Ecuador en la calle: Noboa reprime y el movimiento indígena resiste

El paro nacional impulsado por el indigenismo en Ecuador no solo pone en cuestión el modelo de país que impulsa Daniel Noboa (marcado por estados de excepción, reformas legales a medida y un discurso de mano dura), sino que también desnuda las tensiones sociales acumuladas: la pobreza creciente, la crisis económica,  la persistente violación de derechos humanos y un modelo de securitización obediente a Estados Unidos. En este escenario, el movimiento indígena, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) a la cabeza, vuelve a ocupar un rol central, heredero de una trayectoria de lucha que ya enfrentó a gobiernos anteriores.

A 12 días de iniciado el paro que estalló el 22 de septiembre, el movimiento indígena confirmó la continuidad de la movilización como expresión de legítima resistencia popular, denunció nuevamente la represión sistemática ordenada por el Gobierno contra las protestas convocadas en rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa, y responsabilizó al Estado por el asesinato del comunero kichwa Efraín Fuerez.

“La CONAIE y sus regionales resolvieron mantener la resistencia en el Paro Nacional 2025, frente al Gobierno autoritario de Daniel Noboa, subordinado al FMI. Las demandas se reafirman: derogatoria del Decreto 126, defensa de territorios y derechos colectivos, reducción del IVA, fortalecimiento de salud y educación, libertad de los detenidos, #JusticiaParaEfraín y rechazo a la Constituyente que busca eliminar derechos. Se convoca a sostener la unidad, la solidaridad y los corredores humanitarios”, expresó la organización en su cuenta de X.

La medida cristaliza la crisis del gobierno de Daniel Noboa.

Aunque la chispa inmediata fue el Decreto 126, que eliminó el subsidio al diésel, encareciendo transporte y alimentos, la protesta no se limita a una medida económica. En las calles se disputa la legitimidad de un gobierno que ha respondido con represión a las demandas sociales.

Detrás de este estallido hay un trasfondo político más profundo. Noboa impulsa un modelo de securitización alineado con Estados Unidos, que contempla la reactivación de la base militar de Manta, la reforma constitucional para permitir la instalación de bases extranjeras y la asesoría de Erik Prince, fundador de la empresa de mercenarios Blackwater. Este rumbo, que privilegia el gasto en la militarización sobre la inversión social, explica por qué el conflicto va más allá de un subsidio: pone en cuestión el proyecto mismo de país que representa el gobierno.

En apenas una semana, la CONAIE y organizaciones sindicales profundizaron un escenario de lucha popular que no se resuelve con operativos policiales. Noboa intentó reducir la protesta a un problema de orden público, vinculando a los manifestantes con bandas criminales. Sin embargo, la narrativa oficial no ocultó lo evidente: existe una crisis social y económica que se expresa en la movilización popular.

La escalada comenzó con marchas en Quito, Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Azuay y Pastaza. A las comunidades indígenas se sumaron estudiantes universitarios y trabajadores que rechazan el ajuste acordado con el FMI por US $5.000 millones. La eliminación del subsidio golpeó de lleno a las familias de ingresos bajos y medios.

El gobierno respondió con despliegue militar y policial. Hubo detenciones arbitrarias, heridos y denuncias por uso de armas de fuego.

Hasta el momento, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha documentado al menos 83 vulneraciones, mientras que las cifras oficiales reportan un fallecido, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos, algunos acusados incluso de terrorismo.

Gina Cahuasquí, mujer de origen kichwa de la region de Otavalo, fue detenida y acusada de terrorismo por repartir agua en una movilización, un caso que expuso la desproporción de la respuesta oficial. Asimismo, se reportó la ejecución del comunero indígena Efraín Fuerez, con tres impactos de bala. Comunidades denunciaron destrucción de infraestructura básica, incluyendo un canal de agua potable que abastecía a 5.000 personas. En paralelo, se produjeron cortes de internet y restricciones en redes sociales, dificultando la documentación de las violaciones de derechos humanos.

