¿No será mucho para que se sostenga?

La insistencia diaria en la ofensa a quien disiente, la burla macabra a quienes son desposeídos de empleo, bienes básicos de consumo y de futuro, el constante operativo represivo cargado de violencias ilegales e innecesarias contra los que protestan, la pretensión de desconocer derechos sociales fundamentales amparados por la Constitución Nacional, conforma un estilo antirrepublicano y antidemocrático que define el régimen autoritario que hoy se ha instalado en la Argentina.

Ni Justicia

La descomposición de la República se verifica en cada uno de los Poderes del Estado que se apartan notoriamente de la misión que les asigna la Constitución y, más aún, ni siquiera evidencian una voluntad cierta de cumplir con sus respectivos cometidos, como tampoco de reivindicar lealmente el lugar e independencia que funda la división y recíproco control de los actos que corresponden a sus respectivas incumbencias.

Esa resignación del espíritu republicano tiñe de un color oscuro la institucionalidad toda, haciendo mella en la democracia que suma ese menoscabo al descreimiento como sistema apto para satisfacer y dar respuestas efectivas a las demandadas ciudadanas. De allí a la “apoliticidad” generalizada como tendencia, visible en la alta abstención electoral registrada en las elecciones distritales del presente año a contrapelo de una vieja tradición argentina de elevada participación con algunas -escasas- excepciones, ponen de manifiesto el peligro en ciernes de experiencias autoritarias cuyas consecuencias siempre son dramáticas.

Bueno es señalar que la declarada “apoliticidad” -expresada de buena o mal fe- no es más que una de las formas que presenta la política, cuando el desinterés de las mayorías deja en manos de minorías -institucionalizadas o no- el manejo discrecional y sectario, tributario de intereses particulares y no generales o públicos, lo que a todos pertenece en lo comunitario, en lo personal y en lo nacional: el destino del país, de la Patria, en el que indefectiblemente se
jugará el de cada uno y el del conjunto de quienes habitamos la Argentina.

La libertad tan declamada discursivamente no es patrimonio de unos pocos, ni puede reducirse a la libertad de hacer negocios en una acérrima defensa de un único y excluyente derecho, el de propiedad. Menos todavía, desprenderla de otro imperativo que la evolución de la humanidad asocia indefectiblemente con aquélla, la “igualdad”, sin la cual -o mediando la implementación de mecanismos compensatorios de las desigualdades preexistentes- la
“libertad” se traduce en una pura abstracción vacía de contenido y ajena al común de la gente.

A cada uno de los órganos de poder del Estado le toca bregar por y hacer realidad las libertades y derechos fundamentales, aunque en uno particularmente recae la responsabilidad de garantizarlos cuando pudieran verse en peligro o violentados: en el Poder Judicial. Hoy colonizado por los poderes fácticos, aturdido cuando no cooptado, es la institución con peor imagen y que menor confianza despierta en la sociedad.

La endogamia de larga data que padece, ha ido acentuando ese espíritu de familia que poco favor le hace a su imagen ni ha demostrado ser un rasgo que beneficie a los justiciables, o sea, a quienes deben someterse a sus decisiones que, por cierto, dictan morosamente salvo cuando sorprenden con una -más que sospechosa- celeridad sin precedentes, ni que denote un verdadero acto de justicia, rodeado de un desapego escandaloso de los principios que la rigen,
en particular el de legalidad y de respeto al derecho de defensa.

La crueldad los motiva

Podrá decirse que lo anunció, que hizo campaña anticipando que no dejaría piedra sobre piedra en el Estado excepto las rocas más duras que garantizaran la libertad de apropiarse de todo, la defensa a ultranza del derecho de propiedad en su forma más descarnada.

Es cierto, pero no tanto, es una verdad a medias y como todas las que así se formulan encierran engaño, esconden una mentira. ¿Por qué? Porque la propuesta declarada era combatir a “la casta” en favor de la “gente de bien”; propósito que, se decía, no era posible alcanzarlo continuando de igual manera que en los “últimos 70 años” y con los mismos de siempre.

