Finalmente no hubo acuerdo en el Congreso de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump "se cerró" a la medianoche del martes. Esto significa que el Estado federal se quedó sin ley de Presupuesto y, por lo tanto, con la excepción de los servicios, agencias y oficinas consideradas como esenciales, deja de funcionar hasta que se apruebe en el Capitolio una ley con partidas para el año fiscal 2026, que comienza este miércoles, con el inicio de octubre. No es la primera vez que esto sucede. Al propio Trump le pasó a finales de 2018 y durante 35 días no dio el brazo a torcer. Le costó USD 11.000 millones y un derrumbe en las encuestas defender los USD 5.700 millones que exigía para expandir el muro fronterizo con México. Hoy se niega a prorrogar subsidios para que cuatro millones de estadounidenses no pierdan la cobertura médica el año próximo, no responde a los reclamos de su base rural y amenaza con profundizar aún más su motosierra, mientras promete salvar con USD 20.000 millones a Javier Milei, un aliado irrelevante para la mayoría de los estadounidenses que no aporta nada al discurso trumpista de "Estados Unidos primero".
El martes, el Gobierno argentino dio una noticia que hace meses esperaba: el presidente Milei tendrá su reunión bilateral con Trump en la Casa Blanca y hasta destacó que se alojará en la Blair House, la residencia oficial para invitados del mandatario estadounidense, ubicada a solo metros de la casa de Gobierno. El encuentro será en dos semanas, el martes 14 de octubre, y todo indica que el libertario -que buscará conseguir un apoyo aún más concreto y tangible que el que recibió en la sede neoyorquina de la ONU la semana pasada- aterrizará en una Washington sumida en crisis.
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Trump forzó (otra vez) el cierre de su propio Gobierno
En los últimos 45 años, Estados Unidos vivió 15 cierres del gobierno federal. Doce de ellos duraron entre uno y cinco días porque, en el pasado, no tener un Presupuesto era sinónimo de crisis política y los presidentes de turno hacían lo imposible para negociar y alcanzar acuerdos. En dos casos, los cierres duraron 21 y 16 días, y esto coincidió con una oposición republicana empoderada poselecciones y decidida a paralizar los gobiernos demócratas de Bill Clinton en 1995 y Barack Obama en 2013, respectivamente. El último antecedente fue el tercer cierre que enfrentó Trump en 2018, el segundo año de su primer mandato. Duró 35 días, fue el más largo en la historia moderna del país y la causa fue la partida excepcional que demandó para expandir el muro fronterizo con México, su gran promesa de campaña que nunca cumplió.
A diferencia de sus antecesores y fiel a su personalidad, Trump se negó a negociar ni a sacrificar su sueño de una frontera blindada. Su base más radicalizada -e insuficiente para ganar una elección- apoyaba esa postura, pero a la gran mayoría de la sociedad no le gustó que cientos de miles de trabajadores federales se quedaran sin trabajo y sin sueldo porque el presidente se negaba a dialogar y comprometer. El republicano empezó a caer en las encuestas y la tensión dentro de su partido creció. Su gran activo era la recuperación económica y el cierre de gran parte del Estado federal tiene un costo millonario para el país. Finalmente, aceptó que su bancada llegara a un acuerdo en el Congreso y él declaró una emergencia nacional para garantizarse los fondos fronterizos sin pasar por el Poder Legislativo.
La situación actual tiene algunas similitudes con 2018. Nuevamente Trump forzó el cierre de su Gobierno, no intentó negociar con la oposición demócrata en el Congreso para evitarlo. Los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras pero se requiere una mayoría especial de 60 bancas para aprobar el Presupuesto en el Senado. Eso significa que necesita al menos siete votos demócratas.
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En las últimas horas antes del plazo final, lejos de buscar acercar posiciones, el mandatario publicó un video grotescamente manipulado con inteligencia artificial para burlarse de los dos jefes de bancada demócratas de las cámaras del Congreso y, este martes, amenazó públicamente a la oposición con represalias. "Nosotros no estamos cerrando el Gobierno, ellos lo están haciendo y nosotros podemos hacer cosas durante el cierre del Gobierno que son irreversibles y malas para ellos", aseguró Trump ante la prensa y, cuando le pidieron precisiones, lanzó: "Eliminar a grandes números de personas, cortar cosas que a ellos les gusta, cortar programas que a ellos les gusta."
