El proyecto de ley que el gobierno de Javier Milei envió al Senado bajo el título "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez" contiene una definición que modificará de raíz la situación de miles de beneficiarios en todo el país. El artículo 7.° del texto establece de manera explícita que la pensión por invalidez laboral será incompatible con la inscripción en el régimen simplificado del monotributo.
La redacción propuesta no deja margen para interpretaciones graduales. El artículo en cuestión prohíbe taxativamente cobrar la prestación si la persona posee un vínculo laboral formal o se encuentra inscripta en el régimen general o simplificado vigente. Esto significa que cualquier monotributista actual que perciba una pensión no contributiva por invalidez deberá optar por uno de los dos ingresos.
El criterio que endurece la norma
La legislación actualmente en vigencia admitía ciertas excepciones orientadas a promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Existía un espíritu de gradualidad que permitía complementar el beneficio con alguna actividad productiva de baja escala, precisamente la que suele canalizarse mediante el monotributo social o el régimen simplificado tradicional.
El proyecto del Ejecutivo rompe con esa lógica y refuerza el carácter de la prestación como un recurso destinado exclusivamente a quienes carecen de cualquier otra fuente de ingresos. Según consta en los fundamentos de la iniciativa, la modificación busca corregir lo que el oficialismo considera un desvío respecto del objetivo original de estas pensiones no contributivas.
Auditorías y cruce de datos en tiempo real
La prohibición no quedará librada a la buena fe declarativa de los beneficiarios. El texto faculta a la autoridad de aplicación a implementar un sistema de auditorías periódicas con cruce masivo de información. Los organismos involucrados incluyen a la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Ministerio de Trabajo y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Si del entrecruzamiento de datos surge una incompatibilidad detectada de manera objetiva, la norma habilita la suspensión preventiva inmediata del pago de la prestación. Esa suspensión se mantendrá activa hasta tanto el beneficiario pueda demostrar que su situación se ajusta a los nuevos requisitos exigidos por la ley. El procedimiento no requiere orden judicial previa.
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Reempadronamiento primer filtro
El mecanismo de control arranca con una instancia de fiscalización masiva conocida como reempadronamiento obligatorio. Los 1.200.000 titulares actuales deberán presentar nuevamente documentación médica, declaración de ingresos y antecedentes laborales en un plazo de 90 días, prorrogable por otros 30 adicionales.
Quienes no cumplan con este requisito sufrirán la suspensión automática del beneficio. A partir de allí, dispondrán de 60 días para regularizar su situación. Si transcurrido ese lapso el trámite sigue sin completarse, la baja de la pensión se vuelve definitiva mediante un simple acto administrativo dictado por la autoridad competente.
Una prestación inembargable pero restringida
El proyecto mantiene la condición de inembargable de la pensión, un resguardo legal que impide que el dinero sea objeto de retenciones por deudas contraídas con acreedores. Sin embargo, esta protección coexiste con la nueva arquitectura restrictiva que elimina toda posibilidad de complementar el beneficio con ingresos provenientes del trabajo autónomo registrado.
La discusión parlamentaria que se avecina en el Senado pondrá a prueba el respaldo político con el que cuenta esta iniciativa. Mientras el oficialismo insiste en que la reforma apunta a combatir fraudes, las organizaciones sociales advierten que muchos monotributistas en situación de vulnerabilidad quedarán expuestos a perder la cobertura que hoy les permite subsistir.
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