La Asamblea de Ecuador aprobó la noche del sábado una reforma impulsada por el presidente Daniel Noboa para dotar al gobierno de nuevas facultades legales para enfrentar a los grupos armados y desmantelar las redes de narcotráfico que impulsan sus negocios criminales en el país sudamericano.
La propuesta fue respaldada por 84 de los 141 legisladores que estuvieron presentes en el Legislativo. Otros 46 votaron en contra y 10 se abstuvieron.
Noboa, quien inició un segundo mandato el mes pasado, declaró un "conflicto armado interno" en enero de 2024 contra las bandas criminales. Desde entonces, ha emitido decretos de emergencia para desplegar tropas militares junto con la policía, reforzando significativamente la presencia de seguridad.
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También ha supervisado un aumento en las penas de prisión por delitos relacionados con las drogas y busca activamente una colaboración más estrecha con Estados Unidos y otros países para el intercambio de inteligencia y recursos.
El nuevo marco legal otorga a Noboa mayor libertad para redirigir recursos y acciones operativas hacia medidas de lucha contra grupos armados organizados.
También tendrá la facultad de indultar a policías y militares por su conducta en operativos de seguridad. Los uniformados bajo investigación penal podrían evitar la prisión preventiva. Los miembros de las fuerzas del orden estarán sujetos a evaluaciones cada seis meses, según el texto aprobado.
Los cambios también introducen penas de hasta 30 años por tráfico de combustible. Las autoridades afirman que este delito, junto con la minería ilegal, ha aumentado en los últimos años y es una fuente clave de financiación para las bandas criminales.
Los bienes vinculados a grupos criminales pueden ser incautados directamente por las fuerzas de seguridad, un cambio significativo que permite una confiscación más inmediata en comparación con los procesos judiciales previos, a menudo largos, para el decomiso de bienes.
Las personas que lideren, pertenezcan o colaboren con estos grupos enfrentarán penas de prisión de hasta 30 años.
Las reformas también incluyen incentivos económicos para los sectores afectados por la violencia.
Con información de Reuters
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