En una sesión tensa y cargada de simbolismo político, el Senado rechazó las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla a la Corte Suprema. Lo que suele ser un trámite institucional terminó siendo una contundente derrota para el Gobierno de Javier Milei. El episodio implica algo más profundo que una simple votación: una jugada política que, tras el rechazo anunciado, abre interrogantes sobre las verdaderas intenciones del Presidente en un momento de extrema debilidad.
Los números fueron contundentes. García-Mansilla recibió 51 votos en contra y apenas 20 a favor, mientras que Lijo cosechó 43 rechazos, 27 adhesiones y una abstención. Ninguno alcanzó los dos tercios necesarios. Pero los votos no fueron lo más llamativo, sino su procedencia: una alianza tácita entre el kirchnerismo y sectores del PRO y la UCR, motorizada por la estrategia confrontativa del Ejecutivo.
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La reacción del Gobierno fue inmediata. A través de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en X (ex Twitter), Milei acusó al Senado de “priorizar la preocupación por sus causas judiciales” y tildó a la Cámara alta de “refugio de la casta política”. El comunicado aludió a un supuesto bloqueo sistemático al Gobierno: “Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un Presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad”.
La fábula del comunicado no oculta lo obvio: la derrota fue política, pero también institucional. El intento de avanzar con nombramientos por decreto, sin los consensos básicos, tensionó al máximo las costuras de un sistema que ya viene golpeado por la crisis de representación y el desgaste de las instituciones.
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El tenor y el contenido del comunicado activa un interrogante: al habilitar una sesión que hace tiempo se sabía perdida, ¿en verdad Milei pretendió imponer los jueces, o jugó al rechazo como maniobra para victimizarse, demonizar al Congreso y justificar futuras medidas más autoritarias? Una provocación para ganar oxígeno y, a la vez, alimentar su narrativa de “casta contra pueblo” que le sirva de pretexto para sostener su embestida contra el Poder Legislativo y Judicial.
El comunicado presidencial refuerza ese eje: “El Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la Nación Argentina”. Una acusación de alto voltaje institucional que no sólo busca deslegitimar al Congreso, sino que insinúa una potencial ruptura del equilibrio entre poderes.
Con solo retirar los pliegos, como pedían los aliados, el gobierno se hubiese evitado la derrota parlamentaria. Eligió chocar contra el rehazo y ponerse en víctima de la "casta". El truco es conocido y en el pasado le resultó lucrativo. El futuro no parece tran promisorio: la crisis de la economía autoinflingida y el temporal gestado por el "amigo" Donald Trump erosiona su base electoral y desgasta el soporte de las élites, en especial las productivas, que ahora dudan sobre la conveniencia de sostener un exótico experimmento con pies de barro.
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