Mientras la guerra en Irán sigue, la maquinaria de deportación de Trump escala

Después de abrir la puerta de su casa por una supuesta verificación de domicilio, de pasar por varios centros de detención y de ser vacunada por la fiebre amarilla, se convirtió en una de las primeras 15 personas latinoamericanas que el Servicio de Inmigrantes y Control de Aduanas (ICE) detuvo el mes pasado para enviarlas a República Democrática de Congo (RDP). Estas eran solicitantes de asilo o migrantes de países como Colombia, Perú y Ecuador. Llegaron a la nación africana a partir de un nuevo acuerdo diplomático de Washington con "terceros países" para la expulsión de los deportados. Esta escena, que se repite con un ritmo récord de vuelos mensuales, es la cara visible de una maquinaria de expulsiones forzadas que creció un 122% en el último año y que se reforzó mientras la opinión pública mira a la guerra en Irán. Bajo el mandato de Donald Trump, el ICE no solo dice haber brindado la frontera, sino que inició una expansión física y logística hacia el interior del país, remodelando almacenes y bases militares para volverlos nodos de una red de detención que sólo crece.

Si se miran los datos, estos indican que desde la guerra en Irán, la crisis del estrecho de Ormuz y las miles de derivaciones de estos conflictos, Estados Unidos está aumentando los vuelos de deportación del ICE y amplió su ramificación de centros de detención por el territorio del país norteamericano. Este y otros datos ponen a la presidencia de Trump como uno de los mandatarios con la política migratoria más dura de la historia reciente del país del norte.

En concreto, desde que asumió el cargo el 20 de enero de 2025, la administración Trump impulsó una agenda de deportaciones masivas sin precedentes, usando una diversidad de tácticas: desde la vigilancia interna hasta el traslado forzoso de individuos a otros países de los que no son ciudadanos. Y si bien muchas de estas acciones fueron declaradas ilegales por tribunales federales y hay voces que señalan que se llevan a cabo con escasa o nula transparencia, estas siguen.

El informe Ice Flight Monitor publicado por la organización sin fines de lucro Human Rights First señaló que hay un aumento de los vuelos de deportación así como los vuelos de traslados internos. El total de vuelos alcanzó los 1794 en marzo, un aumento del 122% con respecto al año anterior. Es un récord alcanzado a pesar del cierre del gobierno que afectó al Departamento de Seguridad Nacional.

Solo en marzo se registraron 225 vuelos con deportados y con destino a 46 países como parte de esta creciente campaña de expulsiones masiva. Esto representa un aumento del 23% con respecto a los 183 vuelos de febrero, el mes en que comenzó la ofensiva de Israel y EE. UU. contra Teherán.

Las nuevas fronteras de expulsión

Pero no se trata solo de la cantidad, sino también de una variedad de nuevos destinos acordados por la administración Trump con otros países. En marzo se realizaron vuelos de deportación por primera vez a Moldavia, Myanmar y Tailandia, y se reanudaron los vuelos a Tayikistán, Belice, Togo y Trinidad y Tobago. Guatemala y Honduras siguen siendo los países con mayor número de deportaciones, representando el 41% del total.

Además, según el mismo informe, se ampliaron los traslados forzosos de personas a países donde no son ciudadanas, esto es, por ejemplo, se manda a personas no ecuatorianas a Ecuador y personas no hondureñas a Honduras en virtud de esos acuerdos de cooperación en materia de asilo. 

La agencia de noticias Reuters fue la primera que informó que 15 latinoamericanos llegaron en abril a otro nuevo destino: RDP. En tanto, la cadena BBC entrevistó a alguno de ellos, como es el caso de Marta -quien no dio su nombre real- que fue quien relató que la trasladaron de centro en centro, la vacunaron y después la expulsaron de Texas a Congo.

Además de estos vuelos de expulsión, hubo 1225 vuelos de traslado internos, en general previos a las deportaciones ya que son de reubicación hacia y entre los centros de detención y las instalaciones de preparación para la expulsión.

Expansión terrestre: La reconversión de edificios y la cuestión profesional

Mientras los vuelos de expulsión siguen, ICE está ampliando su presencia en el territorio de Estados Unidos. Centralmente está alquilando y comprando depósitos y edificios en todo Estados Unidos para adaptarlos y convertirlos en centros de detención. Según datos de un pedido de información pública del Proyecto de Datos de Deportación y analizados por NPR, la radio pública del país del norte, los detenidos por ICE estuvieron recluidos en más de 220 centros de detención en todo el país. Se trata de centros que son desde instalaciones exclusivas de ICE y prisiones privadas hasta cárceles de condado, bases militares y almacenes recientemente reconvertidos. También algunos son excluidos en zonas de espera, hospitales y centros de detención provisional. El número de centros sigue en aumento. Los documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) revelan ambiciosos planes de expansión.

En tanto, el Instituto Thurgood Marshall (TMI) del Fondo de Defensa Legal analizó también datos gubernamentales dados por el ICE en respuesta a una solicitud de acceso a registros públicos para visualizar dónde se produjeron las detenciones de ICE por estado durante los primeros catorce meses de la actual administración Trump, o sea, de enero pasado a este marzo. Las mayores operaciones de detención se concentran principalmente en el sur de Estados Unidos.

