A menos de seis meses de las elecciones presidenciales en Chile, el pacto “Unidad por Chile”, conformado por el Partido Socialista, el Frente Amplio, el Partido Liberal, la Federación Regionalista Verde Social, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Comunista y el Partido Acción Humanista, este domingo 29 de junio dirimirá en las urnas sus candidaturas para retener la administración del Palacio de la Moneda, y determinar la senda estratégica a seguir, más allá de los claroscuros y vacilaciones de la gestión de Gabriel Boric.
En la competencia están Jeannette Jara, Carolina Tohá, Gonzalo Winter y Jaime Mulet, todos integrantes del pacto Unidad por Chile, que agrupa a movimientos sociales y partidos de izquierda, progresistas, y liberales.
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Carolina Tohá, dirigente del Partido por la Democracia (PPD), cuenta con el respaldo del socialismo institucional, el liberalismo, el radicalismo y la Democracia Cristiana -esta última desde fuera de la coalición formalmente constituida-. Con una extensa trayectoria política que incluye cargos como ministra del Interior, alcaldesa de Santiago y diputada, Tohá parece ser la candidata bendecida por el presidente Boric. Jeannette Jara, por su parte, es la candidata del Partido Comunista (PC), fue ministra del Trabajo hasta abril de 2025 y se destacó como arquitecta de la reforma del sistema de pensiones, particularmente en lo relativo a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y de la mejor política que puede señalar el actual elenco gubernamental: un sostenido crecimiento del salario mínimo, hoy ubicado en unos 561 dólares. Su postulación cuenta también con el respaldo de Acción Humanista y la Izquierda Cristiana. A ellos se suman Gonzalo Winter, diputado del Frente Amplio desde 2018, proclamado en abril de 2025 como candidato tras haber descartado inicialmente su postulación, y Jaime Mulet, referente de la Federación Regionalista Verde Social, con una amplia carrera en la región de Atacama y una postura vinculada al humanismo cristiano dentro del oficialismo.
Pareciera que la verdadera competencia se dirime entre Carolina Tohá y Jeannette Jara. Tohá, representante de un liberalismo concertacionista, se ha alineado en su rol de ministra del Interior con la narrativa punitivista y con la agenda securitaria tradicionalmente impulsada por la derecha chilena. Jara, en cambio, encarna la candidatura de un Partido Comunista que, desde la muerte de su último gran conductor, Guillermo Teillier, en 2023, ha transitado por una senda de moderación ideológica y programática, aunque sin abandonar su defensa histórica de Cuba y Venezuela ni su compromiso con la integración regional. Su postulación también marca la fuerza electoral del único Partido que verdaderamente ha tenido puntos de tensión con el presidente Gabriel Boric, particularmente por el abierto distanciamiento del presidente ante la injusta situación de Daniel Jadue, exalcalde de Recoleta, figura prominente del PC y su competidor interno en elecciones pasadas, actualmente detenido en uno de los casos de lawfare más resonantes de América Latina.
Karina Oliva Pérez, referente del Instituto Plebeya de Chile, el 6 de junio en una entrevista con el programa de streaming de NODAL, “la izquierda chilena se ha volcado más hacia un progresismo liberal que hacia una socialdemocracia. Hay una tensión ahí que la centroizquierda niega”.
“Lo más complejo es haber abrazado la agenda de seguridad de la derecha. Cuando tú abrazas la agenda de la seguridad, lo que estás diciendo es que te quedaste sin proyecto”, agregó, poniendo especial énfasis en la ausencia de una reforma de Carabineros, una institución del Estado que nunca revisó su herencia pinochetista.
