Ante la reciente publicación del pliego para la privatización de Intercargo, los trabajadores de la estatal encargada de los servicios de rampa en los aeropuertos del país lanzaron un plan de resistencia a esa medida donde denuncian el “vaciamiento” de una empresa “superavitaria” y “estratégica” para la Argentina.
Sindicatos como la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) advirtieron que esta medida representa una "entrega" del patrimonio nacional motivada por una necesidad urgente de divisas, repitiendo esquemas de la década del '90.
Mientras el gobierno de Javier Milei busca la venta, los gremios sostienen que Intercargo es una empresa “eficiente”, lo que contradice los argumentos oficiales utilizados para justificar su salida del sector público. Según alertan las organizaciones, se está apelando a una "argumentación falaz" para rematar lo que consideran una de las "joyas de la abuela", ignorando su rol clave en el desarrollo nacional.
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La preocupación de los trabajadores no se limita únicamente a la propiedad de la empresa, sino a las consecuencias directas sobre el sistema de transporte aéreo. Según sostienen desde el sindicato, el traspaso al sector privado podría comprometer la seguridad operacional de los aeropuertos y la conectividad territorial del país, afectando la calidad general del servicio.
Desde APA alertaron también sobre un posible proceso de "vaciamiento", caracterizado por el deterioro de las condiciones laborales y operativas para facilitar la venta. Sin embargo, la problemática más preocupante es el destino de los alrededor de 1600 trabajadores, que actualmente pende de un hilo, lo que genera un clima de incertidumbre total en el sector.
Crece el conflicto en el sector
Ante lo que califican como un intento de "saqueo", los sindicatos manifestaron que no permanecerán “inertes” ni serán “cómplices” del proceso. UPSA fue enfática al declarar que no permitirán “atropellos” contra ningún trabajador, mientras que el frente gremial comienza a consolidar acciones que podrían derivar en un conflicto de mayor escala si el proceso licitatorio avanza sin considerar estas advertencias.
En este escenario, los gremios no sólo rechazan la medida, sino que explícitamente dejaron abierta la posibilidad de "profundizar acciones" en defensa de los puestos de trabajo. Esto sugiere que el conflicto podría escalar a paros o medidas gremiales directas próximamente, con la consecuente paralización de un sector clave para diferentes actividades productivas del país.
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