Algunos de los nuevos agentes del ICE comenzaron a trabajar antes de pasar las verificaciones de antecedentes y tenían problemas en el pasado. En enero, el ICE anunció una campaña de contratación sin antecedentes, incorporando a 12.000 oficiales y agentes para duplicar su plantilla. Pero la rapidez con la que fueron incorporados a la agencia que dice ser clave para la seguridad nacional, genera alarma. La agencia Associated Press (AP) descubrió, por ejemplo, que uno de los nuevos empleados del ICE se había declarado en bancarrota dos veces y había trabajado para seis agencias policiales en tres años. Otro fue acusado de mentir en un informe policial para justificar una acusación por delito grave contra una mujer inocente. Un tercero renunció a su único trabajo anterior como policía después de tres semanas. El brazo armado de Trump parece ser cada vez menos profesional. 

Y si bien algunas de estas tendencias no son nuevas, ya que por ejemplo los vuelos de deportaciones y las detenciones vienen de antes de Trump, sí se pone en perspectiva comparada con sus antecesores, el salto es contundente. Las detenciones diarias del ICE se duplicaron ampliamente bajo el mandato de Trump 2.0. 

Trump solo defiende estas políticas y reivindica que ahora es un país de puertas cerradas para la inmigración. Así lo decía en enero: “La frontera está totalmente segura. Ya sabes, se te olvida que heredé una frontera por la que cruzaban millones de personas. Ahora tenemos una frontera por la que no cruza nadie”. 

El “cheque en blanco” del Congreso

Esta semana la Cámara de Representantes de EE. UU., después del visto bueno del Senado, dio un primer paso importante para el presupuesto dedicado a la política migratoria de los próximos tres años. Aprobaron una hoja de ruta. Es el permiso para que el Congreso comience a discutir el envío de 70 mil millones de dólares extra para reforzar la vigilancia en la frontera y el trabajo de los agentes de inmigración. 215 votos a favor, 211 en contra y un miembro se abstuvo. La resolución salió y es el paso previo que indica que el Congreso aprobará ese presupuesto y a través de un mecanismo cuestionable y poco usual que es la mayoría siempre; es decir, sin los demócratas.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, dijo: "Los republicanos quieren desembolsar millas de millones de dólares para el ejército privado de Donald Trump, sin ninguna restricción ni reforma sensata. Los demócratas quieren que la gente tenga dinero en sus bolsillos reduciendo los costos de la electricidad, el gas, la vivienda, la atención médica y los alimentos. El contraste es evidente".

Los demócratas dicen que cualquier proyecto de ley de financiación debería imponer restricciones a las autoridades federales de inmigración, como por ejemplo un mayor uso de órdenes judiciales, entre otras peticiones. Pero los republicanos esperan aprobar ese presupuesto en mayo apelando a una mayoría simple. Mecanismo que ya usaron el año pasado para aprobar rápidamente alrededor de 130.000 millones de dólares en financiación para las agencias de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, utilizados para llevar a cabo su masiva campaña de expulsión.

El costo político: el descontento del votante hispano

En abril, la agencia de noticias AP publicó una encuesta que señala que muchos de los grupos que contribuyeron a la reelección de Trump están profundamente descontentos con su gestión. Y aseguraba que el enfoque restrictivo de Trump en materia de inmigración podría estar influyendo. 

En términos generales, su opinión sobre el presidente disminuyó. En marzo de 2025, poco después de su regreso a la Casa Blanca, el 41% de los adultos hispanos aprobaba la gestión general de Trump como presidente. Desde entonces, esa cifra cayó al 25% en esa encuesta. Un problema posible para los adultos hispanos, según AP, es la inmigración, y esto podría ser especialmente así entre los hispanos ya que solo el 18% de los adultos hispanos menores de 45 años aprueba la forma en que Trump está manejando la inmigración, en comparación con el 40 % del total de los estadounidenses.

Este engranaje de deportación masiva, sin embargo, no solo enfrenta resistencia en los tribunales o en las encuestas de opinión. La velocidad con la que se montó y sigue montando esta "maquinaria 2.0" expone una grieta profunda en la integridad institucional del sistema: la degradación de sus propios estándares de control. 

Al priorizar el volumen de expulsiones y la rapidez de la contratación sobre la verificación de antecedentes y la transparencia operativa, el Gobierno de Trump creó una fuerza pública cuya profesionalidad está hoy bajo la lupa. Entre el envío de latinoamericanos a destinos inverosímiles como el Congo y la gestión de agentes con pasados ​​cuestionables, la política migratoria de Trump se mueve en una zona gris donde el rigor administrativo se sustituye por la urgencia política. 

Al final, el "cheque en blanco" del Congreso no solo financia un muro logístico, sino también un modelo de ejecución que, en su afán por blindar las fronteras, parece haber olvidado blindar su propia legalidad y ética interna.