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En otras palabras, la disputa actual no gira en torno al rumbo político, sino sobre quién administra con mayor eficacia un modelo económico y político que no atiende la agenda programática popular forjada al calor del estallido social de octubre de 2019. Aquel impulso transformador, que encontró una expresión concreta en la Asamblea Constituyente y su ambicioso proyecto de Nueva Constitución rechazada en 2022, fue abandonado por el gobierno de Gabriel Boric. Temiendo que un eventual rechazo del nuevo texto fuera interpretado como un “plebiscito” sobre su propia gestión, el Ejecutivo -que había asumido representando las expectativas de cambio- optó por replegarse. Así, desperdició una oportunidad histórica de refundar el país, co-gobernando junto al poder constituyente. En un giro hacia el viejo pragmatismo concertacionista, Boric eligió, en sus propias palabras, “habitar las instituciones”, es decir, aquellas mismas estructuras heredadas de la dictadura pinochetista y sus “Chicago Boy´s”, con Miguel Kast y Sergio de Castro a la cabeza de un potente núcleo político-intelectual neoliberal.
En las últimas elecciones primarias fueron muchos los que denunciaron que sectores de la derecha, y de la debilitada Concertación, habrían impulsado el voto por Boric, con el objetivo de frenar al ya mencionado Jadue, quien se perfilaba como el candidato más representativo de las ideas forjadas al calor de la revuelta popular de 2019.
De este modo, el escenario político chileno aparece hondamente atravesado por los estigmas del fallido proceso constitucional y por el desencanto que dejó una promesa de transformación que nunca se materializó. La derrota sucesiva de las dos propuestas de nueva Constitución -la primera elaborada por una Asamblea Constituyente con fuerte impronta popular, y la segunda impuesta desde la extrema derecha, ambas rechazadas por la ciudadanía, una en septiembre de 2022 y otra en diciembre de 2023- dejó a la ciudadanía atrapada en la camisa de fuerza de la Constitución de 1980. Esta Carta Magna, legado directo de la dictadura de Augusto Pinochet, fue redactada casi íntegramente por Jaime Guzmán, abogado ultraconservador, admirador del franquismo y principal ideólogo del régimen. Sin embargo, y lejos de un nacionalismo falangista, Guzmán articuló la creación de la Unión Demócrata Independiente (UDI) como brazo político del pinochetismo, con el objetivo de consolidar electoralmente el proyecto de los economistas neoliberales.
El gobierno de Boric
Gabriel Boric, el presidente más joven y más votado de la historia de Chile, llegó al poder con la promesa de liderar un cambio estructural. Sin embargo, rápidamente quedó atrapado en una lógica que lo llevó a administrar el modelo neoliberal en lugar de enfrentarlo. En lugar de sostener el impulso transformador que lo catapultó a La Moneda, optó por una moderación calculada que, lejos de contener el malestar social, allanó el terreno para el avance de la extrema derecha, la restauración del orden conservador y la perpetuación de un modelo que reproduce desigualdad y exclusión.
El pasado 1 de junio, Boric dió su última Cuenta Pública a través de un balance de gestión orientado a consolidar los principales compromisos de su programa, destacando avances en derechos sociales, democratización económica y modernización institucional. Entre los logros más relevantes destacó la reducción de la jornada laboral a 40 horas; el fortalecimiento del sistema previsional y de salud pública, así como el impulso de una Estrategia Nacional del Litio menos dependiente del mercado.
En política exterior, Gabriel Boric ha sostenido una postura en defensa de los derechos humanos que resulta, cuanto menos, ambigua. Si bien ha condenado con firmeza la agresión israelí sobre Gaza y ha criticado el autoritarismo de Nayib Bukele en El Salvador, al mismo tiempo ha repudiado lo que considera violaciones a la democracia en Nicaragua y Venezuela, adoptando un discurso funcional a los intereses injerencistas que operan sobre América Latina. En un intento por reequilibrar ese viraje, el Ejecutivo ha reforzado recientemente su condena al genocidio israelí en Palestina.
Nada nuevo para un presidente que se ha alineado con el núcleo de ideas del globalismo angloamericano, y que el 50° Aniversario del Golpe de Estado a Salvador Allende no fue interpretado como el capítulo chileno de una interrupción violenta a las luchas y los avances del movimiento popular latinoamericano, sino como una oportunidad para abrazarse con Emmanuel Macron y Pedro Sánchez.
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Una derecha sin proyecto pero con cohesión programática y social
En la vereda de enfrente, la derecha se reorganiza con más cohesión que ideas. Los principales candidatos de la oposición para las elecciones presidenciales de 2025 provienen de distintos sectores de la derecha y el centro político.
