El gobierno de Javier Milei llegó blandiendo una motosierra, jurando “equilibrio fiscal” y un futuro sin corrupción. Sonaba heroico, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando esa motosierra no corta el despilfarro de la “casta”, sino los derechos de los más vulnerables?
En un país donde la voracidad por el poder no descansa, los audios filtrados –esos que el oficialismo descarta como “operaciones políticas”– destapan la verdad: un sistema diseñado no para auditar, sino para saquear, con una crueldad que revela la insensibilidad emocional incapaz de empatizar con el sufrimiento de una sociedad descreída.
Vivimos tiempos oscuros, donde las apariencias engañan y las manipulaciones moldean lo que creemos. Audios explosivos exponen a funcionarios jactándose de entramados corruptos que condenan a millones al abandono.
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En la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un audio muestra a Diego Spagnuolo, ex titular y amigo íntimo del presidente Javier Milei, alardear de auditorías diseñadas para eliminar pensiones –más de 111.000 bajas en meses, muchas admitidas como “errores” por el propio Gobierno–.
Con una frialdad que hiela, estas “auditorías” negaron sin aviso prestaciones vitales, dejando a personas con discapacidad sin apoyo, profundizando las grietas y desigualdades. ¿Control? Puro cuento: es un ajuste brutal que prioriza números sobre vidas, mientras el escándalo del 3% de coimas reciente en ANDIS salpica al Presidente Milei y a su círculo más íntimo; incluida su hermana Karina- Secretaria de Presidencia - y que se volvió meme esta semana.
Otro audio señala al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien redujo la Unidad de Auditoría Interna de ANDIS de 16 a 4 o 5 personas, desmantelando los controles internos. Esto viola la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige sistemas robustos para garantizar transparencia. Tras las filtraciones, Spagnuolo fue desplazado pero los audios no han sido negados aún, y todo indica que Milei sabía y miró para otro lado.
Antes, los corruptos tiraban bolsos por las tapias; ahora, usan carpetazos y audios para tapar sus negocios sucios, pero la verdad se cuela, iluminando las heridas de una sociedad harta de los políticos que cambian de discurso pero no de mañas. Nunca más claro: los mismos de antes y los mismos de ahora. Desde el arranque, este Gobierno hizo de las auditorías su caballito de batalla para atacar y vaciar al Estado, pregonando un equilibrio fiscal que esconde un profundo desequilibrio social.
Recordemos que Milei repitió cual “mantra” que las universidades “no se dejaban auditar”, una mentira: son controladas regularmente por la Auditoría General de la Nación (AGN). En casi dos años de gobierno, los escándalos no paran: el cripto escándalo de Libra promocionado por Milei y ligado a fondos embargados; el caso del fentanilo contaminado, atado a coimas millonarias que se cobró más de 100 muertes pero cuya cifra va a escalar; funcionarios en las sombras o monotributistas que esquivan controles de la ley de ética pública; opacidad en compras públicas; denuncias en PAMI por estafas; y las coimas en la compra de medicamentos en ANDIS que delatan su relato discursivo mentiroso.
Lo peor: la AGN, por primera vez en su historia, está paralizada desde 2024, sin autoridades por falta de voluntad política. Sin auditores, no hay fiscalización de la gestión de Milei, justo cuando el mundo exige transparencia.
La falta de control no es un detalle: es un peligro que alimenta gestiones opacas y corruptas. En nombre del “equilibrio fiscal”, con auditorías truchas que niegan derechos, se allana el camino a la corrupción que golpea a los más vulnerables, profundizando las heridas de una sociedad que no puede desarrollarse ni crecer.
La transparencia y la rendición de cuentas son escudos contra la crueldad y el abuso. Sin ellos, la desigualdad se dispara, y los ciudadanos pagan el precio. Pero el relato se cae: los hechos prueban que auditar es más que un discurso; es un compromiso con la justicia social. Hay alternativa, hay esperanzas y es con la mirada y la acción puesta para adelante.
*Especialista en control y transparencia. Candidata a senadora nacional de Para Adelante por la Ciudad de Buenos Aires.
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