La batalla cultural se libra en la OEA

“No nos pueden dejar afuera, pero buscan que quede claro que quieren dejarnos afuera”, dice Pate Palero, secretaria general de Católicas por el Derecho a Decidir, como síntesis de lo que significa la “disociación” que el gobierno argentino planteó, de cara a a la próxima Asamblea General de la OEA, con respecto a esta organización que es referente en la lucha por el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. El gobierno no quiere a CCD -una red con incidencia en toda América Latina- en las sesiones que tendrán lugar entre el 25 y el 27 de junio en Antigua y Barbuda, pero como no tiene potestad de quitarla de la lista de nueve ONGs nacionales aprobadas para participar, Argentina pidió que quedara por escrito su desprecio. En palabras de la diplomacia: su disociación.

“Es fundamental que las organizaciones que participen de la máxima instancia de deliberación de esta Organización respeten de manera estricta y sin excepciones los principios y valores fundamentales (…) que la República Argentina reafirma, su compromiso con la defensa de la vida humana desde el momento de la concepción”, dice, en un fragmento, esa llamativa nota al pie de la resolución que llega a todos los países parte de la OEA. “La verdad es que no tiene efectos concretos, pero es inédita y la denunciamos porque tememos que se use para embarrar la cancha más adelante”, agrega Palero.

La precaución no es en vano, el gesto del gobierno argentino parece un mensaje al resto de los países miembros en su intención de ser el adalid de “los valores de occidente” y el “antiglobalismo” que denuncia Agustín Laje, ideólogo de la “batalla cultural contra el wokismo”, de la que el presidente de la Fundación Faro -creada justamente para que los empresarios puedan invertir en su cruzada- es su mejor capitán y maestro. Así lo demostró en la CPAC Hungría, hace dos semanas, haciendo titilar la pregunta: ¿querrán estos foros que reúnen a las extremas derechas convertirse en el doble antagónico de los organismos multilaterales como la ONU o la OEA?

La estrategia, por ahora, parece ser doble y esta modalidad de excluir a una ONG en particular de sus vínculos con el país donde está alojada -nuestro país- puede emparentarse con la forma que tomó la persecución a las organizaciones defensoras de derechos en Hungría. Se las declara como defensoras de intereses foráneos, se les quita la personería jurídica y a la vez toda posibilidad de acción o financiamiento en litigios estratégicos. El mismo método que usó Nicaragua en nuestro continente y terminó con cientos de feministas exiliadas, como Teresa Blandon, quién viajó a un Congreso en Chile y nunca pudo volver a su país.

Es así como esta nota al pie podría convertirse en un susurro insidioso, al estilo de la antigua diplomacia palaciega, en momentos en que la misma OEA está siendo puesta en jaque por la amenaza de desfinanciamiento total por parte de Estados Unidos, meta que, dicen fuentes de diversas ONGs que participan de las Asambleas, se cumpliría en 2026. De este modo, países como Canadá, Brasil o México se verían obligados a duplicar o triplicar sus aportes para mantener en pie este organismo multilateral que, entre otras cosas, sostiene a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia judicial superior que hasta ahora ha fallado con perspectiva progresista en casos relacionados a derechos de las mujeres, contra la tortura en cárceles, entre otros fallos de protección a los Derechos Humanos y que tiene ahora en revisión la política de destrucción del proceso de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina, queja que fue presentada este año a la Comisión por parte de diversos organismos, entre ellos el CELS.

“Lo más preocupante para mí es lo que se escribe después de anunciar la ‘disociación’, usando a CCD como excusa”, aclara María Luisa Peralta, directora de programas de Akahata, parte de la coalición de ONG LGBTIQ+ con incidencia en organismos multilaterales. “¿Qué es esto de proponer que haya un mecanismo por el cual los estados puedan monitorear qué organizaciones se inscriben y cuáles no? Eso es muy peligroso. A las organizaciones no nos da el visto bueno ningún estado, lo hace la secretaría técnica de la OEA y vamos como veedoras. O sea, van las aborteras, vamos nosotros, van todas las organizaciones ultraevangélicas, van todos”, agrega Peralta. 

Sin embargo, este año, la multiplicidad ya está puesta en juego: de las 9 organizaciones que van de nuestro país, 8 son directamente anti-derechos y al menos tres no tienen ningún recorrido rastreable en la web. El documento completo se puede encontrar acá.

