte, según Picardi “recibía órdenes y las ejecutaba -o hacía ejecutar a través de los empleados del organismo bajo su dependencia- sobre el direccionamiento de compulsas de precios y sobreprecios, a cambio de beneficios económicos indebidos”. También “permitió que personas ajenas a la estructura formal de la ANDIS, esto es, sin cargo ni designación administrativa alguna, tomaran decisiones vinculadas con la gestión y administración de recursos públicos -algunas de ellas formaban parte de firmas vinculadas al sector de la salud-; accedieran a información privilegiada del sistema de compulsas de precios y pagos; e, incluso operaran el sistema de compras de medicamentos y prestaciones SIIPFIS desde el exterior del organismo, todo ello a cambio de retribuciones económicas indebidas”.
A estos dos desplazamientos siguieron, en orden cronológico, los de:
- Claudia Restrepo. Era personal administrativo de la ANDIS. Picardi la menciona como secretaria de Garbellini. No figura entre los primeros 15 imputados citados a indagatoria.
- Matías Javier Palotti. De acuerdo al fiscal, era el “asesor de confianza de Garbellini”. Palotti “trabajaba en ANDIS bajo la dependencia funcional de Daniel María Garbellini en el período investigado, también tenía vínculos con Pablo Atchabahian, y recibía órdenes de él para despedir personas ‘sin piedad’”. A su vez, “estaría vinculado a la Droguería Profarma S.A”, una de las investigadas y que “está emparentada a Miguel Ángel Calvete”.
- Patricio Denholm fue “director de Gestión Descentralizada de ANDIS", es decir, funcionario de la agencia. Aparece en el listado de 68 personas que figura en el cuaderno de Miguel Ángel Calvete. No está por ahora entre los imputados del Coimagate.
- Eduardo “Pino” Gonzalez. Según Picardi, fue clave como articulador “entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos PACBI y las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción” de la ANDIS. Era persona administrativo de la ANDIS y estaba relacionado a Calvete. Había designado a partir del 12 de junio de 2025 como titular de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la ANDIS pero en los hechos “operaba desde antes en el organismo”. Según Picardi “recibió, en el marco de sus funciones, divisas de manera indebida”. Este viernes fue indagado y ante la Justicia negó hechos que le imputan. No quiso responder preguntas. De acuerdo a fuentes judiciales, dijo que los hechos descriptos por la fiscalía sucedieron en la dependencia de Garbellini y que él no comulgaba con eso. Es decir, no desmintió los hechos sino que sostuvo que él no estaba vinculado a las maniobras investigadas. Para desmarcarse de la acusación indicó que hasta fue sancionado por el grupo de Garbenllini por no sumarse al accionar delictivo.
- Roger Grant. Era funcionario de la ANDIS. Ostentaba el cargo de “Coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud” y, de acuerdo a Picardi, “fungió como el ejecutor directo de los mandatos de Daniel María Garbellini”. Para la fiscalía “sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema; y se interiorizaba sobre quiénes habían ‘podido’ cotizar”. Fue citado a indagatoria para el 1 de diciembre a las 13.
- Lorena Di Giorno. Era personal administrativo de la ANDIS. El fiscal la acusó de ser una de las articuladoras “entre el mundo de las contrataciones de medicamentos e insumos PACBI y las firmas beneficiadas por el esquema de corrupción”. Según la fiscalía “era funcionaria pública de ANDIS; respondía a Miguel Angél Calvete y además, recibía dinero de las empresas vinculadas a él”. En 2018 constituyó la firma Megastatica SAS con Sergio Mastropietro, cercano a Calvete y exsocio de Federico “Fred” Machado, el acusado de narco en los EEUU relacionado al diputado libertario José Luis Espert. Di Giorno también integró firmas con Calvete como Verbadei. Este viernes fue indagada y eligió no declarar.
- Diego D'Giano. Era Director de Prestaciones Médicas de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS y según Picardi actuó “al servicio de intereses ajenos al organismo”. El juez Sebastián Casanello ordenó allanamientos en su contra requeridos por el fiscal.
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También fueron corridos de la ANDIS otras personas que no están mencionadas en el dictamen de Picardi en el que pidió indagatorias y describió el sistema de corrupción de la agencia. Ellos son:
- Edmundo Sentís. Era Coordinador de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la ANDIS. Es decir, es quien recibía los amparos y reclamos relacionados con las prestaciones que da la ANDIS. Por ejemplo, dan de baja una pensión y si hay un amparo ingresa al organismo por esa área. Lo mismo si no se cumple con la entrega de una medicación, el reclamo cae allí. Fue despedido en la semana del 17 de noviembre. Tenía contacto directo con Atchabahian, que es considerado por Picardi otro de los jefes paraestatales de la ANDIS con Calvete y está detenido en el marco de esta causa. Sentís ingresó en la gestión macrista y estuvo en funciones hasta hace unos 10 días.
- María Vivardo. Era la directora de Recursos Humanos y había ingresado de la mano de Spagnuolo. Renunció este miércoles.
- Nahuel Tavernelli. El jefe de Administración de la ANDIS. Fue desplazado en los últimos días por diversas irregularidades aunque no habría tenido injerencia en el sistema de corrupción que investiga Picardi.
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El “sobreviviente”
Walter Martínez, quién habría dado acceso al sistema SIIPFIS de la ANDIS a gente que no trabajaba en el programa como Luciana Ferrari, sigue trabajando en la dirección de Acceso de Servicios a la Salud (Incluir Salud) en el mismo puesto y con el mismo acceso a la información. Según el dictamen del fiscal: sobre “Luciana Ferrari, debo mencionar que pese a no ser parte de la ANDIS, tuvo acceso al sistema SIIPFIS, mediante el otorgamiento de un usuario y contraseña que fue registrado a nombre de otro empleado de la agencia: Walter Martínez”.
Por la gran red de corrupción descubierta por la Justicia es de esperar que a medida que avance la investigación del Coimagate se den nuevos desplazamientos.
