Tras haber sido acusado de romper la orden judicial de no poder hablar en redes sociales, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro negó este martes haber incumplido la petición judicial dado que él "nunca entendió" que no podía dar entrevistas ni expresar opiniones "que pudieran ser difundidas en redes sociales". Su defensa alegó lo mismo, asegurando que el exmandatario "no usa sus redes personales" ni que tampoco el "pidió que difundieran su mensaje" en las redes sociales.
El escándalo viral surgió a partir del video que se difundió del expresidente exhibiendo la tobillera eléctrica que la justicia le aplicó, como parte de su sentencia por las acusación que tiene por el presunto golpe de Estado contra Lula da Silva, en enero del 2023. Bolsonaro es objeto de medidas cautelares por presunta obstrucción a la justicia relacionada a su juicio en el máximo tribunal por la tentativa de golpe. Entre otras restricciones, le prohibieron el uso de las redes sociales, incluso la difusión de intervenciones públicas del exmandatario durante su mandato presidencial por terceros.
Cuando el ultraderechista ofreció declaraciones a los medios el lunes (que fueron retransmitidas rápidamente en redes), el magistrado Alexandre de Moraes dio 24 horas a sus abogados para presentar esclarecimientos, "bajo pena de decretar su prisión inmediata". Bolsonaro se defendió asegurando que "de ninguna forma fue prohibido de conceder entrevistas". Y por lo tanto, según sus abogados, "no incumplió" la orden.
"No hizo publicaciones, no accedió a sus redes sociales y no pidió a terceros que lo hicieran por él", añadieron los magistrados.
Las medidas contra Bolsonaro: prohibición de usar sus redes y domiciliaria "durante la noche y fines de semana"
Aparte de prohibirle usar sus redes, entre otras medidas también se le obligó a permanecer en su casa durante la noche y fines de semana. Estas restricciones fueron ordenadas en el marco de una nueva investigación, que intenta determinar la responsabilidad del líder ultraderechista y su hijo y diputado Eduardo en una campaña para que Estados Unidos sancione a los jueces del Supremo y al propio Brasil, en la que hay sospechas de que Eduardo Bolsonaro negoció con el presidente de ese país, Donald Trump, a amenazar con aranceles del 50% al país carioca.
El propio Trump justificó esa sanción en la "caza de brujas" que a su juicio sufre Bolsonaro, y exigió que cese el proceso penal que enfrenta, a fin de no aplicarla a partir del 1 de agosto próximo.
La defensa de Bolsonaro pidió a la justicia "más claridad" en las restricciones contra el expresidente
En un documento que presentaron este martes, los abogados también pidieron al tribunal que aclare si las restricciones le impiden a Bolsonaro conceder entrevistas, pues eso no figura en la decisión que impuso las cautelares y, en caso de ofrecerlas, estas pueden acabar en las redes sociales.
Agregaron que eso supone un fenómeno "incontrolable en la dinámica contemporánea de la comunicación digital" y sostuvieron que el expresidente está cumpliendo a rajatabla las medidas impuestas.
Si De Moraes no considera satisfactoria la respuesta, en medios jurídicos y políticos se teme que pueda dictar una orden de prisión preventiva, que es uno de los pasos que pueden seguir al incumplimiento de decisiones judiciales.
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