“Ellos (por el gobierno) vienen tensando las reglas de la propia diplomacia -agrega Pate Palero. Ya en la última asamblea en Paraguay pretendieron volver atrás con cosas ya suficientemente acordadas entre los países como el acceso al aborto que consta en más de una sentencia de la CIDH. El año pasado hubo tanta insistencia en que no se hable de familias sino de familia en singular que Argentina casi pierde la declaración conjunta por la Islas Malvinas”. 

Fue el año pasado cuando hizo su entrada en la escena diplomática Úrsula Basset, una abogada sin ningún cargo diplomático que fue a la Asamblea General de la OEA enviada por Karina Milei, justamente para bloquear determinadas palabras en los documentos que el país firmaría, palabras como género, familias, derechos reproductivos, personas LGBTIQ. Los modos de Basset fueron molestos, imperativos, pero ella sigue en su puesto mientras que tanto Sonia Cavallo -ex embajadora argentina en la OEA- como Diana Mondino, la ex canciller, fueron expulsadas de sus puestos. Quedaron a la derecha del grupo que ingresó con Basset y colocó al joven Nahuel Sotelo en la renombrada secretaría de Culto y Civilización. 

Sotelo, a pesar de no haber cumplido los 40, ya tiene un recorrido en los sectores más conservadores de la política: estuvo junto a Alfredo Olmedo -el salteño conocido por su homofobia pero también por ser el hijo del mayor productor de soja del país-, en la lista de José Luis Espert antes de que existiera LLA y es el fundador de “La Julio Argentino”, una agrupación cuyo nombre el mismo Sotelo explica en su última aparición en CPAC Hungría, en la que defiende el colonialismo y despotrica contra la población migrante. Sotelo, integrante de la banda pretoriana de Javier Milei, Las Fuerzas del Cielo, es uno de los candidatos para las elecciones bonaerenses, aunque todavía están girando en el aire esas monedas.

“Los conservadores están disputando la agenda anti-derechos desde adentro, a diferencia de antes que despreciaban a los organismos internacionales y no los veían como espacios de disputa. Hay una batalla cultural desde adentro, por eso señalan a Católicas por el Derecho a Decidir y apoyan a grupos integristas. La alfil de esa agenda es Ana Belén Mármora que ahora integra el Comité de Expertas en el seguimiento de la Convención de Belén do Pará”, explica Raisha Correa, integrante del proyecto Radar y del Equipo de Investigación Política (Edipo) que viene siguiendo el avance conservador en Cancillería.

Mármora, autora del libro Hipocresía verde (Editorial Buena Data), reemplazó a la abogada e integrante de CLADEM, Susana Chiarotti, con larga trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos y la protección de las mujeres y disidencias sexuales. “Es interesante observar cómo desde los sectores anti derechos se utilizan una variedad de discursos persuasivos. A diferencia de Laje y Milei que gritan, estas representantes de las nuevas derechas anti género personificadas en figuras como Mármora, cooptan el lenguaje de los derechos humanos, incluyendo el de derechos de las mujeres y las infancias. Se distancian de la derecha “alt-right”, que tiene expresiones más reaccionarias y haters, ocultan su origen confesional y apelan más a discursos jurídicos y "científicos" -agrega Correa-. En la Academia se le llama "secularismo estratégico”, que es una especie de politización del activismo neoconservador, arrojado abierta y transversalmente a imponer  sus agendas de diversas formas: lobby parlamentario y judicial, fundación de partidos o alianzas con partidos tradicionales, creación de fundaciones o asociaciones civiles”.

El semillero donde se cultivaron Sotelo y Mármora es el Frente Joven, un espacio de conservadores que crecieron bajo el ala de Joaquín de la Torre en su paso por el Ministerio de Capital Humano -del que salieron después de las denuncias por no entregar alimentos almacenados al punto de su vencimiento y que estaban destinados a comedores populares-, un grupo que se considera más ultra que el mismo Opus Dei. Ahí también conviven con el marido de Mármora, Agustín Caulo, ahora subsecretario de Culto y Civilización en la Cancillería. “Este año, en la Asamblea General -agrega María Luisa Peralta-, se designarán tres nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eso puede ser un problema porque los conservadores han ganado mucho espacio y lo cierto es que la Comisión tiene un rol importante. “Por ejemplo, el informe que presentó en 2024 el relator especial por la libertad de expresión, Pedro Vaca, fue muy duro con Argentina en relación al ataque a los y las periodistas. Este año, con la represión callejera a los fotoperiodistas va a ser peor. Por eso necesitamos que la CIDH siga siendo progresista”, concluye Peralta. Una necesidad que está en jaque mientras sigan creciendo las fuerzas de ultra derecha que ahora representan El Salvador, Paraguay y, lamentablemente, Argentina.