En las últimas horas, se conoció una nueva polémica que involucra a La Libertad Avanza (LLA) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según informaciones difundidas en redes sociales, militantes libertarios en Misiones realizaron auditorías de pensiones por discapacidad de manera precaria, poniendo en riesgo los derechos de más de 200 personas convocadas de varias localidades aledañas.
La controversia se profundizó en redes sociales al conocerse que los militantes responsables de la auditoría no tendrían formación médica, no pedían historial clínico de los beneficiarios y manejaban planillas previamente firmadas por profesionales de la salud.
Por otra parte, el espacio elegido generó críticas entre los usuarios en redes sociales. Según mostraron las imágenes difundidas, la actividad se realizó en un local en desuso que previamente había sido un restaurante en la localidad de San Ignacio, ubicado a 57 kilómetros de la ciudad capital.
Cabe destacar que, según informó Economis, el Gobierno de Misiones acompañará un recurso judicial para frenar la suspensión de pensiones no contributivas por discapacidad que, según el Ejecutivo provincial, se habrían realizado de manera irregular.
Según informaron, la acción judicial fue presentada este mediodía por la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, la licenciada Tatiana Antúnez, organismo que depende de la vicegobernación, ante la Justicia Federal. El objetivo, añadieron, es retrotraer la situación a su inicio y garantizar que las auditorías que correspondan se realicen con transparencia, respeto y sin vulnerar los derechos de las personas con discapacidad.
Según pudo saber El Destape, Antúnez aseguró que esta situación se repitió también en Concepción de la Sierra, donde tampoco se reservaron los lugares usados con una anticipación prudente para prepararlos para la auditoría: "Ese restaurante donde fue el lugar no es la dirección a la que fueron citados originalmente. Ellos fueron citados a un hotel que está a 100 metros de ahí pero luego se solicitó que se realice en un lugar cercano por falta de espacio. Ellos le pidieron a la dueña que consiga algo a 100 metros del lugar para hacer la auditoría".
La situación del ANDIS a nivel nacional
Durante el último tiempo, el Gobierno nacional intensificó su política de revisión de pensiones por invalidez argumentando que existe un crecimiento desmedido en la cantidad de beneficiarios durante las gestiones peronistas. Los datos internacionales, sin embargo, muestran una realidad diferente a la que sostiene la administración de Javier Milei.
Según datos oficiales de ANSES, a septiembre de 2024 había 1,2 millones de beneficiarios de pensiones por invalidez, lo que representa el 2,6% de la población total del país. Esta cifra fue utilizada por el gobierno para justificar auditorías masivas y modificaciones en los criterios de otorgamiento. Pero la realidad, puesta en el espejo, dicta del diagnóstico manipulado. España, por caso, exhibe cifras similares a las de Argentina: cerca del 2,2% de la población española recibe pensiones por incapacidad permanente, una proporción casi idéntica al 2,6% que se registra en el país.
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El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Fernando Galarraga afirmó a El Destape que los cuestionamientos del Gobierno "hablan de un desconocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad, los tratados internacionales que los garantizan y las observaciones que Naciones Unidas emitió entre 2012 y 2023, solicitando que se desburocratice el acceso a este derecho, se elimine la mirada médica de la gestión y se reconozca la compatibilidad de la pensión con ingresos formales", ya que la discapacidad "siempre ocasiona costos extras y elevados para cualquier familia, no sólo en Argentina, sino en todo el mundo".
Las presuntas coimas por discapacidad
El abogado Gregorio Dalbón denunció este miércoles al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo Menem y al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo por presunta corrupción. La denuncia cayó en el juzgado de Sebastián Casanello.
Fue después de que circularan unos audios, de origen desconocido, que dirigentes políticos atribuyen y la denuncia "vincula" al titular de Andis, y en los que los acusa de presuntos pedidos de retornos a los prestadores de discapacidad para darle el dinero a Karina Milei y su entorno menemista.
Concretamente, la denuncia que presentó Dalbón es por los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública. Además de Milei, Karina, Spagnuolo y Eduardo Menem, Dalbón denunció a Eduardo Kovalivker, dueño de la droguería Suizo Argentina, acusado de formar parte del sistema mediante el cual funcionaban los presuntos retornos a funcionarios.
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