El falso ambientalismo tenía razón

Los proveedores de la industria minera, los mismos que festejaron el RIGI desde el minuto cero, pusieron el grito en el cielo. Uno de los grandes proyectos cupríferos que se desarrolla en la provincia de San Juan, el distrito Vicuña, nuevo nombre surgido de la unificación de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, importará de China el grueso del obrador, es decir, el campamento de obra y las instalaciones donde vivirán miles de trabajadores durante la construcción de la mina.

Los números gruesos señalan que una firma local habría cotizado un costo de 70 millones de dólares, pero perdió la licitación por una diferencia de 18 millones. No se trata de un tramo especialmente significativo dentro de una inversión multimillonaria que llegaría a los 7000 millones, sino de “apenas”, redondeando, unos 50 millones de dólares iniciales. Sin embargo, también se trata de un caso testigo muy significativo. Josemaría, ahora Vicuña, fue durante años uno de los proyectos estrella del sueño de la explosión de la minería como sector exportador de la economía local. La inversión se esperaba para 2022, pero la empresa decidió aguardar los beneficios que se intuían de un eventual cambio de gobierno.

En este nuevo contexto, la primera pregunta que deberían hacerse la industria proveedora, la clase política y los economistas que les dan letra es: ¿qué esperaban?

Los empresarios, en este caso los inversores mineros, no son ni buenos ni malos: son actores económicos que responden a una lógica de comportamiento. Esa lógica consiste, intrínsecamente, en minimizar costos y maximizar ingresos. El capitalista que no se comporta de esta manera es sencillamente arrasado por la competencia. Y es en la determinación de ese diferencial de ganancias donde intervienen las reglas de juego. Si estas reglas permiten importar insumos más baratos que adquirirlos localmente, eso es exactamente lo que sucederá. No hay bien ni mal: solo lógica de comportamiento racional.

La punta del iceberg

Lo que hoy se observa en la primera etapa del desarrollo de Vicuña es que comienzan a proliferar importaciones que podrían ser cubiertas localmente, como ocurre con los módulos habitables de una parte del pequeño pueblo que albergará a miles de trabajadores. Ya existen antecedentes de comportamientos similares. Durante el desarrollo de Bajo La Alumbrera, en la década de 1990, en Catamarca, se importaron incluso las viandas de los trabajadores. Vale recordar ese antecedente porque nadie debería sorprenderse si vuelve a repetirse.

A medida que el proyecto Vicuña avance necesitará, como cualquier otro emprendimiento minero, equipos de gran porte: palas, molinos, camiones y maquinaria altamente especializada. Pero también explosivos, insumos de detonación, camionetas, sistemas de información y hasta servicios de catering. Todos bienes e insumos que podrían ser provistos localmente. Sin embargo, el RIGI, la nueva regla de juego, no contiene una sola línea sobre provisión local, ni siquiera sobre porcentajes mínimos. El caso conocido esta semana es apenas la punta del iceberg del nuevo modelo. Sería un error verlo como un hecho aislado o como el desacierto de un gerente de compras que no dimensionó el daño reputacional para toda la actividad, es decir, la pérdida de “licencia social” a mediano plazo.

La batalla cultural sobre la minería

Desde hace décadas, pero especialmente durante el gobierno del Frente de Todos, se libró una suerte de batalla cultural para derribar los mitos antimineros. Las principales trincheras enfrentadas fueron las de los desarrollistas, entre quienes se cuenta quien escribe, y las del falso ambientalismo prohibicionista. Los mitos sostenían que la minería era inevitablemente una máquina de destrucción ambiental y que los Estados, venales por definición, eran incapaces de regular a las “megamineras”. Pero los argumentos más preocupantes eran los económicos: aquellos que describían a la minería, y a cualquier actividad vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, como meramente extractiva, sin efecto derrame alguno sobre las economías regionales ni sobre los entramados productivos. A ello se agregaba la idea de que la actividad tenía un impacto casi nulo sobre los ingresos fiscales.

Los desarrollistas, por su parte, se dedicaron a desmontar esos mitos. Explicaron que la capacidad de control estatal se había desarrollado junto con la actividad, que la minería moderna trabaja con altos estándares de cuidado ambiental y que, en materia de ingresos fiscales, no debía observarse únicamente el porcentaje de regalías, sino la tributación generada a lo largo de toda la cadena. En pocas palabras: que no eran ciertos ni el desastre ambiental ni el escaso aporte económico. Pero, además y principalmente, se enfatizaba el potencial aporte de la minería a la estabilidad macroeconómica. Concretamente, a la resolución del problema estructural de la restricción externa, la escasez relativa de divisas y, por consiguiente, a la necesidad de desarrollar actividades exportadoras. El objetivo no era solo obtener recursos fiscales, sino también generar dólares. El papel de la minería se volvía casi fundamental, especialmente en el contexto de un mercado mundial atravesado por la transición energética y, en consecuencia, demandante de los minerales que posee el país.

Un modelo de enclave

En términos generales, eran pocos los especialistas que dudaban de la necesidad de algún tipo de régimen de promoción de inversiones. El problema del RIGI es que no atendió los principales resultados que, desde una perspectiva de desarrollo, se esperaban de las inversiones mineras: el fortalecimiento de los encadenamientos productivos mediante la provisión local, el aporte fiscal y la generación de divisas. Muy probablemente, no se conseguirá ninguna de las tres cosas. La minería se convertirá en una actividad de enclave, con escaso aporte local, a la que se le redujeron impuestos y retenciones y cuyas exportaciones, a partir del tercer año, no están obligadas a liquidarse en el país. Cuando las poblaciones adviertan que las mineras dejan poco o nada, la licencia social desaparecerá y no serán pocos quienes vuelvan a creer que el falso ambientalismo prohibicionista tenía razón.

En el resto del mundo existen ejemplos de países que aprovecharon sus recursos naturales para promover encadenamientos productivos y desarrollo local, desde Noruega hasta Australia, entre los casos más citados. También existen ejemplos de países que apenas vieron pasar la riqueza generada por las actividades extractivas, como algunos latinoamericanos y africanos, a los que ahora se sumará la Argentina. El dato duro, en todo sentido, es que el RIGI estableció las reglas de juego. El daño ya está hecho y será muy difícil revertirlo.