Inversión extranjera en la Argentina: apertura y desregulación sin resultados

¿Dónde está el “boom” de inversiones extranjeras que nos prometieron? La pregunta se impone al ver las últimas cifras oficiales. Lejos de la lluvia de dólares anunciada, la Inversión Extranjera Directa (IED) que efectivamente ingresó a la Argentina se encuentra en derrumbe histórico. En el primer trimestre de 2025 apenas llegaron USD 611 millones netos, el registro más bajo solamente superado por el segundo trimestre de 2020 (producto del parate internacional que produjo la pandemia) y el cuarto trimestre del año pasado, según datos del Banco Central. Esta cifra exigua representa, además, una caída del 86% con respecto al mismo período de 2023 y del 90% contra el 1T de 2024, de acuerdo con el Instituto Argentina Grande (IAG). Es decir, en un año se perdió la mayor parte del capital foráneo que solía entrar al país. Ni siquiera comparando con el pésimo cierre de 2024 (cuando entraron solo USD 90 millones en el último trimestre) hay una mejora sustancial. La realidad es contundente: la tan mentada “lluvia de inversiones” brilló por su ausencia en los primeros meses del año.

Esa merma extraordinaria no solo se percibe en el volumen total, sino también en su composición sectorial, revelando un panorama aún más preocupante. Dentro de ese magro monto total, prácticamente no hubo inversiones nuevas en la industria, e incluso salió capital de ese sector. De hecho, el flujo de IED hacia la industria manufacturera resultó negativo en el primer trimestre –hubo más retiros de capital que desembolsos–, marcando una desinversión neta (salida) equivalente a un -146% interanual (negativo) en comparación con 2023 (según cálculos del IAG en base a datos del BCRA). En otras palabras, no solo no ingresó ni un dólar fresco a las fábricas, sino que empresas extranjeras retiraron fondos, revirtiendo con creces lo que habían invertido el año anterior. Este dato es alarmante: implica que la Argentina perdió inversión extranjera en el sector industrial, un golpe directo a la capacidad productiva y al empleo industrial. Algo similar ocurrió en otros rubros clave –por ejemplo, el segmento de información y comunicaciones registró una fuerte salida neta de capital, influida por la venta de activos de una multinacional del sector, Telefónica Argentina SA–. En contraste, solo dos sectores “estrella” lograron atraer montos significativos de inversión foránea en ese período: energía y minería. Los proyectos asociados a la explotación de hidrocarburos (como Vaca Muerta) y a la minería extractiva (especialmente litio y otros minerales críticos) concentraron los escasos dólares que entraron. Así, los únicos ganadores fueron los enclaves de recursos naturales, mientras que sectores de mayor valor agregado quedaron prácticamente al margen o en rojo.

Por otro lado, el análisis desagregado de los componentes de los flujos de las IED evidencia con claridad el cierre de firmas que operaban en el país: “fusiones y adquisiciones” mostró el número más bajo de la serie (USD -1.182 millones). Allí se computa, por ejemplo, la ya mencionada venta de activos de Telefónica Argentina SA. Aunque todos los rubros cayeron, el que menos lo hizo fue reinversión de utilidades (-20% contra el 1T 2023; -37% contra el 1T 2024), probablemente por la persistencia del “cepo” para empresas (cabe preguntarse: ¿cuánto puede seguir cayendo el flujo de IED cuando se normalice la situación externa?).

El Gobierno actual, no obstante, insiste en que está sentando las bases para un boom de inversiones de la mano de generosos incentivos. En 2024 lanzó el pomposo Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), una normativa diseñada para tentar a inversores globales con exenciones impositivas, aduaneras y cambiarias garantizadas por 30 años para mega-proyectos que superen cierto monto. La apuesta oficial es clara: ofrecer una estabilidad y beneficios extraordinarios a largo plazo, asumiendo que así lloverán capitales productivos. Sin embargo, por ahora la realidad desmiente al marketing. Pese a la vigencia del RIGI, no se observan nuevos ingresos de capital significativos. Ya se aprobaron siete proyectos de inversión por unos USD 13.067 millones bajo este régimen (según datos oficiales recopilados por el Observatorio del RIGI de la UNSAM), principalmente en el sector minero y energético. En total existen 19 proyectos de inversión presentados: 10 del sector minero (5 de litio, 3 de cobre y 2 de oro), 3 de energías renovables (2 parques eólicos y 1 fotovoltaico), 3 de infraestructura hidrocarburífera, 1 siderúrgico, 1 de biocombustibles y 1 de infraestructura portuaria (en total implicarían USD 30.760 millones).

Pero casi ninguno se tradujo aún en desembolsos efectivos: en su mayoría son anuncios que dependen de empresas estatales como YPF o están en etapas iniciales, sin que el dinero efectivamente entre al país. En resumen, la “zanahoria” de las exenciones a 30 años no ha logrado revertir la desconfianza: los grandes jugadores internacionales siguen mirando a Argentina con suma cautela. La retórica liberal y los incentivos extraordinarios conviven, paradójicamente, con un desplome de la IED sin precedentes.

Agravando el diagnóstico, la caída de la inversión extranjera en Argentina no ocurre en un vacío, sino que contrasta con la tendencia en el resto de la región. Mientras nuestro país expulsaba capitales, otros mercados emergentes vecinos captaban más inversión. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2024 la IED hacia América Latina creció en promedio un 7%, impulsada por la recuperación pospandemia y por el atractivo que ofrecen economías como Brasil, Chile o México. Argentina, en cambio, nadó a contracorriente: ese mismo año sus flujos de IED se derrumbaron un 53%, según el organismo regional. Es un contraste brutal. Brasil volvió a liderar cómodamente el ranking de destino de inversiones en la región (con un muy interesante avance de la industria automotriz y la electromovilidad), seguido de México, Colombia y Chile –todos con aumentos o leves descensos–, mientras Argentina quedó relegada con una de las peores performances. El país perdió relevancia como destino inversor incluso en comparación con sus pares latinoamericanos. La CEPAL ha alertado que la falta de llegada de nuevos capitales refleja el escaso atractivo que la Argentina presenta hoy para las compañías internacionales.