Es cierto también, que nunca definió concretamente cuál era “la casta”, aunque las referencias explícitas aludían a quienes se enriquecían con la política a través del Estado. Del mismo modo, que por “gente de bien” cabía inferir que consistía en aquellos que trabajan, cualquiera fuera el ámbito en que lo hicieran y el lugar que ocuparen en el proceso productivo.

Entonces, resulta válido contrastar esos presupuestos o paradigmas con datos duros de la realidad, comenzando con la constatación insoslayable de que Milei viene recorriendo igual camino de despojo de la riqueza nacional, de desindustrialización y quebranto del aparato productivo en aras de un modelo de país agro exportador reprimarizado -tornando inviable actividades con mayor valor agregado por el trabajo argentino-, asentado en un endeudamiento serial descomunal y fomentando la especulación financiera, que reconoce analogías e identidades con las experiencias de 1955, 1976, 1991, 2001 y 2016.

A su vez, en abierta contradicción con sus afirmaciones de campaña, es “con los mismos de siempre” que lleva a cabo su programa de gobierno, tanto en orden a los grupos económicos a los que sirve sin reparo soberano alguno como a los ejecutores inmediatos de su política de sometimiento a intereses extranacionales y de corte extremadamente represivo de cualquier disidencia, oposición o resistencia. Baste con mencionar, entre otros, a quienes ocupan los
ministerios de Desregulación y Transformación del Estado, de Economía y de Seguridad.

Esas similitudes no restan relevancia a determinadas peculiaridades de este nuevo ciclo de cipayismo manifiesto, como resulta de la vertiginosidad demostrada -siguiendo la receta de Macri cuando pensaba con chances electorales a Juntos por el Cambio, “hay que hacer lo mismo, pero más rápido”-, la falta de todo reparo represivo a los que protestan y persecutorio de opositores -más ajustado a tiempos de dictaduras que a períodos democráticos- y el desprecio explícito por el tendal de víctimas que va generando (empobrecidos, despedidos del sector privado y público que engrosan las filas de desocupados, trabajadores precarizados, jubilados, enfermos privados de acceso a la salud y a medicación impostergable, personas con
discapacidades, gente privada de comida o sin techo).

Una crueldad despiadada e implacable exhibida por el propio Presidente, sus Ministros y principales funcionarios, que es tomada de modelo por las y los legisladores de La Libertad Avanza y sus huestes que en persona o conformando los ejércitos de troles hacen de discursos de odio su modo de operar políticamente.

Y, sin embargo, pareciera que la imagen positiva de Milei se sostiene de estar a las encuestas de opinión, aunque los porcentajes que revelan no se vienen traduciendo en la misma proporción en los resultados electorales que, de estar a aquéllas, deberían ser demoledores y en verdad no lo son.

Pero este otro contraste tampoco posee un sentido absoluto que invalide por sí mismo la complacencia o, siquiera, la indiferencia con ese modo despótico de ejercer el poder, ni con el acendrado individualismo que se postula, ni que represente una conciencia real del reducido círculo prebendario y beneficiario de las políticas libertarias a expensas del Estado.

Las vivencias cotidianas dan la sensación de que se extienden los márgenes de tolerancia a la par que se gobierna, con total impudicia, sin respetar límite alguno, haciendo tabla rasa de toda legalidad e institucionalidad.

La vuelta a la calle

Es en ese contexto donde, casi calcada, se reproduce la operación mediática – judicial que llevó a la prisión y proscripción de Lula en Brasil, pretendiendo cerrar el proceso armado contra Cristina con el oportuno -y ostensiblemente oportunista- fallo de la Corte.

Un proceso plagado de irregularidades e ilegalidades desde sus inicios, sin prueba de cargo que le brindara el más mínimo sustento y con la intervención -en todas las instancias- de jueces y fiscales fundadamente sospechados de una parcialidad notoria como de complicidades espurias con sectores económicos y políticos enfrentados con la principal referenta opositora.

