Una noche de noviembre del año pasado, cuatro vehículos abarrotados de policías nicaragüenses armados sacaron al opositor Henry Briceño y a su familia de su casa, en la capital Managua, y los llevaron hasta cerca de un puesto de control en la frontera con Costa Rica.
Siete meses después de que los Briceño fueran expulsados de su natal Nicaragua y se establecieron en tierras costarricenses, la familia estaba haciendo sus maletas nuevamente.
Hombres desconocidos, que viajaban en motos o autos sin identificación, habían estado siguiendo a Briceño. El también periodista y empresario turístico comenzó a temer que podría ser el próximo exiliado nicaragüense asesinado en Costa Rica, según dijo en una entrevista con Reuters.
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El opositor nicaragüense y amigo personal de Briceño, Roberto Samcam, había dicho a sus compatriotas exiliados y a la policía costarricense que lo mismo le sucedió en los días previos a que lo mataran a tiros dentro de su casa en San José el 19 de junio. Fue el tercer asesinato de un exiliado político nicaragüense en Costa Rica desde 2023.
Once días después, Briceño, de 75 años, su esposa y sus dos hijos volaron a Europa –a pesar de haber recibido refugio temporal en Costa Rica– para escapar de lo que los disidentes llaman el brazo cada vez más largo de la represión del presidente Daniel Ortega contra la oposición política.
"ES CUESTIÓN DE TIEMPO"
"Pensar, decididamente, en abandonar Costa Rica, fue dramático. Otro inicio en menos de siete meses es decepcionante", dijo Briceño. "(Pero) era compleja la situación (...) era cuestión de tiempo para que nos mataran", agregó. Él no identificó el nuevo país de acogida, afirmando que temía por su seguridad.
Al menos 50 familias nicaragüenses han huido de Costa Rica hacia Europa y Norteamérica desde agosto del año pasado, y dos docenas más de exiliados nicaragüenses y sus familias están planeando irse, según entrevistas de Reuters con 19 exiliados nicaragüenses que han buscado refugio en el país centroamericano.
La magnitud de la huida de los exiliados nicaragüenses desde Costa Rica no había sido reportada previamente.
El país fue conocido en su momento por sus bajos índices de criminalidad y estabilidad política. Más de 200,000 nicaragüenses solicitaron asilo en Costa Rica entre 2018 y 2024 y a 15,000 se les concedió el estatus de refugiado.
Los exiliados con los que habló Reuters describieron la creciente represión del gobierno de Ortega, que los ha dejado con miedo a represalias incluso después de huir de la región. Una docena de exiliados declararon a Reuters haber recibido amenazas idénticas por mensaje de texto y teléfono celular: "Salga de las redes sociales, deje de atacar (al Gobierno) o aténganse a las consecuencias".
La copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, esposa de Ortega y portavoz de la Presidencia, no respondió a preguntas sobre los asesinatos. La Embajada de Nicaragua en San José tampoco respondió a solicitudes de comentarios.
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, dijo a Reuters que el Estado costarricense ofrece a quienes enfrentan riesgos para su vida "la alternativa de presentar una denuncia a nivel judicial y obtener protección mediante la Oficina de Víctimas y Testigos".
Ninguno de los exiliados nicaragüenses con los que habló Reuters había solicitado protección.
Zamora no respondió a preguntas sobre asesinatos específicos. El Ministerio Público de Costa Rica indicó que no podía proporcionar detalles sobre si algún exiliado nicaragüense había solicitado protección gubernamental, ya que se trataba de "información confidencial".
Cuatro sospechosos, todos costarricenses, se encuentran detenidos acusados del asesinato de Samcam, pero el director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, Randall Zúniga, declaró en septiembre que el "autor intelectual" del crimen seguía prófugo. Añadió que las autoridades investigaban si los asesinatos eran "un caso de incursión política de otro gobierno".
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU dijo en un informe a fines de septiembre que la posibilidad de que Managua haya orquestado los asesinatos de Samcam y otros exiliados nicaragüenses "no puede descartarse (...) hasta que se realicen investigaciones exhaustivas e independientes".
El informe señala que Managua vigila a figuras de la oposición exiliadas para "castigar y silenciar a las y los disidentes dondequiera que se encuentren".
PROFUNDIZACIÓN DE LA REPRESIÓN
Diversos grupos de derechos humanos sostienen que Ortega se ha vuelto cada vez más autoritario desde las masivas protestas antigubernamentales de 2018, consolidando el control presidencial y silenciando a sus críticos a través de la violencia, el encarcelamiento y el exilio.
En los últimos años, los activistas han acusado a su Gobierno de intensificar la represión persiguiendo y asesinando a opositores en el exilio.
Al menos cuatro figuras de la oposición nicaragüense exiliadas, incluido Samcam, un mayor sandinista devenido en disidente, han sido asesinadas en Centroamérica desde 2022, según grupos de derechos humanos.
Tres nicaragüenses más residentes en Costa Rica dijeron a Reuters que hombres en motocicletas les dispararon con la intención de matarlos. Otro nicaragüense exiliado, entrevistado por Reuters, afirmó haber sido brutalmente golpeado.
Los ataques ocurren mientras Costa Rica se enfrenta a un aumento de los homicidios en medio de una lucha de poderosos cárteles de la droga por nuevas rutas de tráfico.
Muchos de los exiliados nicaragüenses que huyen de Costa Rica describieron tener opciones limitadas.
Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha restringido las vías de asilo y ha despojado a miles de nicaragüenses residentes de la protección contra la deportación. Otros países centroamericanos tampoco son opción por sus altos niveles de inseguridad.
Para muchos, España se ha convertido en el destino predilecto debido al idioma compartido, la relativa facilidad del proceso de asilo y la distancia con Nicaragua. Pero incluso quienes han huido a Europa dijeron tener miedo de revelar su paradero.
"DETERIORO INDETENIBLE DE SEGURIDAD"
En 2018, el activista de derechos humanos Álvaro Leiva huyó de la represión de Ortega contra los manifestantes antigubernamentales y se estableció en Costa Rica.
Muy pronto, dijo, empezó a recibir amenazas de muerte en su celular de hombres con acento nicaragüense. Autos y motos desconocidos lo acechaban en su casa y en el trabajo. Otros exiliados nicaragüenses le contaron que vieron algunas de estas motocicletas salir de la Embajada de Nicaragua en San José.
Leiva comenzó a sospechar que Nicaragua había enviado asesinos a Costa Rica con el objetivo de rastrear y matar a sus oponentes, y que estos agentes estaban estacionados en la embajada, haciéndose pasar por personal diplomático.
Leiva dijo que envió casi una docena de cartas a los líderes políticos y funcionarios de seguridad de Costa Rica durante los siguientes cinco años, detallando las amenazas y lo que calificó como una "creciente infiltración" de agentes de seguridad nicaragüenses y sicarios en territorio costarricense.
Al ser consultado por Reuters, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Zamora, dijo que no estaba familiarizado con la situación.
En su última carta de noviembre de 2024, dirigida al presidente costarricense Rodrigo Chaves, Leiva renunció a su asilo político debido a "al deterioro indetenible y creciente de mi seguridad".
Luego, huyó del país.
"Los tiranos tienen irrestricta capacidad de represión, lo mismo dentro de Nicaragua que en el exterior", dijo en una entrevista con Reuters.
Leiva no quiso revelar su ubicación, argumentando que temía que todavía estuviera dentro del alcance de Managua.
Con información de Reuters
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