Emergencia en discapacidad: Advierten que el aumento anunciado por Milei es “insuficiente”

El Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CAIDIS) manifestó una profunda “preocupación” por el incremento del 29% y 35% en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad dispuesto por el gobierno de Javier Milei. Consideran que es “insuficiente” y “agrava la crisis del sector”. A las denuncias públicas se suma un “amparo colectivo” que tramita en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.

La suba dispuesta por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entrará en vigencia entre octubre y diciembre del corriente. Para CAIDIS la medida es “insuficiente” ya que “no compensa el atraso acumulado del 70% registrado hasta agosto de este año”. Además, argumentan que no respeta los parámetros establecidos por la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793).

Al respecto, el representante de CAIDIS, Alex Goldman, explicó que el anuncio que del Gobierno de Javier Milei, “llega tarde y mal, con instituciones que se endeudan para afrontar sus gastos de funcionamiento, sueldos, honorarios, aguinaldos, vacaciones y cargas sociales”. Además agregó que “el 20% de las instituciones de la provincia de Buenos Aires tuvieron que cerrar por el colapso del sistema” por lo que “no se puede sostener un funcionamiento ni una atención digna con las personas con discapacidad”. 

Frente al incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la falta de respuestas efectivas por parte del Gobierno, CAIDIS adhirió junto a otras organizaciones del sector al amparo colectivo que tramita en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. El 29 de septiembre pasado, un particular acudió a la Justicia y presentó un recurso de amparo en pos de resguardar y cuidar a uno de sus hijos que tiene autismo. En la misma demanda se incorporaron personas con discapacidad y cuidadores y, el 5 de noviembre, se amplió a los  prestadores, es decir, instituciones y transportistas, entre otros.  

Desde CAIDIS explicaron que los prestadores no solo trabajan con aranceles desactualizados, sino que “cobran con demoras de 60 a 90 días, en un contexto de inflación y endeudamiento creciente”

La medida judicial solicita la inmediata restitución plena de los derechos vulnerados y la aplicación efectiva de los aranceles establecidos por ley. “Nos encontramos en estado de alerta; si no se aplica la Ley de Emergencia en Discapacidad en lo inmediato, miles de instituciones de todo el país continuarán cerrando, perdiéndose empleos y afectando directamente a personas con discapacidad y sus familias”, cerró Goldman.

¿Por qué el aumento anunciado por el Gobierno es insuficiente?

Según explicaron desde CAIDIS, el incremento “recién se cobrará entre marzo y abril de 2026”, debido al esquema de facturación a mes vencido y los plazos de pago habituales. Representa solo “la mitad del atraso acumulado” y “se aplica en tramos”, sin contemplar la totalidad de las prestaciones ni los costos reales.

“No cubre salarios, cargas sociales, mantenimiento, ni deudas generadas por dos años de congelamiento o incrementos por debajo de la inflación”, afirmaron y agregaron: “No se ha pagado la compensación prevista por la misma ley, deuda que el Estado mantiene con el sistema”.