Los festejos que se esperaban de la condena como la desaparición de la escena política de la condenada se frustraron por la rotunda respuesta popular, que acentuó la dimensión de su figura y amalgamó las líneas internas del peronismo a la par que impulsó un respaldo por fuera de esa fuerza política cuya proyección aun no puede determinarse pero que bien puede dar paso a nuevas alianzas.

Precedida de diarias concentraciones multitudinarias frente al domicilio de Cristina en los días previos al dictado del fallo y que continuaron una vez que se hizo público, el 18 de junio cientos de miles de personas en todo el país manifestaron en las calles su repudio a esa injusta condena y en defensa de la democracia severamente vulnerada.

La Plaza de Mayo volvió a cobrar centralidad por la respuesta a la convocatoria que obtuvo de organizaciones sociales, sindicales y políticas junto a la masiva presencia de personas no encolumnadas en aquéllas aunque coincidiendo, básicamente, en dos cosas: el reconocimiento y gratitud por lo recibido de los gobiernos peronistas del período 2003-2015, como la certeza de que la sentencia de la Corte completaba un cuadro de incertidumbre acerca de elementales
garantías ciudadanas y asestaba un golpe letal a la democracia.

¿Y ahora como se sigue?

En lo inmediato todo indica que la movilización popular con centralidad en el domicilio de la líder peronista persistirá, en una suerte de estado asambleario y presencial necesario e irremplazable por la virtualidad de las redes sociales más allá de la viralización de esas imágenes por estos u otros canales de difusión.

La proximidad del cierre de listas para las elecciones en la Provincia de Buenos Aires pondrá a prueba la madurez de la dirigencia en la conformación de las listas de candidatos, como en el modo de resolver las naturales pujas internas para establecer las candidaturas. Estar a la altura de las circunstancias supone atender el reclamo de las bases por una unidad que no sólo se exprese en lo electoral, sino en un programa común y en propuestas que respondan a las
necesidades e inquietudes de las mayorías que se quieren representar.

Del Movimiento Obrero no podrá prescindirse en cuanto, legítimamente, pretende recuperar espacios en el terreno político e integrar las listas bonaerenses como, luego en octubre, las que compitan a nivel nacional, aunque el desafío que enfrenta es mayor que el hacer pie en las legislaturas. Es evidente que se espera un protagonismo sindical en la lucha por la recuperación, defensa y ampliación de derechos al que la conducción de la Central más emblemática y mayoritaria, la Confederación General del Trabajo, no atina a dar respuestas.

La tenue y difuminada imagen que mostró en los agitados acontecimientos de junio, como en la nula presencia orgánica en la convocatoria y movilización del día 18, puso a la vista serios conflictos al interior de la CGT por su falta de asunción del liderazgo que se le reclama para combatir las políticas antiobreras, antisindicales y antipopulares del gobierno nacional, que exigen no sólo eventuales y aisladas medidas de acción directa sino un “Plan de Lucha” prolongado y consensuado que permita albergar chances de poner freno a los desmanes de Milei y CIA que, por otra parte, tiene a los gremios como principales destinatarios para completar la demolición de los dispositivos garantistas de derechos laborales y de la estructura
sindical que ha contribuido a la vigencia del peronismo por más de 70 años.

El “nadie se salva solo” tan extendido luego del estreno de la serie “El Eternauta”, se emparenta con aquello de que “nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza” que planteaba Perón por 1951 (luego recogido en su libro “La Comunidad Organizada”), y es lo que da la sensación de que, paradójicamente, no termina hoy de consolidarse en el sentido común e imaginario social tan vapuleado por la oleada contracultural anarcocapitalista.

Decididamente atravesamos una etapa histórica en que el futuro se plantea en términos de un retorno a las condiciones vigentes hace más de una centuria, sin respeto por límite alguno y cargado de violencia institucional física, discursiva y simbólica. Violencia que recrudece contra los más vulnerables pero atraviesa a todos los sectores sociales, que sólo puede llevar a más violencia y a respuestas de la misma índole sino se recuperan los valores y principios constitutivos de la Justicia Social, ni se advierte que es condición necesaria de la paz social y el progreso como Nación, como Pueblo y también personal para un buen vivir.