El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) volvió al centro de la escena tras una serie de operativos y denuncias por uso excesivo de la fuerza en distintas ciudades del país. El asesinato de Renee Good durante un procedimiento en Minnesota reavivó el debate sobre el rol, las facultades y los límites legales de esta agencia federal clave en la política migratoria estadounidense.
ICE fue creada en 2003 como parte de la reorganización posterior a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Su nacimiento se dio con la sanción de la Ley de Seguridad Nacional, que también dio origen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La agencia surgió de la fusión de áreas del antiguo Servicio de Aduanas y del Servicio de Inmigración y Naturalización, con el objetivo de reforzar el control migratorio dentro del territorio estadounidense. Actualmente, ICE cuenta con más de 20.000 agentes y personal de apoyo, distribuidos en más de 400 oficinas dentro y fuera del país, y maneja un presupuesto anual cercano a los 8.000 millones de dólares.
Cómo funciona ICE y cuáles son sus áreas clave
ICE estructura su trabajo en tres grandes divisiones: la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) se encarga de delitos transnacionales, tráfico de personas y fraudes migratorios; la Oficina de Detención y Deportación (ERO) ejecuta arrestos, detenciones y expulsiones del país, y la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA) representa al gobierno en los procesos migratorios.
En los últimos años, y especialmente bajo la administración de Donald Trump, ICE amplió su alcance, su presupuesto y la frecuencia de sus operativos, con un fuerte énfasis en las deportaciones masivas.
Qué poder tienen los agentes de ICE para detener personas
Los agentes de ICE tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechadas de estar en Estados Unidos sin documentación legal, incluso en espacios públicos. En determinadas circunstancias, también pueden detener a ciudadanos estadounidenses, por ejemplo si interfieren en un arresto o si los agentes creen erróneamente que no tienen estatus legal.
Según investigaciones periodísticas, durante los primeros meses del actual gobierno se registraron más de 170 casos de ciudadanos estadounidenses detenidos por error, lo que alimentó las críticas y denuncias contra la agencia.
Uso de la fuerza y polémicas recientes
El uso de la fuerza por parte de ICE está regulado por la Constitución, leyes federales y directrices del DHS. En teoría, el uso de fuerza letal solo está permitido ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Sin embargo, la jurisprudencia estadounidense suele otorgar amplio margen a los agentes para decisiones tomadas “en el momento”.
Casos recientes, como el asesinato de Renee Good en Minneapolis y operativos en barrios, supermercados y viviendas, reavivaron el debate sobre los límites de ICE, el impacto en comunidades migrantes y el rol del gobierno federal en estas acciones.
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