En el marco de la escalada de tensiones con el gobierno de La Habana, el presidente estadounidense Donald Trump declaró una emergencia nacional y anunció que fijará aranceles a los países que vendan o suministren, de manera directa o indirecta, petróleo a Cuba. De acuerdo a lo que comunicó la Casa Blanca, la decisión busca "proteger la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos" frente a lo que la administración considera acciones políticas "malignas" del gobierno cubano. La nueva resolución, emitida como una Orden Ejecutiva que firmó el propio Trump, creará un sistema arancelario que habilitará la imposición de gravámenes adicionales a las importaciones de cualquier país que mantenga vínculos energéticos con La Habana.
Tras la intervención militar en Venezuela, Trump redobló la apuesta en su retórica belicista y comenzó a amenazar a los países del continente que considere críticos con su línea política. El mandatario estadounidense manifestó su interés por Cuba y otros cuatro territorios: Colombia, México, Irán y Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. En este contexto, Trump amenazó a mediados de enero con cortarle la llegada de petróleo al gobierno de Miguel Díaz-Canel, que atraviesa una grave crisis económica y social. El líder cubano denunció una "asfixia extrema" de parte de Washington y afirmó: "Quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza".
El texto difundido esta semana por la Casa Blanca autoriza al Secretario de Estado y al Secretario de Comercio a adoptar todas las medidas necesarias para implementar el nuevo esquema, incluida la emisión de normas y lineamientos específicos. Asimismo, el presidente Trump se reservó la facultad de modificar la medida en caso de que Cuba o los países alcanzados adopten "acciones significativas", que fuesen cómplices con los objetivos de seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos.
Desde Washington, la iniciativa fue presentada como parte de una estrategia más amplia para contrarrestar la influencia del gobierno cubano en la región. La administración Trump sostiene que Cuba mantiene vínculos con países y actores considerados hostiles, aloja capacidades militares y de inteligencia extranjeras y alberga, según él, la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia fuera de su territorio.
El gobierno estadounidense también acusa al gobierno cubano de "brindar refugio" a grupos terroristas transnacionales como Hezbolá y Hamás; de apoyar a adversarios en el hemisferio occidental y de socavar sanciones internacionales, lo que para él "contribuye a la inestabilidad regional". A esto suma también acusaciones al país insular presuntas persecuciones y tortura de opositores políticos, así como también restricciones a la libertad de expresión y supuestas prácticas de corrupción vinculadas a la situación social del país.
"La combinación de estas acciones constituye una amenaza inusual y extraordinaria que requiere una respuesta inmediata", señala el comunicado oficial de la Casa Blanca difundido tras la firma de la Orden Ejecutiva.
Estados Unidos y su política exterior nacionalista
La Casa Blanca enmarca esta decisión en su programa exterior de "Estados Unidos Primero", destacando que Trump "continúa una línea dura" frente a gobiernos que considera hostiles. En ese sentido, recordó que durante su primer mandato revirtió el acercamiento impulsado por la administración de Barack Obama hacia Cuba y reforzó las sanciones económicas y diplomáticas.
En junio de 2025, el presidente dispuso restricciones parciales de viaje para ciudadanos cubanos, al considerar a la isla un estado patrocinador del terrorismo y señalar su falta de cooperación en materia policial y migratoria. Ese mismo mes, firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional destinado a endurecer la política estadounidense hacia La Habana.
En el texto difundido tras el anuncio de aranceles, desde la Casa Blanca recordaron además los ataques contra la infraestructura militar de Irán que fueron ordenados el año pasado, así como también el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, bajo la consigna de que todos los dictadores y los considerados estados patrocinadores del terrorismo "serán responsabilizados por sus actos".
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