En el plano  judicial, la Corte Constitucional abrió un nuevo flanco de cuestionamientos al Ejecutivo nacional al declarar inconstitucionales la Ley de Solidaridad Nacional y el Decreto 55, pilares de la narrativa de “conflicto armado interno” invocada por Noboa. Sin embargo, siguen vigentes los estados de excepción provinciales.

Luego de la reunión en la que ratificaron la medida, el movimiento indígena reiteró sus demandas en un documento: derogatoria del Decreto 126, defensa de territorios y derechos colectivos, reducción del IVA (impuesto al valor agregado), fortalecimiento de la salud y la educación pública, libertad de los detenidos, justicia para Fuerez y rechazo a la Asamblea Constituyente que pretende eliminar derechos sociales, laborales, ambientales y comunitarios.

También exigieron respeto pleno a los derechos colectivos, la suspensión inmediata del uso de armas letales en los operativos de control y el archivo de los procesos judiciales abiertos contra manifestantes.

Estas demandas reflejan una agenda integral de justicia social, soberanía y protección de derechos básicos, que va más allá del subsidio eliminado y se vincula directamente con la legitimidad del proyecto de país que representa el gobierno.

Ya habían anunciado también una campaña por el “NO” en la consulta popular que se realizará en noviembre y plantea reformas constitucionales que permitirían la instalación de bases militares extranjeras. La iniciativa de reformas constitucionales del gobierno será sometida a referéndum el 16 de noviembre de 2025. La primera pregunta propone reemplazar el artículo 5, que prohibía bases extranjeras, por un texto que declara que “Ecuador es un territorio de paz”. La segunda reforma modifica el financiamiento de partidos y movimientos políticos, estableciendo que solo podrán recibir aportes de afiliados y simpatizantes. En paralelo, Noboa impulsa una Asamblea Constituyente de 80 asambleístas, con 180 días para elaborar una nueva Constitución, sometida luego a referéndum.

En lugar de abrir un canal de diálogo, el presidente insiste con reforzar su narrativa que acusa de “terrorismo” a quienes protestan y viajó a la provincia andina Imbabura a sostener reuniones a puertas cerradas con su gabinete, además de publicar en su cuenta de X una acusación directa contra los manifestantes vinculándolos con el “Tren de Aragua”. La CONAIE respondió: “Presidente Daniel Noboa no polarice ni confunda a la ciudadanía. Acusar al pueblo organizado de ser parte de ‘mafias criminales’ solo demuestra debilidad y miedo frente a la fuerza de la resistencia legítima”.

La relación del gobierno con Estados Unidos se profundizó en 2025 en clave de seguridad. El 10 de julio Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, visitó Quito y firmó acuerdos que incluyeron intercambio de oficiales de enlace y despliegue de los estadounidense en territorio ecuatoriano, el uso compartido de bases de datos biométricos, procesos de extradición y apertura a nuevas instalaciones de Homeland Security. En plena crisis del Paro Nacional, el gobierno trasladó la sede del Ejecutivo a la provincia de Cotopaxi y el 29 de septiembre la vocera nacional anunció que Noem regresaría en las próximas semanas para definir la ubicación de bases estadounidenses en Ecuador.

El estallido social de 2025 no surge de la nada. En octubre de 2019, Lenín Moreno intentó imponer un paquete de ajuste que eliminaba los subsidios a los combustibles, y fue la movilización indígena y popular la que lo obligó a dar marcha atrás. En junio de 2022, Guillermo Lasso enfrentó un Paro Nacional contra el encarecimiento de la vida y las recetas del FMI, que paralizó al país durante dieciocho días. Hoy, con Daniel Noboa, vuelve a repetirse la misma lógica de paquetazos y represión. La diferencia es que el pueblo ya demostró en las calles que sabe resistir, y que no está dispuesto a cargar, una vez más, con el costo de la crisis de un modelo económico neoliberal, encerrado en una brutal dolarización, que se muestra estructuralmente agotado.