El colapso también se observa en la inversión de origen local, tanto pública como privada, configurando un panorama general de estrechez en la formación de capital. Por el lado del Estado, la contracción es drástica: la inversión pública nacional en obra e infraestructura se desplomó este año a niveles mínimos históricos. Según datos recopilados por el IAG, entre enero y julio de 2025 el gasto en obras públicas a nivel nacional cayó alrededor de 82% en términos reales respecto al mismo período de 2023. Sí, 82% menos invertido por el sector público en rutas, viviendas, escuelas, energía, etc., descontando la inflación. En la práctica esto significa paralización casi total de nuevos proyectos: de inaugurar decenas de obras mensuales en 2023, se pasó a casi ninguna en 2025. La red vial, por ejemplo, ya siente el impacto: menos de la mitad de las rutas nacionales están en buen estado, un indicador que se deterioró tras los recortes de presupuesto. A esto se suma que la inversión interna bruta fija -el total de la inversión en la economía, sumando pública y privada- permanece en valores bajos, sin mostrar un crecimiento genuino según las estadísticas del INDEC. Tras la brusca caída de 2024, la formación de capital no logra despegar más allá de algún rebote puntual. Las empresas locales tampoco arriesgan capital en nuevas plantas o maquinaria ante la incertidumre imperante: desde el cambio de gestión cerraron 15.564 empresas en todo el país (SRT, Ministerio de Capital Humano). En síntesis, ni el sector público ni el privado doméstico están compensando la fuga de inversiones externas. La economía argentina, así, sufre una anemia inversora generalizada: invierte poco el de afuera, invierte poco el de adentro y también invierte poco el Estado.

El patrón sectorial de la poca inversión que llega al país refuerza una dinámica preocupante de “enclaves”. Los dólares que arriban se concentran en proyectos extractivos puntuales, con escaso efecto multiplicador sobre el resto de la economía. Que la minería y los hidrocarburos expliquen la mayor parte de la IED reciente no es casual ni necesariamente una buena noticia: son sectores enclavados, intensivos en capital y tecnología importada, que generan relativamente pocos encadenamientos locales. Por ejemplo, FLACSO –en un informe sobre la industria del litio– subraya que si el desarrollo de sectores extractivos no viene acompañado por exigencias de contenido local, transferencia tecnológica e inversión en proveedores locales, se terminan creando “meras economías de enclave” sin derrames significativos en empleo ni valor agregado doméstico. En Argentina ya hemos visto películas similares: grandes inversiones que operan como islas, exportando commodities y llevándose las ganancias, con poco aporte al desarrollo integral. La fuerte concentración del stock de IED en minería y manufacturas básicas (dos tercios del total, según datos del BCRA) refleja esta falta de diversificación. Hoy brillan el litio, Vaca Muerta y algún proyecto puntual de energías, pero no hay indicios de inversión externa en industrias manufactureras de mayor complejidad, en economía del conocimiento, o en infraestructura más allá de algunos emprendimientos estatales. Es un mapa invertido respecto al deseable: capitales apostando mayormente a sacar recursos naturales, y no a desarrollar cadenas de valor locales.

En definitiva, el panorama que pinta la evolución reciente de la inversión es sombrío y aleccionador. La Argentina atraviesa un trimestre tras trimestre de inversiones raquíticas, a contramano del discurso oficial que pregonaba que el “shock de confianza” y las reformas de libre mercado traerían hordas de dólares productivos. ¿Por qué no llegan las inversiones, pese a tantas facilidades otorgadas? La respuesta de fondo parece ser que no hay atajos: para que haya inversión real y duradera hace falta un entorno macroeconómico estable y predecible, infraestructura adecuada, un sistema financiero que provea crédito accesible, y un mercado interno dinámico que haga rentables los proyectos. Nada de eso abunda en la Argentina de hoy. La inflación sostenida con frío económico y tasas descomunales, la inestabilidad cambiaria, la incertidumbre sobre el rumbo monetario, la recesión del consumo y la incapacidad del gobierno de construir consensos políticos conforman un clima poco propicio para apostar capital a largo plazo, por más ventajas fiscales que se ofrezcan. En ausencia de esas condiciones básicas, los anuncios grandilocuentes y los regímenes especiales (como el RIGI) no logran mover la aguja. Los inversores, locales y extranjeros, siguen viendo más riesgos que oportunidades.

Así, la IED en Argentina tocó piso y su patrón reciente –concentrado en enclaves extractivos y sin derrame– deja al desnudo las falencias de un modelo económico que no genera confianza ni horizonte de crecimiento. Si hay menos inversión, menos obra, habrá menos futuro productivo. Urge entonces replantear la estrategia: sin estabilidad macro ni reglas de juego claras, no habrá lluvia de dólares que valga. Argentina no puede darse el lujo de seguir perdiendo inversiones mientras el resto de la región avanza. Recuperar la confianza inversora requerirá mucho más que exenciones por decreto –requerirá reconstruir las condiciones estructurales para el desarrollo. Solo así podremos escapar de esta trampa de estancamiento y volver a crecer sobre bases sólidas.