Evelyn Matthei, proclamada por la UDI y Renovación Nacional, es una figura con amplia experiencia como ex alcaldesa de Providencia y exministra. José Antonio Kast, del Partido Republicano, decidió no participar en las primarias y va directo a la primera vuelta con una campaña centrada en temas de pensiones y migración. Johannes Kaiser, diputado y ex miembro del Partido Republicano, se presenta como una figura de la ultraderecha con un discurso provocador. Francesca Muñoz, diputada del Partido Social Cristiano, también ha mostrado interés en asumir la candidatura de su partido. Por otro lado, Ximena Rincón, senadora y presidenta del partido Demócratas, representa una opción de centro y fue proclamada candidata en marzo de 2025.
Por último, frente a la exclusión de las primarias por parte del oficialismo, Marco Enríquez-Ominami, exdiputado socialista y fundador del extinto Partido Progresista, busca juntar 35 mil firmas ante Servel para oficializar su candidatura como independiente a La Moneda. A fines de mayo, en dos semanas, alcanzó las diez mil firmas.
La primera vez que ME-O intentó llegar a La Moneda fue en las elecciones de 2009, donde obtuvo el 20,13% por ciento, quedando en tercer lugar, sólo detrás de Eduardo Frei y Sebastián Piñera. Volvió a intentarlo en las presidenciales de 2013, 2017 y 2021, cuando alcanzó el 7,61% de los votos.
Del estallido al desencanto ¿qué sigue después?
Cinco años después del estallido social, el ciclo abierto en el 2019 no parece agotado. Sin embargo, su impulso inicial fue canalizado, neutralizado y reabsorbido por una institucionalidad que insiste en perpetuar el modelo neoliberal sin que nada cambie.
Las candidaturas de hoy no renuevan el espíritu del 2019. La política chilena entra en una disputa electoral cuya pulsión, más que refundar, busca administrar mejor lo que viene dado. Sólo la candidatura comunista de Jeanette Jara pone en tensión ésta situación, y rápidamente se ven como aparecen los anticuerpos reaccionarios de la derecha, de los medios hegemónicos, del gran empresariado e, incluso, de los otros tres candidatos de “Unidad por Chile”.
Entre el 11 y el 13 de junio de 2025, la encuesta de Panel Ciudadano-UDD mostró un vuelco en la interna de “Unidad por Chile”, colocando a Jeannette Jara en primer lugar con el 40% de las preferencias, seguida por Carolina Tohá con 34%, Gonzalo Winter con 21% y Jaime Mulet con 5%. Este ascenso de la candidata comunista se explica principalmente por un notable “efecto imán” sobre mujeres y barriadas populares. Jara no solo retiene el 90% de su base electoral, sino que capta el 15% de los votantes de Tohá y un 20% de los de Winter, consolidando así un apoyo transversal que combina núcleo militante y sectores más moderados. En contraste, Tohá retiene el 79% de sus respaldos, pero pierde votantes hacia Jara y apenas recupera un 7% de los apoyos de esta. Winter, por su parte, es el candidato con menor fidelidad: solo retiene al 68 % de su electorado inicial. El gerente de Panel Ciudadano, Juan Pablo Lavín, destacó que el ascenso de Jara no es espuma sino tendencia consolidada, y que su alta retención combinada con su capacidad de atraer votantes de otras candidaturas la posiciona como una contendiente muy competitiva, incluso si la participación en la primaria resulta ser más amplia de lo previsto, que inicialmente rondaba un 25% del total del padrón electoral nacional.
Bajo esta superficie institucionalizada, el movimiento feminista y las organizaciones populares -incluida la densidad política Mapuche y el siempre dinámico movimiento estudiantil- muestran una capacidad intacta de redefinir el escenario planteado por las elites políticas y económicas del país, conscientes de que sólo la organización popular, desde abajo, puede volver a abrir las alamedas de un sistema que, una y otra vez, se reinventó para que nada cambie. Desde la memoria del estallido resurgirá una y otra vez el Chile poderoso del que fuimos testigos.
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