Para la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE, por sus siglas en inglés) y la Federación Estadounidense de Empleados de Estado, Condado y Municipio, la de Trump fue una amenaza explícita y, por eso, presentaron el mismo martes una denuncia ante la Justicia porque creen que el mandatario podría utilizar el cierre del Gobierno para decretar un despido masivo de trabajadores. "Anunciar planes para echar potencialmente a decenas de miles de empleados federales simplemente porque el Congreso y el Ejecutivo no se ponen de acuerdo sobre cómo financiar al Gobierno después del final del año fiscal no sólo es ilegal, sino que además es inmoral e inconcebible", aseguró el presidente nacional de AFGE, Everett Kelley, en un comunicado.
El temor no es exagerado. Justo esta semana comenzaron a ejecutarse las renuncias de más de 150.000 empleados federales que, acosados por las políticas actuales, decidieron tomar el programa de "retiros voluntarios". Se trata del mayor éxodo de funcionarios federales en un año en casi ocho décadas. Desde que asumió, el 20 de enero pasado, Trump se puso como prioridad echar a la mayor cantidad de trabajadores públicos posible. El objetivo no sólo era achicar el Estado -un valor libertario que recién descubrió en los últimos tiempos-, sino eliminar a toda la burocracia estable que durante su primer mandato intentó frenar, dilatar o moderar sus políticas más resistidas o, incluso, aquellos que lo criticaron, investigaron o dieron marcha atrás con sus cambios una vez que abandonó el poder y asumió Joe Biden.
Crisis, malestar social y la visita de Milei
A diferencia de 2018, Trump no está defendiendo una partida en especial, sino que parece estar buscando terminar de demostrar que puede gobernar sin el Congreso. "La vez anterior, Trump no estaba interesado en un cierre de su Gobierno, pero esta vez sí y cree que puede responsabilizar a los demócratas", explicó a El Destape la doctora en Historia Valeria Carbone, de la cátedra “Historia de Estados Unidos” de la UBA y de la Universidad Nacional de La Plata. Para la académica, el interés del mandatario es mostrar cómo se puede gobernar mientras tanto. Lo que sus antecesores vieron como una limitación, una debilidad, él cree que puede ser la forma de liberarse de lo que considera como un corset institucional.
"Él ya no está gobernando con el Congreso, por más de que tiene mayoría en ambas cámaras. Su agenda legislativa es inexistente. Por eso, es muy probable que utilice este cierre de Gobierno como una excusa para concentrar poder y achicar el gasto público, dos objetivos que siempre reivindica", agregó Carbone.
Pero, a diferencia de 2018, Trump entra a lo que podría ser un nuevo cierre de Gobierno largo con un claro malestar de parte de la base electoral republicana. La guerra comercial que lanzó contra China golpeó a muchos sectores que lo apoyaron en las elecciones del año pasado. Un ejemplo claro es el campo. Este sector, dominado por votantes blancos y conservadores, se vio muy perjudicado por la pérdida de ventas al gigante asiático y, por eso, no dudó en quejarse públicamente cuando Trump anunció el salvataje a Milei y, acto seguido, el gobierno argentino eliminó las retenciones a los granos, una medida que capitalizaron un puñado de exportadoras y China, en su necesidad de reemplazar las importaciones desde Estados Unidos.
"En Estados Unidos son muchos los que no entienden el salvataje. Milei o Argentina no son un socio comercial estratégico, no tienen nada para ofrecerle para su política doméstica. Entonces, no se entiende porque decide anunciar una ayuda millonaria cuando defiende profundos recortes en la economía real norteamericana, incluso en sectores que lo apoyaron en las urnas", destacó Carbone.
Si Trump cumple con sus amenazas y aprovecha el cierre de su Gobierno para despedir a decenas de miles de trabajadores -o más, porque los empleados públicos que se quedarán sin tareas y en sus casas sin cobrar un sueldo a partir de este miércoles son alrededor de 800.000-, Milei llegará a un Washington paralizado, con crecientes reclamos económicos de aliados y opositores. "No creo que (los opositores) hayan pensado bien lo que creo que el director del Presupuesto de la Casa Blanca va a hacer mientras el gobierno está cerrado. Creo que va a hacer que sea muy doloroso", advirtió el martes el senador republicano John Kennedy.
Una y otra vez, el mandatario ha demostrado que su forma de negociar, su única forma de negociar, es sometiendo al otro, por lo que las palabras de Kennedy no parecen exageradas. Y, por otro lado es poco probable que los demócratas y los 800.000 empleados públicos federales que no cobrarán sueldo a partir de este miércoles no reaccionen a las medidas "dolorosas" de Trump. Por eso, el escenario de crisis está preparado en Washington para recibir a un Milei que llegará sumido en su propia urgencia. Ya quedó claro que la sola promesa del gobierno estadounidense no alcanza para que el libertario llegue bien parado a las elecciones nacionales del 26 de octubre, necesita lo que a partir de este miércoles cada vez más ciudadanos estadounidenses le reclamarán a Trump: dólares.
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